Impacto España Noticias
En un momento donde la libertad de prensa debería blindarse frente a las tentaciones del poder, el Gobierno de Pedro Sánchez parece decidido a recorrer el camino contrario. La operación en marcha para recuperar el control del grupo Prisa —editor de El País y propietario de la Cadena SER— representa no solo una jugada empresarial, sino un movimiento político que plantea serias preguntas sobre los límites democráticos de la actual administración.
El círculo más próximo a Sánchez, según informaciones de alto nivel, ha iniciado contactos desesperados con inversores extranjeros, incluido el entorno de George Soros, para intentar disputar el control accionarial al actual presidente de Prisa, Joseph Oughourlian. La razón es simple: Oughourlian, con su 29,9% del capital, se ha convertido en un obstáculo infranqueable para quienes pretenden devolver la línea editorial de los principales medios del grupo a una obediencia más cómoda para el Ejecutivo.
No es un secreto que el PSOE —especialmente bajo el liderazgo de Sánchez— ha mostrado una especial preocupación por el relato mediático. En lugar de asumir la crítica como parte inherente del juego democrático, el sanchismo ha optado por una estrategia más peligrosa: intentar neutralizarla desde dentro. La tentativa de colocar a inversores afines al Gobierno en el accionariado de Prisa se inscribe en este patrón. No se trata de economía, se trata de control.
Pero el plan no solo es éticamente dudoso. Es, además, financieramente temerario. Cualquier movimiento que supere el 30% del capital implicaría una OPA obligatoria, con un coste potencial de hasta 900 millones de euros. Una cifra que hace inviable la operación sin un respaldo internacional de gran envergadura. De ahí el nombre de Soros, cuya mera mención basta para alarmar a quienes defienden la independencia de los medios frente a injerencias políticas globalistas.
La desesperación del entorno gubernamental se acentúa al observar la estampida de algunos de sus propios aliados. Empresarios vinculados al PSOE, como Daniel Romero Abreu o Pedro Escudero, han comenzado a liquidar sus posiciones en Prisa, reconociendo quizás que el plan de control ha fracasado. La reciente ampliación de capital ha reforzado la posición de Oughourlian, quien además ha sabido consolidar su influencia de cara a la próxima junta del 14 de mayo.
El Ejecutivo, sin embargo, parece dispuesto a judicializar el proceso si es necesario. Otro síntoma preocupante. Cuando un gobierno intenta cambiar por vía judicial lo que no logra mediante consenso económico o credibilidad política, estamos ante una deriva autoritaria.
En resumen, lo que está en juego no es solo la titularidad de unas acciones. Es la salud de la democracia española. Porque sin medios verdaderamente independientes —también de los gobiernos “progresistas”—, la opinión pública queda secuestrada por el relato oficial. Y eso, lo impulse la derecha o la izquierda, siempre es una amenaza.
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