Una jubilada de Pontedeume, Pilar Pérez, ha visto cómo le embargaban parte de su pensión por las deudas acumuladas de agua de una inquilina que no paga el alquiler desde 2020. Este caso, lejos de ser aislado, refleja la situación a la que se enfrentan numerosos propietarios en España.
Pilar es miembro de Aprovij, la primera asociación de propietarios de viviendas creada para denunciar la inseguridad jurídica que sufren ante los impagos y la paralización de desahucios.
Pilar alquiló su piso en la zona de Os Mallos, en La Coruña, por 370 euros mensuales. Aunque la Justicia dictó inicialmente una orden de desahucio a favor de la propietaria, la medida quedó suspendida tras la aprobación del Real Decreto-ley 11/2020.
La inquilina solicitó ser reconocida como persona vulnerable, un estatus que, según Pilar, no se sostiene en la actualidad. «Rechazó un piso social que le ofrecieron porque su hija quiere quedarse en esta zona», denuncia la propietaria, que además debe asumir los gastos de suministros de su inquilina.
Un caso similar vive Lucía Ares, quien adquirió un piso en Vilaboa, Culleredo, como inversión. Desde 2022, sus inquilinos dejaron de pagar los 525 euros mensuales acordados. Lucía, que aún está pagando la hipoteca de esa propiedad, explicó que la vivienda en la que reside es compartida con su pareja y que no posee más bienes.
Aunque denunció el caso, los impagos quedaron protegidos por la misma legislación al ser su inquilina declarada persona vulnerable.
Para estas dos mujeres, los pisos alquilados no son parte de un gran patrimonio, sino un esfuerzo que hicieron con sus ahorros y sacrificios. «Compré esta vivienda como inversión; nunca imaginé algo así», lamenta Pilar. Lucía añade que parte del dinero para adquirir su piso provino de la expropiación de unas tierras heredadas. Ambas coinciden en que los retrasos judiciales y las trabas legales les han llevado a un callejón sin salida.
Desde Aprovij, la asociación que agrupa a propietarios afectados por situaciones similares, han solicitado una reunión con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Exigen una revisión de la normativa vigente, que califican como «inconstitucional».
Según la asociación, «la suspensión de desahucios perjudica gravemente a los propietarios, que no solo no pueden recuperar sus viviendas, sino que deben soportar costes derivados del incumplimiento de los inquilinos». También piden que el Gobierno asuma los costes de estos perjuicios y plantee soluciones para desbloquear procesos judiciales que, según ellos, parecen interminables.
Para Pilar y Lucía, la situación es insostenible. No sólo no perciben ingresos por sus propiedades, sino que deben lidiar con embargos y deudas que complican aún más su día a día. «No podemos ser el escudo social de nadie», concluye Pilar, denunciando una injusticia que afecta cada vez a más pequeños propietarios en toda España.
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