El Tribunal de Cuentas detecta descontrol y anomalías en los Ministerios de Defensa, Justicia y Asuntos Exteriores

El Tribunal de Cuentas ha emitido un informe que pone en evidencia importantes irregularidades en la contratación pública llevada a cabo por los Ministerios de Defensa, Justicia y Asuntos Exteriores durante el ejercicio 2022. La auditoría, centrada en un centenar de contratos con un valor adjudicado superior a los 363 millones de euros, destapa una serie de deficiencias técnicas, procedimentales y documentales que afectan de forma transversal a los tres departamentos.

Contratación sin respaldo suficiente
Entre los aspectos más relevantes del informe, el Tribunal subraya la falta de justificación adecuada en numerosos expedientes, en especial en lo relativo a la necesidad de recurrir a encargos externos. Los informes que deberían acreditar la insuficiencia de medios propios presentan, en muchos casos, argumentaciones imprecisas, genéricas o carentes de sustento documental.

Asimismo, se han detectado errores en los cálculos presupuestarios iniciales, omitiendo costes laborales o referencias a los convenios colectivos aplicables, lo que distorsiona el valor real de los contratos y dificulta la supervisión posterior.

Criterios subjetivos sin garantías técnicas
Otro de los focos de atención del informe se encuentra en la evaluación de las ofertas presentadas por los licitadores. El Tribunal advierte del uso generalizado de criterios subjetivos sin el necesario respaldo técnico. En concreto, se emplearon umbrales de puntuación que permitían eliminar ofertas sin intervención de comités de expertos o entidades técnicas independientes.

Este mecanismo compromete la transparencia del proceso de adjudicación y abre la puerta a prácticas discrecionales. De hecho, se alerta de la utilización de estas valoraciones subjetivas para orientar contratos hacia determinadas empresas, un fenómeno del que ya se han hecho eco distintas investigaciones periodísticas en los últimos años.

El caso del Ministerio de Defensa: garantías, documentos y simuladores
El Ministerio de Defensa es uno de los más señalados por el informe, con 69 contratos revisados, de los cuales varios presentan anomalías significativas.

En ocho casos, las garantías económicas aportadas por los adjudicatarios fueron insuficientes. La razón, según el Tribunal, radica en que se calcularon sobre el importe finalmente adjudicado y no sobre el presupuesto base de licitación, como exige la normativa. Esta irregularidad podría suponer una vulneración del principio de cobertura de riesgos financieros para la administración.

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Además, en al menos dos contratos del mismo ministerio no se incluyó la documentación obligatoria. En uno de ellos —el expediente número 4595, relativo al mantenimiento y adquisición de repuestos para simuladores de vuelo individuales (Clase IX)—, los certificados que acreditan la ejecución del servicio no iban acompañados de facturas ni se hacía referencia a ellas, lo que impide verificar de forma fehaciente los pagos realizados. Tampoco se incorporaron los documentos contables necesarios.

Ejecución económica sin concordancia
Otro de los hallazgos más preocupantes del informe es el desfase entre las cifras adjudicadas y los importes certificados como realmente ejecutados. En el caso de varios contratos del Ministerio de Defensa, los gastos realizados en distintos ejercicios no coinciden con las cantidades comprometidas inicialmente.

Uno de los casos destacados muestra que la suma total certificada (936.699 euros) es sensiblemente inferior al importe adjudicado (1.800.480 euros), sin que consten explicaciones claras sobre la diferencia ni se hayan adoptado medidas para ajustar el proceso de ejecución presupuestaria.

Condiciones contractuales vacías y falta de sanciones
El Tribunal también pone el foco en las denominadas “condiciones especiales de ejecución”, incluidas en muchos de los contratos revisados. Estas condiciones, que deberían recoger requisitos adicionales en materia medioambiental, social o laboral, se limitan en numerosos casos a replicar exigencias ya contenidas en la normativa general. Es decir, no añaden obligaciones específicas ni facilitan una evaluación del cumplimiento posterior.

Pese a estas carencias y a la constatación de incumplimientos por parte de los contratistas, el informe constata que no se han aplicado las sanciones previstas en los pliegos. Esta omisión compromete el principio de responsabilidad y puede incentivar la repetición de prácticas negligentes por parte de los adjudicatarios.

Subcontrataciones sin control efectivo
Otro de los aspectos señalados como especialmente preocupantes es la ausencia de mecanismos eficaces para controlar las subcontrataciones derivadas de los contratos públicos. En muchos casos, no se hace seguimiento del cumplimiento de las condiciones por parte de las empresas subcontratadas, lo que dificulta la trazabilidad de los recursos públicos y debilita la rendición de cuentas.

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Recomendaciones del Tribunal: más documentación, menos ambigüedad
En sus conclusiones, el Tribunal de Cuentas insta a los órganos de contratación, especialmente en el ámbito de Defensa, a documentar de forma específica y detallada la concurrencia de las condiciones que justifican cada contratación. El organismo desaconseja el uso de fórmulas genéricas o referencias abstractas a artículos legales, y recomienda reforzar los procedimientos de supervisión interna.

Asimismo, plantea revisar el uso de criterios subjetivos en las valoraciones técnicas, establecer mejores controles sobre la ejecución presupuestaria y aplicar sin dilación las sanciones previstas en caso de incumplimientos contractuales.

 El informe del Tribunal de Cuentas revela un patrón de deficiencias estructurales en la contratación pública de varios ministerios clave del Estado. Lejos de tratarse de casos aislados, las anomalías detectadas apuntan a una cultura de gestión opaca y desorganizada que podría socavar la eficiencia del gasto público y erosionar la confianza ciudadana en las instituciones.

Una mayor profesionalización en los procedimientos, acompañada de controles más estrictos y sanciones efectivas, se presenta como una necesidad urgente para garantizar la integridad del sistema de contratación pública en España.

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