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Por qué España debe optar por la expulsión de inmigrantes ilegales y no por su regularización. “Ni la ciudadanía, ni los pasaportes, ni las nacionalidades se regalan”
Inmigración Ilegal24 de mayo de 2025En las últimas semanas, la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para llevar a cabo una regularización masiva de inmigrantes en situación irregular ha encendido una profunda preocupación en amplios sectores de la sociedad española. No se trata solo de un desacuerdo político: lo que está en juego es la seguridad, la soberanía nacional, la justicia social y el futuro del modelo de convivencia en nuestro país.
Frente a esta iniciativa, VOX ha lanzado una campaña de recogida de firmas con un mensaje claro: “Ni la ciudadanía, ni los pasaportes, ni las nacionalidades se regalan”. El partido liderado por Santiago Abascal defiende que la única opción para quienes entren de forma ilegal en España debe ser el billete de vuelta. Y añade: “A España sólo se entra de forma legal, ordenada y con voluntad de integrarse”.
Esta postura no sólo es legítima, sino necesaria en un contexto donde la inmigración irregular ha alcanzado niveles alarmantes, generando consecuencias sociales, económicas y culturales que no se pueden seguir ignorando.
1. Una cuestión de legalidad y respeto a la ley
La base de cualquier Estado de Derecho es el cumplimiento de la ley. Los inmigrantes que ingresan en España de forma ilegal están, por definición, violando las normas de entrada al país. Aceptar esta conducta con una regularización generalizada supone minar el principio de legalidad y desacreditar el esfuerzo de quienes sí cumplen con los requisitos legales para residir y trabajar en España.
Miles de personas esperan durante años sus permisos, visados y procesos de reagrupación familiar desde sus países de origen. Premiar al que entra de forma irregular es un agravio comparativo contra aquellos que han respetado las normas.
2. Efecto llamada: más migración descontrolada
Los procesos de regularización masiva generan un poderoso "efecto llamada". Es decir, si se comunica —aunque sea indirectamente— que quien entra sin papeles puede acabar regularizado, el mensaje que reciben los candidatos a emigrar desde África, Asia o América Latina es claro: hay premio para quien logre llegar.
VOX lo denuncia claramente: estas políticas "terminan con mafias enriqueciéndose y seres humanos muertos en el camino". Más inmigración ilegal no significa más oportunidades, sino más tragedias humanas y más poder para los traficantes de personas.
3. Impacto en los servicios públicos y en la cohesión social
España atraviesa importantes tensiones sociales y económicas. Las listas de espera en sanidad aumentan, la vivienda se encarece y los recursos sociales están saturados. En este contexto, introducir a cientos de miles de personas más en el sistema, sin planificación ni evaluación, implica un colapso mayor de los servicios públicos.
En muchos barrios obreros, la llegada masiva de inmigrantes sin papeles ha generado conflictos de convivencia, inseguridad y una sensación de abandono institucional. La multiculturalidad impuesta, sin integración efectiva, no fortalece a la sociedad, sino que la fragmenta.
4. La inseguridad ciudadana y la cultura de la mujer
VOX también alerta sobre un problema que muchos medios y partidos se niegan a mencionar por corrección política: la relación entre inmigración ilegal y el aumento de la inseguridad, especialmente hacia las mujeres. “Es necesario garantizar la seguridad de los españoles, especialmente de las mujeres, ya que no se puede aceptar que los barrios españoles se llenen de inmigrantes ilegales cuya percepción de la mujer es la de un ser inferior al hombre”, advierte el partido.
Esta afirmación puede incomodar, pero refleja una preocupación real: cuando se pierde el control de quién entra al país y no se exige una verdadera adaptación cultural, se producen choques de valores que afectan gravemente a los más vulnerables.
5. Integración real solo es posible con control de flujos
La integración no es sólo tener papeles. Es compartir valores, idioma, costumbres cívicas y asumir las normas del país de acogida. Esto requiere tiempo, límites y una gestión responsable de los flujos migratorios. Lo contrario —una entrada masiva y desordenada— sólo puede desembocar en el caos y la radicalización social.
Países con políticas migratorias estrictas, como Dinamarca o Japón, han logrado mantener la cohesión social y altos niveles de seguridad precisamente porque la inmigración se gestiona, no se improvisa.
6. La solución es el retorno, no la recompensa
La única solución real y justa para quienes han entrado ilegalmente es el retorno a sus países de origen. Existen mecanismos legales, acuerdos bilaterales y fondos europeos destinados a facilitar estos procesos de repatriación. También se pueden ofrecer ayudas para el retorno voluntario, formación en origen o proyectos de desarrollo local que eviten que miles de jóvenes vean como única salida el viaje clandestino a Europa.
La ciudadanía, la residencia y los derechos asociados no se regalan. Se merecen, se conquistan respetando las normas, aportando al país y demostrando voluntad de integración. Y para ello, es indispensable comenzar por cumplir la primera norma: entrar legalmente.
La regularización masiva que propone el Gobierno de Pedro Sánchez no es un acto de compasión, sino de negligencia institucional. Apuesta por la desprotección del ciudadano español, sacrifica la legalidad en favor de intereses políticos y pone en riesgo la paz social.
La iniciativa de VOX al lanzar una campaña de firmas no es xenofobia, es una llamada al sentido común: España tiene derecho a defender sus fronteras, sus leyes y su cultura. Es hora de exigir políticas migratorias firmes, valientes y responsables. Políticas que antepongan el bien común, la legalidad y la seguridad por encima de cualquier ideología.
Porque España, como cualquier nación soberana, tiene el derecho —y el deber— de decidir quién entra, cómo entra y bajo qué condiciones se queda.
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