Esta política pro-okupa no solo perpetúa una injusticia, sino que pone de manifiesto el sectarismo ideológico de un Ejecutivo que parece priorizar el apoyo a la okupación frente a la defensa de la propiedad privada
Nacional27 de diciembre de 2024 AE
Pedro Sánchez ha decidido prolongar hasta el 31 de diciembre de 2025 el decreto antidesahucios, una medida inicialmente presentada en 2020 con la excusa de mitigar los efectos del COVID-19, pero que en realidad suponía un obstáculo insalvable y un lastre devastador para los pequeños propietarios en España.
Esta política pro-okupa no solo perpetúa una injusticia, sino que pone de manifiesto el sectarismo ideológico de un Ejecutivo que parece priorizar el apoyo a la okupación frente a la defensa de la propiedad privada.
Y en este contexto, el último Consejo de Ministros del año dio luz verde a esta prórroga, confirmando los peores temores de las víctimas.
Miles de pequeños propietarios, que constituyen cerca del 90% del mercado de alquiler en España, se ven obligados a soportar las cargas económicas de mantener a inquilinos que, amparados por este decreto, no pagan ni abandonan las viviendas.
Una injusticia legalizada
La Plataforma de Afectados por la Ocupación denuncia que «el crecimiento exponencial de la inquiokupación surge con la aprobación de este decreto en marzo de 2020 y, desde entonces, no ha parado de crecer», lo que demuestra su verdadero objetivo.
Tal y como explica Ricardo Bravo, portavoz de la plataforma, «las consecuencias de esta medida sobre los pequeños propietarios son devastadoras, ya que se ven obligados a poner su vivienda a disposición por decreto, sin percibir ninguna renta y teniendo que asumir los gastos de la vivienda, las costas judiciales y, en muchos casos, el pago de los suministros«.
Además, el decreto también impide recuperar la propiedad en caso de necesitarla, agravando aún más la situación de los afectados.
El Gobierno justifica esta prolongación con diversas excusas vacías y carentes de fundamento. Tal y como señala Kathy Díaz, presidenta de la Asociación de Propietarios de Viviendas contra la Inseguridad Jurídica (Aprovij), «esto no es solidaridad, es crueldad institucionalizada, avalada por leyes que premian el abuso y castigan el esfuerzo. ¿Por qué se nos exige cargar con una responsabilidad que debería ser del Estado? Esto no es insufrible; es inhumano«.
La propiedad privada, en el punto de mira
La decisión de Sánchez deja claro que su prioridad no es proteger a los ciudadanos ni a los pequeños propietarios, sino avanzar en una agenda ideológica que promueve el abuso sobre la propiedad privada.
Una cosa es la ineptitud para combatir la okupación; otra, mucho más grave, es legislar desde el Estado para promoverla ampararla.
Con esta prórroga, el Ejecutivo socialista no solo perpetúa una injusticia, sino que se posiciona directamente en contra de los derechos de los propietarios españoles.
Sánchez y su Gobierno han tomado un camino que no solo afecta a miles de familias, sino que también erosiona la confianza en las instituciones. Mientras tanto, los propietarios siguen pagando las consecuencias de una política que no busca soluciones reales, sino mantener un relato que legitime su nefasta gestión.
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