Impacto España Noticias
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desvelado una compleja red de ocultación patrimonial y evasión fiscal supuestamente liderada por Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos. El caso, investigado desde hace un año, gira en torno a contratos millonarios adjudicados durante la pandemia para la compra de material sanitario y muestra una estrategia deliberada para esconder bienes y evitar el escrutinio fiscal y judicial.
Una estrategia para «no levantar mierda»
Según un informe de la UCO al que ha tenido acceso IEN, García y su entorno habrían ideado un plan para ocultar propiedades usando como testaferros a familiares cercanos, con el objetivo de evitar sanciones fiscales. En una conversación intervenida por los investigadores, Koldo confesaba a su hermano Joseba:
«Tengo que dejar pasar dos años para no levantar mierda, tú y yo nos entendemos», en alusión a los plazos legales que dificultan las inspecciones sobre donaciones.
En otra conversación, el abogado de la familia apuntaba: «Así los tocapelotas habituales le habrán perdido el rastro», refiriéndose a los inspectores de Hacienda, la UCO y la Fiscalía. La recomendación era clara: confeccionar documentos privados que no activaran alarmas ni en Hacienda ni en los tribunales.
Propiedades y testaferros
La investigación ha sacado a la luz varias propiedades cuyo uso y control correspondía a Koldo, pero que estaban registradas a nombre de su hermano, su expareja Patricia Uriz o incluso su hija menor de edad. Entre las más destacadas figuran una vivienda en Polop de la Marina (Alicante) y un apartamento en primera línea de playa en Benidorm.
En una llamada del 13 de diciembre de 2023, Joseba relataba a su hijo:
«Y el piso del mirador de lo de primera línea de playa, lo quiero poner a mi nombre. Digo perfecto. Lo quitas todo de mi nombre y te lo pones todo a tu nombre, dice ‘Pero eso cuesta veintiocho mil pavos’». Koldo se habría negado a pagar ese coste para legalizar la situación.
Red de influencias y mordidas por mascarillas
El epicentro económico de la trama lo constituye la empresa Soluciones de Gestión SL, que logró más de 50 millones de euros en contratos públicos durante la pandemia. Según los informes policiales, parte de esos fondos fueron utilizados para pagar comisiones ilegales en efectivo a miembros de la red.
Las comunicaciones intervenidas revelan vínculos de Koldo con altos cargos de Puertos del Estado, institución clave en las adjudicaciones bajo sospecha. El 7 de noviembre de 2023, su vehículo fue registrado frente a la sede de la entidad en la avenida Partenón de Madrid, y días antes había mantenido contacto con un interlocutor identificado como «Alvarito», quien usaba un teléfono registrado a nombre de la institución.
Presión a gobiernos autonómicos
Las grabaciones también muestran cómo Koldo habría intentado influir en una reclamación administrativa por 2,6 millones de euros presentada por el nuevo Gobierno balear (tras la salida de Francina Armengol) contra Soluciones de Gestión. En conversación con Juan Carlos Cueto, alto directivo de la empresa, Koldo afirmaba:
«Ya han hablado con él… dice, hombre, seguimos las instrucciones que teníamos, pero son de hace un mes», dando a entender que estaba interviniendo para evitar la reclamación.
Lujo oculto y despatrimonialización
El cerco se amplía a otros implicados como Víctor de Aldama, a quien la UCO atribuye un proceso de “despatrimonialización” de bienes en España mediante entramados empresariales. Entre los activos bajo sospecha se encuentran un Ferrari Portofino negro, una vivienda en La Moraleja y un piso en el Paseo de la Castellana, actualmente en reformas.
Además, se han identificado vehículos de uso habitual por parte de García registrados a nombre de terceros o de empresas pantalla como Erikapat Consultoría Internacional SL, gestionada por su expareja.
Un caso que apunta alto
La investigación sigue su curso con nuevas diligencias y podría derivar en imputaciones de mayor alcance. El caso no solo compromete a empresarios y asesores, sino que también salpica a funcionarios y altos cargos vinculados a la gestión de recursos públicos durante una de las mayores crisis sanitarias de la historia reciente.
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