Chivite benefició a la empresa de su tío tras nombrarlo consejero del Gobierno navarro en 2025

Una nueva polémica salpica al Gobierno de Navarra, presidido por María Chivite. La prórroga de contratos con una empresa estrechamente vinculada a su entorno familiar ha encendido las alarmas sobre posibles conflictos de interés en el seno del Ejecutivo autonómico.

Al epicentro del caso se sitúa Lauburu S.L., una firma de calderería industrial que mantuvo contratos activos con el Ejecutivo foral incluso después de que su exadministrador único, Óscar Chivite —tío de la presidenta— accediera al cargo de consejero de Cohesión Territorial.

Una prórroga bajo lupa
La controversia gira en torno a la renovación de un contrato público con Lauburu S.L. en abril de 2024, prorrogado nuevamente para 2025, cuando Óscar Chivite ya formaba parte del Ejecutivo autonómico. Este contrato, otorgado por la sociedad pública Navarra de Infraestructuras Locales (NILSA), estaba destinado al mantenimiento de las instalaciones de depuración de aguas residuales en Navarra. El valor de la prórroga ascendió a 11.800 euros, según documentación a la que ha accedido este medio.

El problema no radica en la cuantía económica, sino en la posible incompatibilidad entre el cargo institucional y las responsabilidades previas del consejero. Hasta poco después de su nombramiento en septiembre de 2023, Chivite figuró como administrador único de Lauburu, cargo que ocupaba desde 2005. Aunque renunció formalmente a esa responsabilidad, la dilación en su salida de la empresa y la continuidad de los contratos con la administración han alimentado las sospechas de trato de favor.

Relaciones peligrosas: Lauburu, Acciona y la obra del túnel de Belate
Lauburu, además, tiene entre sus principales clientes a la multinacional Acciona, adjudicataria de uno de los contratos más polémicos del Gobierno navarro: las obras del túnel de Belate, valoradas en 76 millones de euros. La licitación, otorgada mediante una UTE (Unión Temporal de Empresas) en la que también participaban Fermín Osés y Servinabar, ha sido duramente cuestionada por presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación.

Informes internos de la administración foral y denuncias de la propia mesa de contratación han señalado deficiencias en la valoración técnica, atribuyendo puntuaciones que habrían favorecido indebidamente a la UTE ganadora. El presidente de dicha mesa, Jesús Polo, quien debía haberse jubilado a los 70 años, fue mantenido en su puesto mediante una excepción recogida en la Ley Foral de Presupuestos de 2021, una decisión avalada por el propio Gobierno de María Chivite.

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El epicentro de la trama: Pamplona y el caso de las mordidas
Aunque la presunta trama de comisiones ilegales que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tiene ramificaciones en diversas regiones, los informes apuntan a Navarra como el núcleo originario de las operaciones. Según las pesquisas, empresas como Servinabar habrían recibido adjudicaciones millonarias a través de procesos manipulados. Esta compañía, central en la investigación, tiene vínculos con Joseba Antxon Alonso Egurrola, empresario navarro con estrechos lazos personales con Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE.

En este contexto, la empresa Lauburu se convierte en una pieza clave dentro del entramado de intereses, al mantener vínculos económicos con Acciona en el momento en que esta última recibía adjudicaciones desde el departamento dirigido por Óscar Chivite.

Una cadena de responsabilidades políticas
La oposición ha puesto el foco en la posible responsabilidad directa de María Chivite. La presidenta foral firmó la prórroga del contrato con Lauburu cuando su tío ya ocupaba una cartera clave en el Ejecutivo. La Unión del Pueblo Navarro (UPN) exigió explicaciones desde el primer momento, mientras que VOX presentó una denuncia formal contra María Chivite, Santos Cerdán y Koldo García, por presunta corrupción en la adjudicación de contratos públicos en Navarra.

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El caso también ha reactivado la polémica en torno a la reforma de la sede del PSOE navarro, ejecutada por una constructora que recibió contratos durante la gestión de Chivite en Cohesión Territorial. Los vínculos empresariales entre las adjudicatarias y figuras del partido vuelven a alimentar las sospechas de una red de favores cruzados que operaría desde las instituciones.

El futuro político en juego
Aunque por el momento el caso se encuentra en fase de investigación, el cúmulo de irregularidades, vinculaciones familiares y adjudicaciones opacas podría derivar en una crisis institucional de primer orden en Navarra. La presidenta Chivite, que ha mantenido silencio público sobre el asunto, enfrenta un escenario en el que las explicaciones políticas podrían no ser suficientes.

La Fiscalía Anticorrupción analiza si los indicios recabados por la Guardia Civil justifican la apertura de diligencias penales, lo que abriría un nuevo frente judicial en una legislatura marcada ya por la tensión política y la creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones.

 ¿Quién vigila a quienes administran?
La conexión entre poder político, relaciones familiares y contratos públicos vuelve a encender todas las alertas. Mientras los tribunales y órganos de control examinan cada pieza del rompecabezas, la transparencia y la rendición de cuentas se imponen como exigencias ineludibles para preservar la confianza democrática.

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