La condición impuesta por el órgano de gobierno es clara: «España asumirá el coste completo» de la implantación para garantizar la «neutralidad presupuestaria» del sistema
Nacional11 de abril de 2025
Impacto España Noticias
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha conseguido que el catalán sea reconocido como Otra Lengua Nacional (OLN) en las Escuelas Europeas, una categoría que permitirá a los alumnos de origen español recibir clases en esta lengua en centros educativos repartidos por varias capitales comunitarias.
El acuerdo, alcanzado en Chipre por la Junta de Gobernadores de estas escuelas, implica que España asuma la totalidad de los costes del programa, según ha informado y confirmado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.
España cubrirá el coste completo
La condición impuesta por el órgano de gobierno es clara: «España asumirá el coste completo» de la implantación para garantizar la «neutralidad presupuestaria» del sistema. La decisión, puntualizan fuentes comunitarias, no sienta precedente para otras lenguas ni prejuzga la posición de los Veintisiete, ya que no implica un reconocimiento oficial del catalán a nivel europeo, sino únicamente en el ámbito educativo.
Aunque el Ministerio de Educación, dirigido por Pilar Alegría, ya había anticipado su disposición a financiar la medida, no ha ofrecido todavía cifras concretas, alegando que el plan se encuentra en fase «preliminar».
El compromiso, no obstante, incluye cubrir los salarios de los profesores y «cualquier coste adicional», según trasladó España a Bruselas.
La propuesta del Gobierno, que ya se había presentado en febrero, se circunscribe por el momento al catalán. Euskera y gallego quedan fuera, aunque el Ejecutivo ha dejado la puerta abierta a una posible ampliación en el futuro.
Con esta medida, el catalán se equipara a otras lenguas ya reconocidas como OLN, como el maltés o el gaélico irlandés, y permitirá que los estudiantes españoles puedan cursarla independientemente de la sección lingüística en la que estén matriculados.
Las Escuelas Europeas, concebidas para los hijos del funcionariado comunitario, ofrecen un currículo común y enseñanza multilingüe en etapas de infantil, primaria y secundaria. La incorporación del catalán refuerza el compromiso del Ejecutivo con la pluralidad lingüística española en el contexto europeo.
Un compromiso político con Junts
El impulso del catalán en las instituciones europeas forma parte del acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts, en el que Pedro Sánchez se comprometió a avanzar en la oficialidad de las lenguas cooficiales en la UE.
Sin embargo, este reconocimiento pleno exige la unanimidad de los Veintisiete para reformar el reglamento lingüístico comunitario, una negociación que continúa encallada por las reticencias de varios países.
Durante la presidencia española del Consejo de la UE, el Gobierno llevó el asunto al orden del día de varias reuniones de ministros, planteando una estrategia gradual, con el catalán como primer paso y el compromiso de financiar su implantación.
No obstante, los Estados más escépticos exigen un dictamen jurídico claro y estudios de impacto antes de seguir avanzando. Por ahora, el expediente no figura en ningún grupo de trabajo activo del Consejo, lo que mantiene el reconocimiento oficial en suspenso.
La vía Metsola: presión para usarlo en la Eurocámara
Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha solicitado a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que se permita el uso del catalán, el gallego y el euskera en los plenos de la Eurocámara. Una petición que ya está siendo analizada por un grupo de trabajo de la Mesa, pero que, de momento, no tiene fecha de resolución.
El Ejecutivo sostiene que existen precedentes de acuerdos administrativos en otras instituciones comunitarias, como la Comisión o el Comité de las Regiones, que permiten el uso de estas lenguas regionales. La intención, según Exteriores, es que se repliquen esos modelos también en la cámara legislativa.
Así, el catalán da un primer paso en su despliegue europeo, mientras el Gobierno mantiene el pulso político y diplomático para avanzar hacia una oficialidad plena que aún depende del consenso de toda la Unión.
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