Sánchez oficializa en el BOE la salida de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra en pleno puente de la Constitución

El Gobierno ha formalizado la transferencia de las competencias de Tráfico a Navarra, eliminando la presencia de la Guardia Civil en las carreteras de la Comunidad Foral.

Este cambio, publicado discretamente el Día de la Constitución en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece que será la Policía Foral quien asuma de forma exclusiva las tareas de vigilancia y control del tráfico en la región.

El texto oficial, firmado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señala que esta medida busca «integrar en el Régimen Foral de Navarra todas aquellas facultades y competencias compatibles con la unidad constitucional y garantizar las propias del Régimen Foral».

Según lo dispuesto, Navarra gestionará la ejecución de la legislación estatal en tráfico y seguridad vial, además de las funciones que ya tenía asignadas.

Esta decisión llega tras un acuerdo entre el Ejecutivo central y el Gobierno de Navarra, liderado por la socialista María Chivite, como parte de los compromisos alcanzados para lograr el apoyo de EH Bildu en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Aunque inicialmente estaba previsto que la transferencia se completara antes del 31 de marzo del año pasado, se ha oficializado con retraso.

La oposición del Partido Popular intentó bloquear este traspaso en el Senado, proponiendo un acuerdo de cooperación que permitiera a la Guardia Civil y a la Policía Foral mantener una colaboración conjunta en las carreteras navarras. Sin embargo, esta iniciativa fue rechazada en el Congreso, allanando el camino para que se aprobara el proyecto de ley.

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Para cubrir las nuevas responsabilidades, el Gobierno de Navarra permitirá que los agentes de la Guardia Civil que actualmente patrullan en la región puedan integrarse en la Policía Foral. Según estimaciones de Chivite, serán necesarios 149 nuevos agentes para complementar los 227 efectivos ya existentes.

Este cambio responde a una demanda histórica de sectores políticos navarros, pero también ha generado críticas en algunos círculos, al considerar que supone la expulsión de la Guardia Civil de las carreteras navarras. No obstante, el Gobierno defiende que la medida fortalece el autogobierno foral y se ajusta al marco de competencias recogido en la Constitución.

Con esta transferencia, el Ejecutivo cumple un punto clave en sus negociaciones parlamentarias, consolidando un cambio significativo en la gestión de tráfico y seguridad vial en Navarra.

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