
Planas, imponiendo una norma que ni siquiera sometió al Congreso de los Diputados ni consultó con los profesionales veterinarios
Según el Banco de España el PP y el PSOE hicieron un pacto para destruir la economía de mercado y llevarse el 13,71% del PIB en extorsiones a las empresas
Opinion 23 de marzo de 2025 Javier MarzalEspañoles por el futuro se ha opuesto al nombramiento del catedrático Manuel Villoria como Presidente de la Autoridad independiente de protección del informante.
Con este Gobierno, se ha realizado la transposición de la Directiva 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, mediante la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, donde se establece que se creará una Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I..
El 29 de octubre de 2024, el Consejo de Ministros aprobó el estatuto de esta Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I..
El 18 de marzo de 2025, el Gobierno propuso a este catedrático al Congreso de los Diputados y éste debe aprobarlo o rechazarlo. Resulta evidente que el Gobierno nunca propondría un candidato que sirva para luchar contra la corrupción, y cabe recordar el nombramiento de Carlos Jiménez Villarejo como Fiscal Jefe Anticorrupción y la corrupción de otros fiscales contra la corrupción, como el caso de la Infanta, donde hizo de abogado defensor.
El 22 de marzo de 2025, Españoles por el fututo ha remitido un mensaje de correo electrónico a todos los Diputados que forman arte de la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso, oponiéndose a este nombramiento en los siguientes términos:
ASUNTO: Nombramiento del Presidente de la Autoridad de protección del informante
A los miembros de la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso de los Diputados:
Españoles por el futuro se opone al nombramiento de Manuel Villoria como Presidente de la Autoridad independiente de protección del informante, por los siguientes motivos:
Forma parte del núcleo central de la corrupción de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), como catedrático de Ciencia Política y de la Administración; Director del Departamento de Gobierno, Administración y Políticas Públicas del Instituto; miembro del Grupo de investigación de alto rendimiento en Buena Gobernanza de las Instituciones Públicas y Privadas y miembro del Grupo docente del Grupo de Innovación Docente Consolidado en Buena Gobernandza y Políticas Públicas. Cabe recordar los numerosos casos de políticos que obtuvieron diplomas en ese departamento.
Desde la URJC fue promotor del capitulo español de Transparencia Internacional. Los denunciantes de corrupción, incluyendo a los represaliados, sabemos que este capítulo español no atiende a los denunciantes de corrupción ni a los represaliados.
Como experto valoro el trabajo de TI para realizar el IPC, sin la participación de los capítulos nacionales que no forman parte de TI. Como experto valoro el trabajo del capítulo español en cuanto a la transparencia, pero reprocho al capítulo español su desprecio hacia los denunciantes de corrupción y su negocio en hacer informes sobre corrupción para la Comisión Europea, cobrándolos a precio de oro, donde se falsifica la realidad atendiendo los intereses de la propia Comisión Europea.
Todos los años varios capítulos nacionales de TI realizan estas falsificaciones documentales. En este sentido, los capítulos nacionales están en el negocio de la corrupción.
El 31 de marzo de 2016, contacté con Villoria. Me identifiqué como Presidente de la Asociación Nacional de Víctimas delos Profesionales del Estado de Derecho (ANVIPED) y Presidente de la Federación por la razón del Derecho, diciendo que “Buscando información sobre corrupción judicial, he llegado a su ponencia:
"La corrupción judicial: razones de su estudio, variables explicativas e instrumentos de combate en España" y considero útil para ambos que nos conozcamos” porque observé que su estudio no describía la realidad. Añadí que “estoy arrancando un proyecto internacional para impulsar la creación y visibilidad de organizaciones no lucrativas que ayudan en la defensa de las víctimas del sistema judicial” y “Adjunto mi Manifiesto sobre la corrupción judicial española (7 páginas más 113 páginas de documentación)”. Villoria nunca contestó. Adjunto el mensaje de correo electrónico.
En el estudio citado de Villoria se dice lo siguiente:
“Los jueces en España dependen del Consejo General del Poder Judicial, órgano independiente encargado de la selección y nombramiento de jueces, de su formación y carrera, y del régimen disciplinario de los mismos. En concreto, en 2001 el Consejo recibió 990 denuncias disciplinarias, que tramitó la comisión correspondiente y, en su caso, elevó al Pleno con propuestas de sanción”.
Hasta la Unión Europea sabe que el CGPJ es un órgano politizado y controlado por los políticos, que ha estado años sin renovarse.
