El Gobierno de España ha reconocido ante el juez Juan Carlos Peinado que Cristina Álvarez, directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia, no tenía entre sus funciones oficiales la asistencia personal a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. Esta declaración ha generado un gran revuelo político y judicial, ya que pone en cuestión el uso de recursos públicos en beneficio personal.

Antecedentes del Caso
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha sido investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El juez Peinado, a cargo del caso, solicitó información a Moncloa sobre las funciones de Cristina Álvarez después de que salieran a la luz correos electrónicos que indicaban que esta funcionaria habría gestionado asuntos personales de Gómez.

Los correos, presentados por la defensa de Gómez, evidenciaban que Álvarez intervino en gestiones relacionadas con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), lo que provocó sospechas sobre la utilización de recursos estatales para asuntos privados. En respuesta a la solicitud judicial, Moncloa admitió que la asesora no tenía autorización para ejercer funciones de secretaria personal de Begoña Gómez.

Y esas funciones, añade, figuran en el real decreto 890/2023 de 27 de noviembre por el que se aprueba la estructura de la Presidencia del Gobierno, que se incorpora como anexo en el escrito remitido al magistrado.

Así, considerando que el puesto concreto de Cristina Álvarez está adscrito al Gabinete de la Presidencia del Gobierno, las funciones que le corresponderían, de acuerdo a ese real decreto, serían las siguientes:

«Proporcionar al presidente del Gobierno la información política y técnica que resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones»; «asesorar al presidente del Gobierno en aquellos asuntos y materias que este disponga»; «conocer los programas, planes y actividades de los distintos departamentos ministeriales, con el fin de facilitar al presidente del Gobierno la coordinación de la acción del Gobierno»;

«realizar el estudio y seguimiento de todos los programas y acciones de la Unión Europea que tengan incidencia en las políticas públicas del Estado, proporcionando la información necesaria para la toma de decisiones europeas»; «conocer las políticas y programas públicos adoptados y desarrollados por los gobiernos de las comunidades autónomas, a fin de facilitar la cooperación y la cogobernanza en todas aquellas materias que demanden acción concurrente y concertada»;

«facilitar la comunicación con la ciudadanía y atender y dar respuesta a todas aquellas sugerencias, quejas e informaciones que se dirijan al Presidente del Gobierno»; «asistir al presidente del Gobierno en los asuntos relacionados con la política nacional, la política internacional y la política económica»; «asesorar al presidente del Gobierno en materia de Seguridad Nacional» y «realizar aquellas otras actividades o funciones que le encomiende el presidente del Gobierno».

Salvo en esta última excepción, que implicaría directamente a Pedro Sánchez, ninguna de las anteriores se ajustaría a las labores que ejerce Cristina Álvarez, quien actúa de secretaria personal de Begoña Gómez en sus actividades públicas, pero también privadas.

Declaraciones de Moncloa
En un documento remitido al juez, Moncloa explicó que las responsabilidades de Cristina Álvarez se centran exclusivamente en proporcionar información y asesoramiento a la Presidencia del Gobierno, sin incluir labores de asistencia personal a la esposa del presidente. Esta declaración contradice las pruebas presentadas, lo que ha llevado al juez a imputar a la funcionaria por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Fuentes cercanas al caso indican que el Gobierno ha tratado de distanciarse de cualquier irregularidad, insistiendo en que cualquier asistencia que Álvarez pudiera haber prestado a Gómez fue a título personal y no en el ejercicio de sus funciones oficiales.

La Imputación de Cristina Álvarez
Tras la revelación de estos hechos, el juez Peinado decidió imputar a Cristina Álvarez y la citó a declarar el 28 de febrero de 2025. Durante su comparecencia, Álvarez negó haber influido en funcionarios para beneficiar a Begoña Gómez y afirmó que cualquier ayuda que pudo haber prestado fue por amistad y no como parte de su trabajo en Moncloa.

Sin embargo, la oposición política y diversos sectores jurídicos han señalado que este caso podría representar un uso indebido de recursos públicos y un conflicto de intereses dentro del Gobierno. En este sentido, varios partidos han solicitado explicaciones adicionales y han exigido que se aclare hasta qué punto Begoña Gómez ha contado con apoyo institucional en su ámbito privado.

Reacciones Políticas y Sociales
El caso ha generado una gran controversia en el ámbito político. Desde la oposición, el Partido Popular y Vox han criticado duramente al Gobierno, acusándolo de falta de transparencia y de intentar encubrir un posible caso de corrupción.

Por su parte, miembros del Ejecutivo han defendido que no existe ninguna ilegalidad y que la implicación de Cristina Álvarez en los asuntos de Begoña Gómez ha sido malinterpretada.

El rey está desnudo

Diversos expertos en derecho administrativo han señalado que, si se demuestra que una asesora gubernamental utilizó su posición para gestionar asuntos personales de la esposa del presidente, esto podría constituir una infracción grave. Además, la opinión pública se ha mostrado dividida, con algunos sectores exigiendo dimisiones y otros defendiendo la presunción de inocencia de los implicados.

Implicaciones para el Gobierno de Pedro Sánchez
Este escándalo supone un nuevo reto para el Gobierno de Pedro Sánchez, que ya ha enfrentado críticas por otros casos relacionados con la transparencia y la gestión de asesores en Moncloa. Si bien la declaración oficial de Presidencia intenta desvincular a la institución de cualquier irregularidad, la imputación de Cristina Álvarez ha reavivado el debate sobre la ética en el uso de recursos públicos.

El juez Peinado ha solicitado información adicional a Moncloa sobre los asesores gubernamentales y sus funciones específicas, lo que podría abrir nuevas líneas de investigación. En los próximos meses, se espera que el caso continúe generando titulares y que su desarrollo influya en la percepción pública del Gobierno y en la agenda política del país.

Conclusión
La admisión de Moncloa de que Cristina Álvarez no podía ejercer de secretaria de Begoña Gómez plantea serias dudas sobre el manejo de los recursos públicos en la Presidencia del Gobierno.

La imputación de la funcionaria y las investigaciones en curso podrían tener repercusiones significativas para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que deberá afrontar las críticas y aclarar cualquier irregularidad que pueda haber ocurrido en este caso. La resolución del proceso judicial determinará si se trató de un error administrativo o si hay responsabilidades más graves en juego.

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