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El pasado 28 de abril, un apagón masivo dejó sin suministro eléctrico a casi toda la Península Ibérica, además de zonas del sur de Francia e Italia, en uno de los incidentes energéticos más graves registrados en las últimas décadas en Europa. Las consecuencias del corte eléctrico, que se extendió durante más de diez horas —y hasta 24 horas en áreas rurales— no fueron solo logísticas o económicas: también tuvieron un impacto directo en la salud de la población.
Así lo advierte un estudio preliminar publicado el pasado jueves en la revista médica Eurosurveillance, elaborado por un grupo de investigadores españoles: David García García, Inmaculada León Gómez, Lucía Pérez Marín y Diana Gómez Barroso. El equipo identificó un exceso de mortalidad de 147 muertes adicionales en los días inmediatamente posteriores al apagón, una cifra que, aunque no definitiva, prende las alarmas sobre la fragilidad del sistema sanitario y social ante este tipo de crisis energéticas.
Un corte eléctrico sin precedentes recientes
El apagón del 28 de abril comenzó poco después de las 10:00 de la mañana y afectó progresivamente a casi toda la red eléctrica peninsular. Ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Lisboa, Sevilla y Zaragoza reportaron caídas totales de luz. Según informes preliminares de Red Eléctrica Española y operadores regionales, el apagón se debió a un fallo en una subestación clave en el sur de Francia, que generó un efecto dominó en el sistema interconectado.
Aunque el suministro se restableció en muchas zonas urbanas a lo largo del día, miles de personas en entornos rurales permanecieron sin electricidad durante más de 24 horas, lo que tuvo consecuencias particularmente graves en áreas con menos recursos o con difícil acceso a servicios médicos de urgencia.
El estudio: datos que preocupan
Los investigadores del Centro Nacional de Epidemiología (CNE) y del Instituto de Salud Carlos III, basaron su análisis en los registros del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), que permite detectar desviaciones inusuales en la mortalidad general. Según el estudio, en los tres días posteriores al apagón se registró un exceso de 147 muertes respecto al promedio esperado para esas fechas, considerando la estacionalidad y las condiciones climáticas normales.
“A pesar de tratarse de un análisis preliminar, la señal de exceso de mortalidad es estadísticamente significativa y no puede ser atribuida a factores meteorológicos u otros eventos concurrentes”, señala el artículo publicado en Eurosurveillance.
Este tipo de mortalidad “por todas las causas” no permite determinar la causa exacta de cada fallecimiento, pero sí señala un aumento general asociado al evento, que podría incluir desde complicaciones médicas en personas dependientes de equipos eléctricos, hasta accidentes domésticos, agravamientos de enfermedades crónicas o incluso problemas cardiovasculares ligados al estrés térmico.
¿Cómo puede un apagón causar muertes?
La electricidad es más que una comodidad: es una infraestructura crítica para la salud pública. Sin suministro eléctrico, miles de personas pierden el acceso a dispositivos médicos domiciliarios como concentradores de oxígeno, respiradores, monitores cardíacos o bombas de insulina. Muchos hospitales activaron generadores de emergencia, pero algunos centros de salud más pequeños o rurales informaron de interrupciones totales o parciales de sus servicios.
Además, el 28 de abril coincidió con una ola de calor inusual para la época del año. En zonas del sur peninsular se registraron temperaturas superiores a los 30 grados, lo que agravó la situación de personas mayores o con afecciones cardiovasculares, al verse privadas de aire acondicionado o ventiladores durante horas.
Un llamado de atención a las autoridades
El hallazgo de este exceso de mortalidad pone en evidencia lo que numerosos expertos en salud pública y gestión de riesgos vienen advirtiendo desde hace años: la vulnerabilidad de nuestras sociedades modernas ante la pérdida de servicios esenciales. El estudio de García García y su equipo aún está en fase de revisión, pero sus conclusiones provisionales instan a actuar.
“Es fundamental desarrollar protocolos de contingencia específicos para proteger a las personas más vulnerables ante apagones prolongados”, recomiendan los autores.
Esto incluiría desde la identificación de personas con dependencia eléctrica en los registros sanitarios, hasta el fortalecimiento de la resiliencia de hospitales, centros de salud y residencias de mayores, asegurando el suministro alternativo en caso de fallo de red. También se aboga por la mejora en la coordinación entre autoridades sanitarias y operadores eléctricos, y por una mejor comunicación con la ciudadanía ante eventos de este tipo.
¿Qué sigue ahora?
El análisis publicado en Eurosurveillance no pretende ser definitivo, pero sí es un primer paso hacia una mayor comprensión del impacto sanitario de los apagones en sociedades desarrolladas. En palabras de los propios investigadores, el objetivo es abrir el debate y fomentar la preparación institucional ante escenarios que, en un contexto de cambio climático, ciberamenazas y tensiones geopolíticas, podrían volverse cada vez más frecuentes.
Mientras tanto, la cifra de 147 muertes adicionales actúa como una advertencia silenciosa: el coste humano de un apagón va más allá de la incomodidad o el caos logístico. Puede medirse en vidas.
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