En cuanto a las denuncias recibidas es una vergüenza que se reciban sólo 999 y que se diga que se eleva al Pleno con propuestas de sanción en su caso, pero oculta el exiguo número; además, los medios han informado que se archivan las denuncias de los ciudadanos y de los abogados contra los jueces. Javier Marzal añade que a veces ni siquiera se tramita.
“no es fácil para un fiscal archivar un caso arbitrariamente, pues el Juez de Instrucción tiene la decisión final sobre la materia”, omite que los fiscales hacen que se archiven la mayoría de las causas de corrupción porque son la única acusación.
Javier Marzal está trasladando a otros denunciantes de corrupción que los fiscales son los principales impulsores de todo tipo de corrupción y, por tanto, los principales culpables de que España esté en decadencia. Son famosas las acusaciones de Manos Limpias sobre fiscales que actuaban de abogados defensores como en el caso de la Infanta y en el Caso Begoña (esposa del actual Presidente del Gobierno).
“el fiscal jefe anticorrupción ha demostrado, hasta ahora, una alta integridad e independencia”.
La propia web de esta fiscalía dice que en 25 años de vida han recuperado cientos de millones de euros, a pesar de que la corrupción se ha llevado más de diez billones de euros, según denuncia de Javier Marzal, basada en datos del Banco de España.
El primer Fiscal Jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, se ha quejado públicamente de que no le dejaban investigar la corrupción. Javier Marzal dice que el fiscal Jiménez Villarejo es uno de los más corruptos de la época del bipartidismo y, por eso, le nombró Felipe González para esta fiscalía anticorrupción. Hacienda le abrió varios expedientes tributarios por blanqueo de capitales y se atrevió a no pagar, hasta que Hacienda lo amenazó con embargarle.
El propio Villoria dice en su trabajo El Marco Institucional de Integridad en España: Situación Actual y Recomendaciones, publicado en 2012: “en 2000 la Fiscalía Anticorrupción únicamente intervino en 88 procedimientos”.
“Conscientes de la importancia de contar con una Administración de justicia honesta y eficaz, en 2000, los dos partidos más importantes de España firmaron un Pacto de estado sobre la Justicia”. Es bien sabido que esos dos partidos (PP y PSOE) son dos maquinarias que tienen como prioridad la corrupción.
Según el Banco de España el PP y el PSOE hicieron un pacto para destruir la economía de mercado y llevarse el 13,71% del PIB en extorsiones a las empresas.
“El modelo español se caracteriza por la consolidación de un modelo que privilegia la independencia del Poder Judicial, […] la baja corrupción del Poder Judicial español, garantizada por una serie de instrumentos legales y organizativos, convive con una baja eficacia y eficiencia del sistema, lo que provoca que la ciudadanía española califique muy negativamente los servicios de administración de justicia”.
El artículo 11.1 del Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (RD 1101/2024) establece que el Presidente de esta Autoridad será nombrado por real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta de la persona titular del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
El Ministro Bolaños, titular de ese Ministerio, es un corrupto denunciado penalmente por corrupción por la Asociación de Europeos contra la Corrupción (AECC) y por Españoles por el futuro (ExF), por lo que es evidente que sólo propondría a otros corruptos como él. La mayoría de los destinatarios de este mensaje saben que es Bolaños es un corrupto.
El mismo artículo establece que sólo puede nombrarse a “personas de reconocido prestigio y competencia profesional en el ámbito de las materias competencia de la Autoridad”.
Villoria no sólo no tiene prestigio entre los denunciantes, sino todo lo contrario no hay un sólo denunciante de corrupción que considere que tiene prestigio defendiendo a otros, por el contrario, hay varias asociaciones que se han dedicado a proteger a los represaliados por denunciar corrupción, como sabe el propio Villoria por mi correo electrónico.
No es aplicable su prestigio entre las instituciones o en el ámbito académico porque ambos son ámbitos contrarios a los denunciantes de corrupción y nos han llevado a la decadencia (vivir peor cada día), véase www.decadencia.es. En cuanto a a experiencia profesional cabe decir lo mismo, no nos consta a ninguno de los principales denunciantes de corrupción que Villoria haya protegido de represalias a un denunciante de corrupción.
Resulta evidente que el Gobierno nunca propondría un candidato que haya demostrado su compromiso con la defensa de denunciantes de corrupción y el Congreso no puede apoyarlo porque los Diputados representan a los españoles a diferencia del Gobierno que representa al Parlamento.
Por último, reprocho al Gobierno que ni siquiera haya oído a los denunciantes de corrupción para seleccionar un candidato ni que haya seleccionado al menos a quienes tenemos un largo historial de lucha contra la corrupción y las represalias e incluso, como es mi caso, trabajos serios sobre la corrupción real.
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