La okupación se ha convertido ya en una de las principales preocupaciones de los españoles, como ha reflejado el último barómetro del CIS. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue empeñado en mirar hacia otro lado.

Ni ofrece seguridad jurídica a los propietarios ni respalda leyes que garanticen la recuperación inmediata de inmuebles usurpados. Al contrario: PSOE y Sumar siguen bloqueando cualquier intento serio de atajar el problema.

Cataluña, feudo del PSC y una de las comunidades con mayor degradación urbana, concentra ya la mitad de las okupaciones de toda España. Ni siquiera eso ha hecho reaccionar a los socialistas catalanes. En la pasada legislatura, pese a contar con mayoría, no movieron un dedo para cambiar la ley.

 Este jueves entra en vigor un parche legal que permite enjuiciar por vía rápida las usurpaciones y allanamientos, pero expertos consultados advierten de que otras reformas serían mucho más eficaces. No sólo por los plazos exprés de desalojo, sino por las medidas preventivas como la limitación al empadronamiento.

Mientras tanto, los jueces reconocen que sus manos están atadas. El Real Decreto-ley 11/2020, ideado en plena pandemia y prorrogado año tras año, impide actuar si el okupa es declarado vulnerable, ralentizando procesos durante años. El resultado es un colapso judicial y un «efecto llamada» cada vez mayor.

El magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro lo tiene claro: la situación ha degenerado hasta el punto de que los verdaderos vulnerables son los propietarios. Magro alerta de que hay en realidad unas 20.000 okupaciones al año —muchas no se denuncian— y reclama cambios legislativos urgentes: expulsión en 72 horas y considerar inquiokupaciones como estafas penales.

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El Gobierno, por supuesto, no responde. La Plataforma de Afectados por la Ocupación lleva desde octubre de 2021 pidiendo una reunión con la ministra Raquel Sánchez. No han recibido ni una llamada. Tampoco con otros dirigentes socialistas. La indiferencia es total.

Los datos son demoledores. Según el CGPJ, los asuntos civiles —donde se tramitan los desahucios— han aumentado un 19,4% en 2024. En Madrid, el alza es del 36%. Las ejecuciones hipotecarias también repuntan. Pero lo que más crece son los desahucios por impago de alquiler, donde se esconden buena parte de los okupas e inquiokupas.

Mientras el PSOE protege al okupa y castiga al propietario, la okupación se consolida como el símbolo de un país donde la ley se aplica al revés. Y Pedro Sánchez, lejos de frenarlo, lo alienta.

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