Diez años de burocracia: la Administración impide a un pueblo de León hacer un cortafuegos pero lo multa por podar un árbol

«Desde 2014 esperamos que nos den permiso para hacer cortafuegos. Pedimos que nos dejen arreglarlos y cuando nos ponemos a arreglar uno, nos denuncian»

Nacional16 de agosto de 2025Impacto España NoticiasImpacto España Noticias
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España vaciada

Los vecinos de Salientes, en el municipio leonés de Palacios del Sil, afectados por el incendio declarado en Fasgar (Murias de Paredes) —aún en nivel 2 de gravedad—, han estallado contra las políticas ecologistas que consideran responsables de que la zona esté indefensa ante el fuego.

La población denuncia que desde hace más de una década se les impide limpiar cortafuegos o desbrozar caminos, quedando expuestos a la devastación cada verano.

«Desde 2014 esperamos que nos den permiso para hacer cortafuegos. Pedimos que nos dejen arreglarlos y cuando nos ponemos a arreglar uno, nos denuncian», lamenta una vecina. Otro añade con resignación: «Nos gustaría que nos dejaran cortar un árbol, pero el urogallo y el oso son más importantes».

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La sensación de abandono es total. «Lo de la lucha de la España vaciada aquí es un chiste», afirma otro habitante, que recuerda que el pueblo carece de cobertura móvil y que el acceso a Internet solo es posible por satélite. En varias emergencias, aseguran, ni siquiera han podido contactar con el 112.

Los vecinos reclaman poder actuar por sí mismos para proteger sus casas y bosques: «Que nos den permiso para limpiar, que la mano de obra la pone el pueblo». Pero mientras las administraciones se pliegan a la burocracia ecologista, las llamas avanzan y los pueblos arden.

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El motivo de esa obligación es evidente: su esposa, Clara Martínez de Careaga, magistrada del Tribunal Supremo y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), emitió en su día un informe favorable a la constitucionalidad de esa misma ley. Este vínculo invalida cualquier apariencia de imparcialidad

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