La administración Biden ha extendido silenciosamente una controvertida “declaración de emergencia” que garantiza que las grandes farmacéuticas y los fabricantes de vacunas de ARNm permanezcan protegidos de toda responsabilidad durante el segundo mandato del presidente Trump
Internacional17 de diciembre de 2024
Impacto España Noticias
La administración Biden ha extendido silenciosamente una controvertida “declaración de emergencia” bajo la Ley de Preparación Pública y Emergencias (PREP) hasta el 31 de diciembre de 2029.
“El Secretario Becerra firmó la 12.ª enmienda a la declaración bajo la Ley PREP para contramedidas médicas contra el COVID-19. El Secretario emite esta enmienda de conformidad con la sección 319F-3 de la Ley del Servicio de Salud Pública para extender la duración de la Declaración hasta el 31 de diciembre de 2029 y volver a publicar la Declaración en su totalidad”, según el anuncio.
¿El momento? Convenientemente, garantiza que las grandes farmacéuticas y los fabricantes de vacunas de ARNm permanezcan protegidos de toda responsabilidad durante el segundo mandato del presidente Trump y más allá.
Según el Aviso del Registrador Federal revisado por The Gateway Pundit:
“Ahora estoy modificando la sección XII de la Declaración para extender el período de cobertura de la Ley PREP hasta el 31 de diciembre de 2029. El COVID-19 continúa presentando un riesgo creíble de una futura emergencia de salud pública.
La COVID-19 sigue causando enfermedades graves, morbilidad y mortalidad significativas durante los brotes. El riesgo de casos locales es alto debido a los brotes que continúan a nivel nacional e internacional en el año transcurrido desde que terminó la emergencia sanitaria por COVID-19.
El desarrollo y almacenamiento de vacunas, terapias, dispositivos y diagnósticos para la COVID-19 sigue siendo necesario para la preparación de Estados Unidos ante la amenaza creíble de una emergencia de salud pública debido a brotes de COVID-19.
La cobertura continua bajo la Ley PREP, según lo dispuesto en esta Declaración, tiene como objetivo prepararse para el riesgo creíble que presenta el COVID-19 y mitigarlo”.
Si bien la administración Biden insiste en que la extensión es una precaución para “futuras emergencias de salud pública”, los críticos argumentan que huele a favoritismo y corrupción, beneficiando a los gigantes farmacéuticos mientras deja de lado las crecientes preocupaciones del público estadounidense sobre las lesiones y la rendición de cuentas por las vacunas.
La Ley PREP otorga una amplia inmunidad de responsabilidad a los fabricantes y distribuidores de vacunas, impidiendo eficazmente las demandas, excepto en casos de “mala conducta intencional”.
Al extender esta declaración, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Biden garantiza protecciones para las empresas que producen vacunas COVID-19, asegurando que sus ganancias permanezcan intactas independientemente de los efectos adversos o la protesta pública.
“Las Personas Cubiertas a quienes se les otorga inmunidad de responsabilidad bajo esta Declaración son »fabricantes», »distribuidores», »planificadores de programas», »personas calificadas» y sus funcionarios, agentes y empleados, según se definen esos términos en la Ley PREP y los Estados Unidos.
«Orden», tal como se utiliza en este documento y en las directrices emitidas por la Oficina del Subsecretario de Salud, significa una orden de medicación de un proveedor, que incluye la prescripción de vacunas, o una orden de laboratorio, que incluye la prescripción de órdenes de laboratorio, si es necesario.
“Persona calificada” incluye (A) un profesional de la salud autorizado u otra persona que esté autorizada a prescribir, administrar o dispensar dichas contramedidas según la ley del Estado en el que se prescribió, administró o dispensó la contramedida”.
La declaración otorga inmunidad frente a reclamaciones:
de pérdidas causadas, derivadas de, relacionadas con o resultantes de la administración o el uso de contramedidas a enfermedades, amenazas y condiciones que el Secretario determine que constituyen un riesgo presente o creíble de una futura emergencia de salud pública para las entidades e individuos involucrados en el desarrollo, fabricación, prueba, distribución, administración y uso de dichas contramedidas.
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