Esta ley, impulsada por el socialismo más radical, favorece a los okupas y castiga a los propietarios, a quienes cumplen con la ley, pagan sus impuestos y defienden su propiedad
Nacional03 de junio de 2025
Impacto España Noticias
La Ley de Vivienda aprobada en 2023, una ley contra los propietarios
La Ley de Vivienda de Sánchez crea el «propietario vulnerable»´. Y es que no solo ha fracasado en resolver los problemas de acceso a la vivienda en España, sino que ha generado una nueva categoría de víctima: el propietario vulnerable. Esta ley, impulsada por el socialismo más radical, favorece a los okupas y castiga a los propietarios, a quienes cumplen con la ley, pagan sus impuestos y defienden su propiedad.
Desde que entró en vigor, la Ley de Vivienda de Sánchez ha facilitado el fenómeno conocido como inquiokupación, donde un inquilino, tras firmar un contrato legal, deja de pagar la renta pero no puede ser desalojado con agilidad. La ley le concede privilegios legales, mientras deja al legítimo propietario a merced de procesos lentos y costosos.
Inquiokupación: impunidad legal para el delincuente
La palabra inquiokupación se ha popularizado en los últimos meses gracias a los casos que aparecen casi a diario en los medios de comunicación. Inquilinos que, tras tres o cuatro meses de impago, se aferran a la Ley de Vivienda de Sánchez para no abandonar el inmueble. Alegan “vulnerabilidad” y automáticamente se activa una maquinaria burocrática que paraliza el desahucio.
¿Y el propietario? Pasa a convertirse en víctima. Tiene que seguir pagando el IBI, la comunidad de vecinos, el mantenimiento, y en muchos casos, la hipoteca. Pero lo peor no es eso: lo más grave es que el sistema protege al infractor y castiga al ciudadano honesto.
Un ejemplo de esta realidad lo encontramos en el caso de Ana María R., una jubilada madrileña que lleva más de 11 meses sin poder entrar en su propia vivienda. “Firmé el contrato con confianza y todo estaba en regla. A los dos meses dejaron de pagar. Denuncié, pero desde entonces no he recibido más que evasivas. Me dicen que los okupas tienen derecho a quedarse mientras se tramita su caso”, afirma.
Este caso no es aislado. Son consecuencia directa de una legislación que ha transformado a los ciudadanos cumplidores en presas del sistema.
El “propietario vulnerable”: una figura creada por la izquierda
La consecuencia lógica de esta deriva es la aparición de una nueva víctima social: el propietario vulnerable. Se trata de ciudadanos trabajadores, muchas veces pensionistas o familias con pocos recursos, que han invertido sus ahorros en una propiedad para alquilarla y obtener un ingreso digno.
Pero gracias a la Ley de Vivienda de Sánchez, ahora están desamparados. La ley concede privilegios al okupa o inquilino moroso si este se declara vulnerable, sin comprobar muchas veces si esa situación es real o simulada. Mientras tanto, el propietario es ignorado. En este contexto, la izquierda ha invertido los valores fundamentales del derecho de propiedad.
Es una ley que presume la culpabilidad del propietario y la inocencia del moroso. Esto es aberrante.
Inseguridad jurídica: huida masiva del mercado de alquiler
La consecuencia directa de la Ley de Vivienda de Sánchez ha sido el desplome del mercado de alquiler. Muchos propietarios han decidido retirar sus viviendas del alquiler tradicional y optar por alquileres turísticos o por mantenerlas vacías ante el miedo a una inquiokupación.
Según datos del portal Idealista, desde la entrada en vigor de la ley, la oferta de alquiler ha caído un 17% y el precio ha subido un 24%. Este dato desmiente por completo el discurso del Gobierno, que afirmaba que la ley serviría para “democratizar el acceso a la vivienda”.
Lejos de ello, lo que ha conseguido esta legislación es encarecer el mercado, expulsar a los pequeños propietarios y beneficiar a fondos especulativos que sí pueden afrontar los costes de una larga batalla judicial.
Socialismo y okupación: la alianza que destruye la propiedad privada
Esta ley es una más de las muchas ofensivas del Gobierno socialista-comunista de Pedro Sánchez contra la propiedad privada. Forma parte de una estrategia global para desincentivar la inversión, empobrecer a la clase media y reforzar el control estatal sobre la vivienda.
Recordemos que, según el artículo 33 de la Constitución Española, el derecho a la propiedad privada está reconocido y protegido. Pero en la práctica, la Ley de Vivienda de Sánchez viola ese derecho y lo somete a criterios ideológicos.
Además, esta ley se suma a otras medidas del Gobierno como la limitación de precios de alquiler, la creación de “zonas tensionadas” o el aumento de impuestos sobre los inmuebles. Todas ellas tienen un objetivo común: debilitar al propietario, al empresario y al autónomo.
Sánchez y sus socios: una ley ideológica que destruye hogares
La Ley de Vivienda de Sánchez no es una ley técnica. Es una ley ideológica, redactada para contentar a los comunistas de Podemos y Sumar, a los okupas, a los movimientos antisistema y al lobby de la vivienda subvencionada. No busca resolver problemas reales, sino imponer una visión colectivista y destructiva de la propiedad privada y de la sociedad.
Mientras tanto, quienes defienden el esfuerzo, el trabajo y la propiedad privada, son abandonados a su suerte.
El resultado de esta ley es una España donde tener una propiedad es un riesgo legal, y alquilarla es casi un suicidio económico.
Derogar ya la Ley de Vivienda de Sánchez
La Ley de Vivienda de Sánchez ha creado al “propietario vulnerable”, ha disparado la inquiokupación, y ha convertido el alquiler en un terreno hostil para los pequeños propietarios. Es una ley injusta, sectaria y profundamente dañina para el tejido social de nuestra nación.
La única solución realista y justa es su derogación inmediata. Defender el derecho a la propiedad es una necesidad para mantener la libertad, la justicia y el orden en España.
Hoy es un vecino. Mañana puedes ser tú.
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