Quienes conocen el ascenso de Pedro Sánchez desde dentro del PSOE recuerdan el escándalo del Comité Federal de octubre de 2016, en el que intentó cambiar la urna durante la votación para elegir secretario general
Corrupción02 de junio de 2025
Impacto España Noticias
Las elecciones generales del 23 de julio de 2023 no solo estuvieron marcadas por la convocatoria en pleno verano y el aumento del voto por correo, sino también por una creciente desconfianza en la limpieza del proceso electoral. Las denuncias de irregularidades logísticas, el papel de Correos, la influencia del Gobierno de Pedro Sánchez, y la empresa Indra, encargada del recuento, han generado acusaciones de manipulación y, para algunos sectores, sospechas de pucherazo electoral.
En el centro de esta red de poder y sospechas se encuentra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuya forma de actuar en procesos internos del PSOE ya había generado alarma incluso antes de su llegada a La Moncloa.
La “fontanera de Ferraz” y el control del voto por correo
Una figura clave durante el proceso fue apodada por algunos medios como la “fontanera de Ferraz”. Colaboradora directa de Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, ocupaba una posición relevante en Correos, aunque su perfil público se centraba en actos protocolarios. En realidad, dirigía más de 2.500 oficinas y coordinaba a más de 9.400 trabajadores de la empresa pública.
Ella misma presumió en redes sociales de su papel al frente del voto por correo, en plena campaña electoral. Esta actitud fue duramente criticada por los sindicatos CCOO y UGT, que denunciaron una mala gestión deliberada del proceso: desorganización, presión a empleados, fallos en la entrega de documentación electoral, y retrasos sospechosos.
“No se puede permitir que la empresa pública se utilice con fines políticos”, señaló CCOO en julio de 2023.
Cifras récord, caos operativo y una narrativa inquietante
Con más de 2,6 millones de solicitudes de voto por correo, la campaña se convirtió en la más dependiente de este método en la historia democrática reciente. Pero el proceso estuvo plagado de denuncias: miles de votantes no recibieron a tiempo la documentación, otros no pudieron ejercer su derecho, y la sensación de descontrol fue generalizada.
Curiosamente, en muchas circunscripciones clave para el PSOE, el voto por correo tuvo un peso determinante en los resultados. Esto generó aún más sospechas entre la oposición, que acusó al Gobierno de aprovechar su control sobre Correos para influir en el resultado final.
Correos, Indra y el poder político centralizado
El aparato de control no se limita a Correos. El recuento de votos en elecciones generales está en manos de la empresa Indra, adjudicataria habitual del Ministerio del Interior. Esta empresa privada es responsable de digitalizar y transmitir los datos del escrutinio en tiempo real.
Aunque en teoría no manipula el conteo oficial, muchos observadores critican la falta de transparencia en la adjudicación de contratos y la ausencia de auditorías independientes. Varios analistas alertan del enorme poder acumulado por Pedro Sánchez: controla el voto por correo (Correos) y el sistema de conteo preliminar (Indra).
Este poder concentrado abre la puerta a una posible manipulación parcial o encubierta del proceso, según han denunciado sectores de la oposición, juristas y medios críticos.
El precedente: el “pucherazo” interno del PSOE
Quienes conocen el ascenso de Pedro Sánchez desde dentro del PSOE recuerdan el escándalo del Comité Federal de octubre de 2016, en el que intentó cambiar la urna durante la votación para elegir secretario general.
El exlíder socialista Tomás Gómez denunció públicamente que Sánchez intentó sustituir la urna oficial por otra distinta, en lo que calificó como una maniobra antidemocrática para asegurar el control interno del partido.
Este episodio, que provocó una fuerte fractura en el PSOE, mostró la disposición de Sánchez a utilizar todo recurso a su alcance para mantenerse en el poder, incluso en procesos internos donde se esperaba neutralidad y transparencia.
¿Democracia vigilada o manipulación institucional?
Aunque no se ha demostrado judicialmente un fraude masivo, la suma de indicios, precedentes internos, denuncias sindicales y control institucional dibuja un escenario preocupante. La posibilidad de un “pucherazo moderno” mediante el uso estratégico de herramientas legales y estructuras públicas no puede descartarse a la ligera.
Cada paso de Pedro Sánchez, desde su regreso a la secretaría general del PSOE hasta la gestión electoral de 2023, muestra un patrón: concentración de poder, instrumentalización de instituciones, y uso estratégico del aparato del Estado para reforzar su posición.
España se enfrenta a un reto fundamental: recuperar la confianza en sus procesos democráticos. La transparencia electoral no puede depender de la voluntad del gobierno de turno. Si no se garantizan controles independientes, auditorías externas y neutralidad en empresas clave como Correos e Indra, el sistema electoral seguirá bajo sospecha.
Y con ello, la legitimidad misma del voto y de los gobiernos que emanan de él.
Algunos analistas apuntaron a un patrón sospechoso: en muchas circunscripciones donde el PSOE necesitaba mejorar resultados para bloquear una mayoría del PP-Vox, el voto por correo jugó un papel determinante. Aunque esta correlación no prueba un fraude, fue usada por partidos como el PP y Vox para exigir una auditoría del proceso.
¿Compra de votos? Las líneas rojas legales
Aunque no ha habido (hasta ahora) una sentencia firme que condene al PSOE por compra masiva de votos por correo a nivel nacional, sí se investigaron casos aislados en municipios gobernados por este partido (y otros) por posibles tramas locales de manipulación del voto.
Uno de los casos más mediáticos ocurrió en Melilla, donde se desató una operación policial por compra de votos por correo, con detenciones que afectaron a personas cercanas al PSOE local. El propio Ministerio del Interior reconoció que había “indicios de prácticas clientelares”, aunque el caso todavía está en fase de instrucción.
Estos hechos contribuyeron a alimentar una narrativa generalizada de sospecha, que algunos medios y figuras políticas aprovecharon para denunciar una estrategia sistemática de alteración del voto por parte del partido en el Gobierno.
¿Crisis institucional o arma política?
El debate sobre el voto por correo en 2023 ha dejado una huella profunda en la confianza de los ciudadanos en los mecanismos electorales. Más allá de las simpatías partidistas, el caso revela la vulnerabilidad de las instituciones públicas cuando están excesivamente politizadas.
La polémica sobre la “fontanera de Ferraz”, las denuncias sindicales, y los indicios de irregularidades deben ser investigados con rigor. Pero también es cierto que la oposición ha usado estas sospechas como arma política, sin que hasta ahora se haya probado una trama organizada de compra de votos a gran escala.
La democracia española necesita más transparencia, controles independientes y menos partidismo en organismos clave como Correos, para que la sombra de la sospecha no contamine futuros procesos electorales.
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