Anticorrupción acredita la financiación ilegal del PSOE valenciano en las campañas electorales de 2007 y 2008

La Fiscalía Anticorrupción ha señalado indicios sólidos de financiación ilegal por parte del conglomerado empresarial de Enrique Gimeno al PSOE valenciano, vinculados a las campañas electorales municipales de 2007 y generales de 2008.

Según el fiscal Pablo Ponce, quien presentó un escrito ante el Juzgado de Instrucción 13 de Valencia, las empresas SITRA y FACSA, pertenecientes al grupo de Gimeno, habrían financiado gastos electorales del PSOE de manera ilegal.

 El documento detalla que las empresas recurrieron a facturación falsa a través de Cronosport, S.L., una compañía que sirvió para ocultar los pagos. SITRA habría transferido un total de 108.344 euros en 2007 mediante cuatro facturas por servicios inexistentes, con el propósito de que esta cantidad se destinara a cubrir gastos de campaña fuera del control de la normativa electoral y del Tribunal de Cuentas.

En las elecciones generales de 2008, FACSA siguió el mismo patrón, abonando a Cronosport 70.817,40 euros también por servicios ficticios.

Anticorrupción destaca que ninguna de las empresas de Gimeno tenía relación comercial ni servicios contratados con Cronosport, lo que refuerza la sospecha de que estas operaciones eran exclusivamente un mecanismo para financiar irregularmente al PSOE.

Además, el fiscal subraya la estrecha relación de Enrique Gimeno con Pepe Cataluña, extesorero del PSOE valenciano, quien aparece en informes policiales como el encargado de gestionar los encargos a Cronosport que luego asumían las empresas de Gimeno.

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El Ministerio Público ha rechazado la solicitud de sobreseimiento presentada por Gimeno y mantiene que el caso Azud continúa en investigación. Según la Fiscalía, «los pagos fraudulentos realizados no han prescrito«, dado que el delito continuado de cohecho está vinculado directamente al de prevaricación administrativa, formando una unidad cohesionada.

En el escrito, la Fiscalía insiste en que las pruebas recogidas durante la instrucción respaldan la existencia de un esquema organizado para desviar fondos de manera encubierta hacia las campañas del PSOE, lo que podría derivar en responsabilidades penales tanto para las empresas implicadas como para los responsables políticos que colaboraron en estos actos ilícitos.

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