Abascal exige responsabilidades criminales a Red Eléctrica por la muerte de personas durante el apagón

El pasado lunes, millones de ciudadanos en la España peninsular y Portugal fueron arrojados súbitamente a la oscuridad. No fue una tormenta, un desastre natural ni un acto de guerra. Fue, simple y llanamente, un fracaso sistémico de quienes tienen la obligación de garantizar el suministro eléctrico de un país desarrollado.

Seis muertos —por ahora—. Decenas de miles de familias vulnerables sin recursos ni explicaciones. Y en el centro de la tormenta, una empresa pública dirigida por una ex ministra socialista que no piensa dimitir.

Seis muertos y ninguna dimisión
Los fallecimientos no son estadísticas ni daños colaterales: son vidas truncadas por una negligencia inadmisible. Una mujer en Carabanchel murió quemada viva porque encendió una vela durante el apagón. Otra, en Alcira, falleció por asfixia cuando su respirador eléctrico dejó de funcionar. Un matrimonio anciano y su hijo perdieron la vida intoxicados por monóxido de carbono mientras intentaban mantener funcionando un equipo médico. Y un ciudadano alemán murió en un incendio provocado, otra vez, por velas.

Estas muertes no son casualidades. Son el resultado directo de un colapso energético en pleno siglo XXI. Y lo más inquietante: no hay responsables visibles, no hay dimisiones, no hay vergüenza.

Red Eléctrica: cuando el clientelismo reemplaza la competencia
La presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, ex ministra de Vivienda durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, no solo no ha renunciado, sino que se ha permitido el lujo de declarar: "Si tuviera conciencia de haber hecho algo mal, lo plantearía yo misma". Como si una cadena de errores que culmina en la muerte de seis personas fuera un simple fallo técnico sin consecuencias humanas.

Corredor es solo la cara visible de un problema estructural: el clientelismo político que asfixia las instituciones públicas. La práctica, demasiado habitual, de premiar la lealtad ideológica con cargos de alta responsabilidad técnica ha convertido a las empresas públicas en feudos partidistas, más atentos a las cuotas de poder que al interés ciudadano.

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La respuesta política: indignación selectiva y oportunismo
En su discurso del Día del Trabajador, el líder de Vox, Santiago Abascal, exigió "responsabilidades criminales" y denunció el fenómeno de las "Beatrices Corredor y Koldos" al frente de empresas públicas. Más allá del oportunismo político, hay una verdad innegable en su crítica: los ciudadanos pagan cada vez más impuestos y reciben servicios cada vez más precarios. La gestión del apagón es solo un síntoma de un mal más profundo.

El escándalo recuerda al caso Koldo, otro ejemplo del saqueo institucional donde contratos públicos durante la pandemia acabaron en el bolsillo de asesores y amigos. Es la misma lógica: redes de poder que utilizan el Estado como un botín mientras el ciudadano medio sufre las consecuencias.

La Audiencia Nacional investiga: ¿negligencia o sabotaje?
La Audiencia Nacional ha abierto una investigación para determinar si el apagón fue consecuencia de un sabotaje informático, pero también para esclarecer si la reacción institucional estuvo a la altura. Spoiler: no lo estuvo.

Tardaron horas en ofrecer una explicación. No hubo planes de contingencia eficaces. Las autoridades no supieron ni pudieron garantizar el funcionamiento de sistemas vitales como respiradores o generadores hospitalarios. La falta de preparación fue absoluta.

Una sociedad cada vez más indefensa
En un país donde la factura de la luz se ha disparado y donde se exige a los ciudadanos que se aprieten el cinturón por el bien común, ¿cómo se explica que los servicios esenciales colapsen al primer contratiempo? ¿De qué sirve pagar impuestos si el Estado no garantiza ni la luz ni la vida?

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El apagón del lunes no es solo un accidente. Es un símbolo de la decadencia de un modelo institucional ineficiente, politizado y, sobre todo, impune. La tragedia no solo ha sido eléctrica, sino moral.

Un modelo en ruinas
Mientras los responsables se esconden tras comunicados fríos y declaraciones arrogantes, las familias de seis víctimas lloran a sus muertos. Y el resto del país asiste, una vez más, a la liturgia habitual de la irresponsabilidad: se abre una causa judicial, se promete transparencia, se crea una comisión, y, finalmente, no pasa nada.

España no necesita más excusas ni más redes clientelares. Necesita responsabilidad, profesionalidad y respeto por la vida de sus ciudadanos. Porque lo que ocurrió el lunes no fue un fallo técnico. Fue un crimen institucional.

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