Pedro Sánchez ha vuelto a dejar claro que el Parlamento no es un espacio de deliberación, sino un obstáculo que sortear cuando no conviene. La reciente aprobación en Consejo de Ministros del mayor aumento del gasto en Defensa de la historia de la democracia —10.474 millones de euros— sin someterlo a votación en el Congreso, constituye una maniobra que va mucho más allá de una decisión política: es un acto de autoridad sin contrapeso, un gesto propio de quien ha decidido gobernar al margen del control democrático.
No se trata solo de gasto, sino de forma. Y la forma aquí lo es todo. Porque, cuando un presidente del Gobierno adopta medidas de semejante calado económico, estratégico y simbólico sin respaldo parlamentario, lo que está en juego no es solo el contenido de la decisión, sino la salud democrática del sistema.
El Congreso: estorbo o representación nacional
El hecho de que Sánchez no cuente con apoyos parlamentarios suficientes para sacar adelante su plan de rearme militar no lo habilita para saltarse el procedimiento democrático. Todo lo contrario: en un sistema parlamentario, la falta de mayoría no es un impedimento técnico que se pueda obviar, sino una señal política de que esa decisión no goza del respaldo popular que representa el Congreso de los Diputados.
Gobernar ignorando el mandato de la Cámara Baja es, sencillamente, una forma de degradar el parlamentarismo, convertirlo en un decorado institucional mientras el poder real se concentra en el núcleo del Ejecutivo.
¿Gobierno progresista o Ejecutivo autocrático?
La paradoja de este episodio es que el autoproclamado "Gobierno progresista" ha terminado adoptando una de las formas de gobierno más inquietantes: la concentración de decisiones en manos de un pequeño grupo, o incluso de una sola persona, sin transparencia, sin debate público real, sin fiscalización.
Globalia, beneficiaria de seis millones de euros en fondos europeos tras ser rescatada por el EstadoSánchez ha dado un paso más en una estrategia que ya ha desplegado en otras ocasiones: gobernar a golpe de decreto, utilizar al Consejo de Ministros como parlamento paralelo, y blindar decisiones clave con escudos retóricos como la “urgencia”, la “presión internacional” o los “compromisos europeos”.
Pero ninguna presión externa, por legítima que sea, justifica convertir al presidente del Gobierno en una suerte de tecnócrata todopoderoso, que decide el rumbo militar de un país sin contar con sus representantes electos.
Uso intensivo del decreto ley: ¿una práctica recurrente?
Desde su llegada al poder en junio de 2018, Pedro Sánchez ha aprobado más de 144 decretos leyes, siendo el segundo presidente que más ha utilizado esta herramienta legislativa en democracia, solo por detrás de Felipe González. Esta práctica se ha convertido en una de las características distintivas de su mandato, buscando evitar la deliberación parlamentaria.
Además, Sánchez ha perdido cinco votaciones de decretos en el Congreso, más que ningún otro presidente de la democracia. Este dato evidencia una estrategia deliberada de sortear la oposición parlamentaria mediante el uso intensivo de decretos, en lugar de buscar consensos en la Cámara Baja.
En 2023, el 69% de las iniciativas legislativas del Gobierno se realizaron mediante decreto ley, superando ampliamente a sus predecesores. Esta tendencia ha sido interpretada por algunos analistas como un intento de sortear la falta de mayoría parlamentaria y de evitar el escrutinio legislativo.
Ausencia en el Congreso: ¿un presidente ausente?
Además del uso intensivo de decretos, Sánchez ha sido criticado por su escasa presencia en el Congreso. Desde su reelección, ha faltado al 72% de las sesiones plenarias y no ha votado en el 80% de las ocasiones. Esta ausencia ha sido interpretada por la oposición como una muestra de desdén hacia el poder legislativo y una falta de compromiso con la rendición de cuentas.
La autocracia del siglo XXI: legal pero ilegítima
Sánchez no ha violado ninguna ley. Y ahí radica quizás el mayor problema: la arquitectura legal permite que un presidente actúe de forma casi autocrática sin necesidad de romper el marco constitucional. La legalidad, en este caso, se convierte en coartada de una estrategia de fondo: vaciar de contenido al Congreso para reforzar un poder personalista.
En nombre de la gobernabilidad, se mutila el debate. En nombre de los compromisos internacionales, se silencia la crítica interna. Y en nombre del progreso, se impone una forma de gobernar que cada vez se parece menos a una democracia deliberativa y más a una maquinaria ejecutiva impermeable a la disidencia.
¿Y ahora qué?
La cuestión no es si España debe invertir más en Defensa. Ese es un debate legítimo. El verdadero escándalo es que ni siquiera se nos permita tener ese debate en el foro que corresponde: el Parlamento. Si Sánchez se arroga la potestad de decidir solo sobre lo militar, ¿qué vendrá después? ¿El gasto sanitario? ¿La política migratoria? ¿Las pensiones?
Hoy es Defensa. Mañana, quién sabe. Pero el precedente está marcado: Sánchez ha dado un salto cualitativo hacia un modelo de poder que mira más al ejecutivo fuerte que a la democracia representativa. Y lo ha hecho sin pudor, sin consenso y sin rendición de cuentas.
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