La Universidad Complutense ha enviado un escrito al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid en el que denuncia que se ha dirigido a Deloitte hasta en tres ocasiones para pedirle pruebas de los supuestos trabajos que realizó para desarrollar el software de Transformación Social Competitiva.

Begoña Gómez adjudicó a la consultora dos contratos públicos por valor total de 75.499 euros más IVA para poner en marcha la plataforma tecnológica. Deloitte ha contestado que su labor consistió en reunirse con la mujer de Pedro Sánchez y con otras empresas implicadas en el proyecto, pero alega que no tiene actas de esos encuentros y tampoco conserva otra documentación.

 La primera adjudicación que se llevó Deloitte fue un contrato menor de 14.999 euros más IVA. La compañía logró el encargo el servicio el 2 de diciembre de 2022, después de que ninguna de las otras dos empresas invitadas al proceso remitiera ofertas.

El objeto de la licitación era el "Servicio de asesoría y asistencia para evaluar los riesgos del proceso y proponer acciones de mejora en la implementación de la plataforma de gestión y medición de impacto de pymes".

 El segundo contrato que consiguió Deloitte ascendió a 60.500 euros más IVA y tenía un propósito casi idéntico al anterior: "Asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto de pymes". Begoña Gómez redactó el pliego de prescripciones técnicas del concurso en julio de 2023, como reveló este diario, y la adjudicación se formalizó finalmente en noviembre de ese año.

 La Complutense reclamó el pasado 10 de junio a Deloitte los trabajos que hizo para estos contratos. La compañía respondió el 3 de julio con algunos entregables, pero la Universidad volvió a dirigirse a la firma el 24 de julio al considerar que la contestación era deficiente.

No había una "descripción de las tareas" efectuadas, no se identificaba a los responsables del proyecto, no se aportaba ningún documento sobre “el resultado de sus trabajos”, ni había “actas” de las reuniones que supuestamente había celebrado, según la Complutense.

En su segunda carta, Deloitte explicó que no disponía de más archivos. “Ni la regulación general ni nuestras políticas internas exigen a Deloitte que, con carácter general, retenga o archive la documentación de todos los trabajos que desde Deloitte se ejecutan para sus clientes”, argumentó el representante de la firma.

 Deloitte precisó que, para el contrato menor, las labores "fundamentalmente se realizaron en reuniones de trabajo". "El equipo de Deloitte se reunía semanalmente con los responsables de la UCM y se iban compartiendo periódicamente avances (…)

Adicionalmente, [Deloitte] mantuvo un conjunto de reuniones con todos los colaboradores con los que contaba el proyecto (Indra, Google, Telefónica, Flat 101, Making Science, DevoTeam…)". Deloitte también reconoció que, para facturar a la Complutense los 14.999 euros más IVA, solo envió la oferta que había usado para llevarse la licitación al principio del proceso.

En cuanto al segundo contrato de 60.500 euros, la consultora afirmó que "el trabajo principal fue retomar el soporte a la PMO (oficina de proyecto) que había sido puesta en marcha meses antes". No obstante, "en ningún momento tuvo Deloitte acceso al software, ni participó en su desarrollo y mantenimiento", aclaró.

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 Según Deloitte, “los trabajos efectuados en virtud de esta contratación se efectuaron esencialmente mediante reuniones”, igual que en la primera adjudicación. “En particular, durante esta fase se produjeron reuniones quincenales entre el socio de Deloitte (…) y la directora del proyecto de la UCM (Directora de la Cátedra Extraordinaria TSC)”.

No hay actas
Asimismo, Deloitte alegó que no podía entregar las actas de esas reuniones porque, "durante la ejecución del proyecto y por indicación de la UCM, se consideró innecesario e ineficiente generar dichas actas al estar siempre presente alguna persona de la propia UCM".

"Esta es una decisión que siempre queda en manos del cliente”. La consultora aseguró que solo disponía de “algunos archivos, como los borradores de las preguntas tratadas o el borrador inicial de reporte propuesto", pero se trata únicamente de "notas de trabajo" que se limitan a tres páginas.

La Universidad se dirigió por tercera vez a Deloitte para pedirle que al menos revelara con quiénes se habían reunido exactamente sus empleados durante la ejecución de los contratos; que aportara los documentos que, como oficina de proyectos, había recabado de las otras empresas implicadas en el desarrollo del software;

Y que explicara, "como empresa adjudicataria, cómo pudo constatar el estado del proyecto, el desarrollo de pruebas, la existencia de los elementos arquitectónicos requeridos (…) y todos los elementos que como PMO debía coordinar para la puesta en marcha de la plataforma, sin tener acceso al software que era el objeto final".

 Deloitte respondió por tercera y última vez el 4 de noviembre. Matizó que, en las dos adjudicaciones, sus trabajadores se reunieron con la "codirectora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense", es decir, con Begoña Gómez, así como con la "coordinadora" del mismo organismo, Blanca de Juan de Castro, persona de confianza de la mujer de Pedro Sánchez.

La compañía no dio más detalles. También dijo que no “guardaba documentos generados por otras empresas” porque “Deloitte no era receptora de dicha documentación”. Y, finalmente, la firma señaló que sus funciones no requerían “acceso al software”. "No es necesario", destacó.

 Las preguntas de la Complutense y las respuestas de Deloitte fueron remitidas al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid el pasado 11 de noviembre.

La Universidad ya pidió en julio que se investigara si Begoña Gómez se había apropiado del software desarrollado por la consultora, Indra, Telefónica y Google, entre otras tecnológicas. Finalmente, Peinado acordó en octubre imputar a la mujer del secretario general del PSOE por apropiación indebida, además de por intrusismo por haber redactado los pliegos técnicos del concurso del software sin la titulación necesaria.

 La Universidad ha reclamado en varias ocasiones a Begoña Gómez que le entregue la plataforma, pero su entorno mantiene que no la puede devolver porque no existe.

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El desarrollo inicial corrió a cargo de Indra, Telefónica y Google que atendieron la petición de Gómez de desarrollar, a partir de 2022, una aplicación centrada en la sostenibilidad que debía destinarse a su máster y hacerlo de forma gratuita, pese a las dudas que ya desde un inicio existían al respecto por la posible existencia de un conflicto de intereses.

 La versión oficial ofrecida por las empresas hasta el momento es que el proyecto se emprendió como forma de cooperación a un proyecto educativo. Sin embargo, existían factores polémicos que, a la larga, desembocaron en la paralización de la iniciativa. Dos de las tres compañías son semipúblicas y cuentan con participación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.

A la tercera, Google, le afectaban decisiones gubernamentales como el desarrollo de la Ley de Propiedad Intelectual o la gestión de impuestos. La posibilidad de conflicto acabó frustrando el final del proyecto, que se detuvo. Fue entonces cuando se produjo la entrada de Deloitte Consulting SLU que ganó los concursos diseñados por la universidad en su última fase.

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