Impacto España Noticias
El reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) ha desmontado el relato oficial del Ministerio de Transportes respecto a las contrataciones en empresas públicas como Ineco.
En el centro del escándalo se encuentra Jésica Rodríguez, expareja del exministro Ábalos, fichada en condiciones irregulares y con la sorprendente particularidad de cobrar sin acudir al trabajo. Pero lo más preocupante no es el enchufismo en sí —una práctica tristemente habitual en algunos sectores del sector público— sino el intento de maquillar los hechos desde el propio Gobierno.
Óscar Puente, ministro de Transportes desde noviembre de 2023, se apresuró a defender la legalidad del proceso y encargó una auditoría interna. Pero con el paso del tiempo, ha quedado en evidencia que dicha auditoría no fue más que una operación cosmética.
Un documento vacío de consecuencias reales, elaborado no para esclarecer responsabilidades, sino para encubrirlas. La UCO lo ha dejado claro: hubo presiones desde el entorno de Koldo García, se eludieron procesos regulares, y la contratación se saltó todos los filtros de rigor.
¿Y la auditoría de Puente? Silencio administrativo, y una narrativa oficial cuidadosamente tejida para tapar lo destapado ahora por la justicia.
Es más, lo que en su momento fue presentado por Puente como una muestra de transparencia, se revela hoy como una maniobra de distracción. Mientras el ministro hablaba de “normalidad” y “legalidad”, Jésica Rodríguez firmaba un contrato que no implicaba trabajo alguno, y su presencia en Ineco era tan fantasmagórica como las responsabilidades políticas derivadas del escándalo.
Por si fuera poco, Joseba García, hermano de Koldo, figura firmando los partes de horas de Rodríguez, aunque él niega tener relación con su trabajo. ¿Cómo explicar entonces su implicación en los documentos que justificaban la nómina de alguien que no aparecía por la oficina? La respuesta, probablemente, está en esa red de favores y silencios que hace funcionar el motor invisible del poder.
El informe de la UCO al que ha tenido acceso IEN también recoge la transcripción de un audio que Jésica Rodríguez envía a Koldo García el 11 de junio de 2020, después de que una supervisora le requiriera información sobre su horario laboral y sus funciones.
La joven llevaba ya siete meses ejerciendo de acompañante en los viajes oficiales de Ábalos, entonces ministro de Transportes. También participaba en actos de partido por una tarifa diaria de 1.500 euros al día. Y se quejaba de que en Ineco «estaban «un poco estúpidos» con la petición de explicaciones sobre sus horas laborales y su tipo de trabajo.
Pero también se quejaba ante Koldo García de su hermano Joseba, desvelando lo que deslizaron fuentes de Ineco a este diario: que Joseba tenía las claves del correo electrónico de Jésica Rodríguez para responder a sus emails profesionales. «Tío, es que no sé, yo me quedo un poco flipando… Se supone que él tiene mis correos para que pueda leer mis correos, y nunca lee mis correos», admite la joven.
Este caso deja algo claro: cuando la vigilancia institucional se convierte en una puesta en escena, la corrupción se normaliza. La auditoría de Óscar Puente, lejos de ser un ejercicio de rendición de cuentas, ha sido un intento de blanqueo político. Un papel para encubrir lo que ya olía a podrido.
No basta con discursos duros ni con indignación a medida. La limpieza de lo público exige hechos, transparencia real y, sobre todo, consecuencias. Y hoy, en el caso Ineco, seguimos esperando las tres.
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