El devastador impacto de las inundaciones provocadas por la Dana del pasado 29 de octubre sigue dejando huella en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha.
A pesar de las promesas iniciales, sólo 819 familias han recibido hasta ahora las ayudas directas del Gobierno, una cifra que refleja la lentitud del proceso burocrático. Con más de 27.100 solicitudes registradas, apenas se han distribuido 16 millones de euros, según datos actualizados al 13 de diciembre.
La indignación crece entre los afectados, que critican tanto el retraso en la llegada de las compensaciones como la falta de respuestas políticas ante la gestión de la tragedia. El pasado jueves, un nutrido grupo de damnificados y familiares de las más de 220 víctimas mortales de las riadas se concentró frente al Congreso de los Diputados. En el acto, entregaron 65.000 firmas exigiendo justicia y una acción más decidida por parte de las autoridades.
El desglose de las ayudas revela disparidades significativas. Mientras que 815 familias han recibido compensaciones por daños en viviendas y bienes, sólo cuatro hogares han accedido a indemnizaciones por fallecimiento, con una media de 90.000 euros por familia.
En contraste, 19.883 autónomos y empresarios afectados han logrado obtener subvenciones por un valor total de 249 millones de euros para reactivar sus negocios. La Agencia Tributaria ha liderado estos desembolsos.
Por otro lado, las ayudas destinadas a reparar viviendas y sustituir muebles o electrodomésticos avanzan a un ritmo mucho más lento.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 5 de noviembre un plan que incluía hasta 60.000 euros por hogar para reconstrucción y 10.300 euros para equipamiento doméstico, según el Real Decreto-ley 6/2024. Sin embargo, las cifras demuestran que la implementación no ha sido ágil.
Aunque las ayudas gubernamentales enfrentan retrasos, el Consorcio de Compensación de Seguros (CSS) ha avanzado con más celeridad en las indemnizaciones.
Este organismo, dependiente del Ministerio de Economía, ha recibido 225.000 solicitudes, en su mayoría relacionadas con daños en vehículos. Hasta ahora, ha desembolsado más de 187,5 millones de euros y sigue tramitando otras 209.000 peticiones.
El Consorcio asumirá una cifra histórica de 3.500 millones de euros en indemnizaciones relacionadas con este desastre, lo que representa el 25% de todas las compensaciones que ha gestionado desde su creación en 1971. Con esta partida, el total de indemnizaciones abonadas por el CSS desde esa fecha ascenderá a 17.500 millones de euros.
El paquete de ayudas del Gobierno, que inicialmente contemplaba una inversión de 10.600 millones de euros, ha sido ampliado a 14.365 millones.
Sin embargo, buena parte de estos fondos provienen de préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con una dotación de 5.000 millones. Estas líneas de crédito, que no son a fondo perdido, deberán ser reembolsadas por las familias y empresas que las soliciten.
Por su parte, el Estado ha asumido 2.100 millones directamente, una cifra menor incluso que la inversión realizada en la reciente adquisición de acciones de Telefónica. Posteriormente, se sumaron 3.765 millones adicionales para reforzar la asistencia en bienes de primera necesidad y apoyar a propietarios de viviendas no residenciales afectadas por el desastre.
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