Vivimos una época trastornada de convulsiones tan frecuentes que nos dejan sin aliento. Los acontecimientos se suceden a ritmo frenético, las bolsas parecen una montaña rusa y los que tienen información privilegiada en tiempo real de los vaivenes impredecibles que sobre aranceles se gestan en la Sala Oval del número 1600 de la Avenida de Pennsylvania ganan miles de millones de dólares en un día.
Todo está patas arriba. En Europa asistimos consternados a la evidencia de que el amigo poderoso surgido de nuestras ideas y principios al otro lado del Atlántico, que nos respetaba y protegía con su inmensa fuerza, en ocasiones algo tosca, pero siempre afectuosa y segura, nos abandona y, lejos de situarse a nuestro lado en estos momentos de tribulación, compadrea con nuestro enemigo y no descuida ocasión de humillarnos, incluso recurriendo a la grosería.
El Viejo Continente asiste desconcertado a los trallazos que propina, como si estuviera saliendo del hoyo uno de su paradisíaco campo de golf de Mar-a Lago armado de un driver implacable, a la bola del mundo y a un orden global que, con sus lagunas y defectos, ha funcionado aceptablemente durante tres cuartos de siglo, un presidente norteamericano desinhibido, lenguaraz, prepotente y de maneras discutibles.
Con la atención sobrecogida puesta en Washington, Kiev, Moscú, Gaza y Pekín, los gobiernos de los Estados Miembros de la UE y las altas instancias de Bruselas descuidan sus problemas internos, algunos de notable envergadura.
En el caso de España, sin ir más lejos, se anuncia que el Tribunal Constitucional emitirá antes del verano su primera sentencia sobre los numerosos recursos presentados contra la denominada pomposamente Ley Orgánica para la Normalización Institucional, Política y Social de Cataluña.
Todas las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP lo han hecho, así como la de Castilla-La Mancha, que lo está por el PSOE. Asimismo, han suscitado la cuestión ante el guardián de la Ley de leyes el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. No han faltado tampoco a esta cita los Grupos Parlamentarios del PP en el Congreso y el Senado.
No cabe duda de que la decisión del Constitucional sobre el primer recurso examinado marcará el camino al resto. Por consiguiente, la resolución que emita el órgano presidido por Cándido Conde-Pumpido más pronto que tarde determinará si Puigdemont puede seguir abrigando la esperanza de volver a Cataluña y aspirar en el futuro a reemplazar a Salvador Illa en el Palacio de la Generalitat.
Sánchez necesita perentoriamente que la sentencia sea favorable a la constitucionalidad de esta norma porque, de lo contrario, se vería obligado a convocar elecciones dado que, en caso contrario, el prófugo de Waterloo lo dejaría caer sin remisión.
Estas son las implicaciones políticas inmediatas de lo que suceda en el cilíndrico edificio de metálico brillo de la calle Doménico Scarlatti. Sin embargo, su significado es mucho más profundo y su alcance mucho más largo que la duración del mandato del Opinador Cambiante de La Moncloa.
No hay un jurista solvente en nuestro país que no haya expresado con argumentos demoledoramente rigurosos y de notable calidad técnica que la Ley de Amnistía es contraria a la Constitución.
Basta leer la obra colectiva coordinada por Manuel Aragón, Enrique Gimbernat y Agustín Ruiz Robledo La amnistía en España.
Constitución y Estado de Derecho, en la que figuran setenta y ocho textos críticos redactados por figuras indiscutibles en el campo jurídico, constitucionalistas, administrativistas y penalistas del máximo nivel, para quedar convencido de que el fallo del alto tribunal no puede ser otro que la incompatibilidad de este bodrio dictado bajo la presión de la conveniencia personal de un aspirante a autócrata con nuestra Carta Magna.
Los argumentos son sólidos como una roca: 1) Vulneración de los principios de igualdad ante la ley y de separación de poderes 2) Riesgo para la seguridad jurídica 3) Invasión del principio de exclusividad jurisdiccional 4) Prohibición de indultos generales y 5) Contradicción con los objetivos declarados.
Punto de no retorno
Si Pumpido y los magistrados etiquetados como “progresistas” consagran este avieso, oportunista y desaprensivo ataque a nuestro orden jurídico básico, habrán de hecho liquidado el legado de la Transición, entregado la Nación a los que pugnan por disolverla, condenado a los españoles a la división irreconciliable, abierto la puerta a la violencia y provocado el desprestigio completo de nuestro país en el plano internacional.
Aunque el panorama que nos rodea en el plano planetario nos sacude diariamente con noticias tan llamativas como perturbadoras, no olvidemos esta verdad trascendental y definitiva: si en los próximos meses el Tribunal Constitucional da por buena la Ley de Amnistía, España habrá alcanzado un punto sin retorno.
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