
El juez del 'caso Ábalos' eleva a cinco los posibles delitos cometidos por Pardo de Vera
El magistrado suma organización criminal, prevaricación y cohecho a la malversación y tráfico de influencias
Durante su comparecencia, que se prolongó aproximadamente una hora y cuarto, González Amador se desvinculó del contenido del correo enviado el 2 de febrero de 2024 por su abogado, Carlos Neira, al fiscal Julián Salto
Investigacion Judicial23 de mayo de 2025Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, declaró este viernes ante el Tribunal Supremo que el correo electrónico en el que se ofrecía a reconocer delitos fiscales a cambio de un acuerdo con la Fiscalía fue redactado y enviado por su abogado sin su consentimiento.
La declaración tuvo lugar en calidad de testigo en el marco de la causa abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. El propio García Ortiz solicitó su citación con el fin de que testificara como afectado por la supuesta filtración del correo.
Durante su comparecencia, que se prolongó aproximadamente una hora y cuarto, González Amador se desvinculó del contenido del correo enviado el 2 de febrero de 2024 por su abogado, Carlos Neira, al fiscal Julián Salto, encargado de investigarlo por supuestos delitos fiscales. Según ha declarado, desconocía completamente tanto la redacción como el envío de ese mensaje.
El instructor del caso ha ordenado nuevas diligencias y ha citado como testigos al abogado Carlos Neira para el 27 de mayo, y a cuatro periodistas del diario El País el 30 de mayo.
En relación con la acusación por filtración, la defensa de García Ortiz ha presentado ante el Supremo un acta notarial en la que varios periodistas afirman que tuvieron conocimiento del intento de acuerdo entre la defensa de González Amador y el Ministerio Público a través de fuentes fiscales de la Comunidad de Madrid, no por el fiscal general.
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El magistrado suma organización criminal, prevaricación y cohecho a la malversación y tráfico de influencias
El juez que instruye la parte del caso Koldo en la Audiencia Nacional ha citado el 21 de julio como investigados a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y al exdirector general de Carreteras Javier Herrero, en quienes el Tribunal Supremo vio indicios de participación en adjudicaciones presuntamente irregulares
La Guardia Civil ha señalado en uno de sus informes "pagos de 2.600 euros mensuales netos entre diciembre de 2022 y junio de 2023, de LIC a Koldo, realizados mediante la contratación de éste por parte del empresario" Etero
Tanto las hechas como las recibidas por Álvarez desde el 16 de julio de 2018, fecha en la que fue nombrada asesora de la mujer de Sánchez, hasta el pasado 1 de julio, vinculadas con la OMT, Indra Sistemas S.A., Google Spain S.L., Fundación Manpower, Arsys Internet, Telefónica S.A., Fundación La Caixa, Reale
En referencia a la malversación, el instructor del caso Begoña Gómez razonó que el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes era el responsable de velar por los fondos públicos con los que se pagó a Cristina Álvarez
Manos Limpias alude también al hecho de que el TC haya eludido valorar las motivaciones de la ley, que «se gesta en Ginebra» entre los «emisarios» del presidente del Gobierno, Santos Cerdán y Félix Bolaños, y «el prófugo» Carles Puigdemont. Perpetrando, denuncia, un delito de obstrucción a la Justicia y de «colaboración con prófugos»
Por ello, solicita al INSS la apertura de un «expediente de revisión de oficio del grado de incapacidad permanente» reconocido a Paqui Muñoz Cano, «con base en los indicios objetivos de mejoría funcional conocidos públicamente»
Además, se incautaron documentos físicos de interés, entre los que se encontraban folios con sellos oficiales, tarjetas de visita y una libreta con anotaciones manuscritas
“Yo no he dicho que había que expulsar a ocho millones. Hay que expulsar a los que haga falta para que ni una sola familia española más tenga que llorar el no haberlo hecho”
La acusación, difundida en cadena por medios como El HuffPost, elDiario.es, Onda Cero, RTVE, Cadena SER y The Objective (que ha rectificado), atribuye a VOX la intención de deportar a «ocho millones de inmigrantes y sus hijos», a pesar de que ningún dirigente del partido ha mencionado nunca esa cifra
Documentación policial y judicial revela el papel desempeñado por el actual coordinador general de EH Bildu en la estructura operativa de ETA-pm y su posterior integración en ETA militar. Su implicación se vincula con acciones armadas entre 1982 y 1984, incluyendo secuestros, atentados con explosivos y heridas a civiles, entre ellos menores de edad