Un informe reciente de la Guardia Civil ha sacado a la luz una red de pagos entre el PSOE y un medio digital que centra sus críticas en el Gobierno regional de Murcia
Corrupción26 de septiembre de 2025
Impacto España Noticias
Un informe reciente de la Guardia Civil ha sacado a la luz una red de pagos entre el PSOE y un medio digital que centra sus críticas en el Gobierno regional de Murcia. Según la investigación, los fondos se habrían destinado a servicios de comunicación digital y habrían alcanzado los 45.500 euros durante 2024, lo que ha generado un revuelo político considerable.
Origen de la investigación
El caso comenzó a raíz de una denuncia por calumnias presentada por una concejal del Partido Popular en la localidad de La Unión, Murcia. La denuncia señalaba la publicación de artículos falsos sobre su desempeño en un proceso de selección para una plaza de funcionaria y presuntas relaciones familiares con el alcalde. Ante la imposibilidad de identificar al responsable de manera directa, el Juzgado número 3 de Cartagena solicitó la intervención de la Guardia Civil.
La Unidad de Delincuencia Tecnológica inició la investigación, rastreando un número de contacto vinculado al medio digital y localizando a dos personas residentes en el mismo domicilio, implicadas en la gestión del sitio web. El registro del dominio y posteriores maniobras para modificar su titularidad indican intentos deliberados de ocultar la identidad real de quienes estaban detrás del portal.
Pagos y relación con el PSOE
El informe detalla que una de las personas identificadas es propietaria de una empresa que ha trabajado directamente con el Grupo Parlamentario Socialista, gestionando análisis de redes y seguridad digital. Fuentes cercanas al partido han confirmado que la generación de contenido era interna, mientras que los servicios contratados se centraban en aspectos técnicos y de impacto mediático. El contrato con esta empresa fue cancelado en 2025.
Durante 2024, se detectaron doce pagos mensuales que suman 45.519,99 euros, con montos que van desde los 3.500 hasta los 4.000 euros aproximadamente por mes. El informe de fiscalización de subvenciones del Parlamento regional respalda estas cifras y señala la necesidad de una mayor transparencia en el uso de fondos públicos destinados a comunicación digital.
Actividad del medio digital
El medio investigado se caracteriza por no asistir a ruedas de prensa ni participar en actos oficiales, concentrándose en la publicación de denuncias y críticas al Ejecutivo regional y a miembros del Partido Popular. En los últimos cuatro años, el responsable ha solicitado más de 250 accesos a información pública, cifra que evidencia un patrón de seguimiento y recopilación de datos para la generación de contenido crítico.
Una sección particular del sitio web publica denuncias anónimas contra políticos del PP, lo que ha despertado interés judicial por posibles infracciones en materia electoral y de difamación.
Maniobras para ocultar identidad
El registro del dominio evidencia un patrón de cambios estratégicos: se inscribió inicialmente a nombre de una de las personas implicadas, luego se dio de baja y apareció a nombre de un individuo ficticio para autorizar un traslado, antes de pasar finalmente a otra persona. La Guardia Civil destaca estas maniobras como un ejemplo de cómo ciertos medios digitales pueden operar de manera opaca, dificultando su rastreo y control.
Reacciones políticas
El hallazgo ha generado una fuerte reacción del Partido Popular, que considera que se trata de un uso indebido de fondos públicos para la realización de campañas de descrédito contra miembros del Gobierno regional. En contraste, el PSOE ha mantenido silencio institucional; ni la portavoz regional ni el secretario general han emitido declaraciones al respecto.
Expertos en derecho electoral y fiscalización de subvenciones advierten que este tipo de prácticas no solo compromete la transparencia de los partidos políticos, sino que también plantea riesgos para la integridad de la información difundida a la ciudadanía.
Conclusiones del informe
El informe de la Guardia Civil subraya la dificultad de rastrear medios digitales y sus responsables, así como la necesidad de reforzar los controles sobre dominios web y las empresas contratadas para servicios de comunicación. Según el análisis, este caso no solo destapa pagos del partido a un medio digital crítico, sino que también revela cómo se utilizan estructuras empresariales para influir en la opinión pública, generando una opacidad que dificulta la rendición de cuentas.
El proceso judicial sigue abierto, con especial atención a la sección de denuncias anónimas y a las posibles implicaciones legales en materia electoral y de difamación.
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