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El Gobierno de Pedro Sánchez ha regado con 340 millones de euros a Marruecos para construir una gigantesca planta desaladora en Casablanca, considerada la mayor de todo el continente africano. Este ambicioso proyecto, impulsado por un consorcio internacional que incluye a la firma española Acciona —presidida por José Manuel Entrecanales—, busca garantizar el suministro de agua a más de siete millones de personas.
La infraestructura, situada en el sur de la ciudad marroquí, tendrá una capacidad total de producción de hasta 838.000 metros cúbicos diarios, lo que equivale a 300 millones de metros cúbicos al año. Las obras, que comenzaron con la colocación simbólica de la primera piedra por parte del príncipe heredero Mulay Hassan en junio de 2024, ya se encuentran ejecutadas en un 20%. La entrega de la primera fase, de 548.000 m³ al día, está programada para febrero de 2027, mientras que la segunda, que aportará otros 274.000 m³, finalizará en agosto de 2028.
El respaldo financiero de España se canaliza a través de tres mecanismos públicos. Por un lado, el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) ha concedido 250 millones de euros en créditos que cubren el diseño, la ejecución y el mantenimiento de la planta. Además, la agencia CESCE aporta garantías que cubren el 80% de un tramo adicional de 70 millones, mientras que el fondo FIEX —gestionado por Cofides— ha destinado 31 millones a la participación de Acciona en el capital del consorcio constructor.
En un acto institucional celebrado esta semana en Casablanca, la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, destacó que esta iniciativa es un ejemplo de colaboración estratégica en materia de innovación tecnológica y sostenibilidad. Según sus palabras, se trata de una obra «estructural, ambiciosa y relevante», que operará con energía renovable y refuerza los lazos entre España y Marruecos.
Junto a López Senovilla estuvieron presentes autoridades de alto nivel como la ministra de Economía y Finanzas de Marruecos, Nadia Fettah Alaoui, el embajador español Enrique Ojeda Vila, y responsables de empresas e instituciones públicas como la Oficina Nacional de Electricidad y Agua Potable (ONEE), representada por su director general, Tarik Hamane.
El proyecto se enmarca en el plan nacional marroquí para enfrentar el estrés hídrico, que contempla la puesta en marcha de más de veinte plantas desaladoras antes de 2030 con el objetivo de alcanzar los 1.700 millones de metros cúbicos anuales, frente a los 320 millones actuales.
Desde el Ejecutivo español se ha defendido esta inversión como una muestra de cooperación a largo plazo y de apoyo a la internacionalización de las empresas nacionales. Según el Ministerio de Comercio, más de 350 compañías españolas están activas en Marruecos, contribuyendo al desarrollo económico local y al fortalecimiento de relaciones bilaterales.
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