El papel de la Fiscalía en el desarrollo de las causas que rodean al Gobierno de Pedro Sánchez está más cuestionado que nunca. A la existencia de reuniones entre la trama Leire y el núcleo de confianza del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz se ha sumado un nuevo hallazgo, esta vez, en el procedimiento en el que se investiga a José Luis Rodríguez Zapatero.
Fuentes cercanas a la investigación informan a El Confidencial de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional localizó mensajes personales que evidencian una relación de amistad entre la que fuera fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el abogado de la red Plus Ultra, Miguel Palomero.
Cuando Palomero se refería en las conversaciones incluidas en los informes policiales a una "fiscal amiga" que podía ayudarles a controlar la investigación abierta sobre el rescate de la aerolínea, no exageraba. Rodríguez y él se conocían desde hace años y mantenían contactos fluidos que evidencian su cercanía. Intercambiaban, por ejemplo, felicitaciones en fechas señaladas como los cumpleaños o las Navidades. El tono, aseguran las fuentes consultadas, era el habitual entre dos personas que se conocen y se aprecian.
Esta amistad no tendría mayor relevancia si no existieran evidencias de una postura contraria al avance del caso Plus Ultra por parte de la misma Fiscalía que Rodríguez dirigía y a la existencia de indicios que apuntan a que Palomero propuso hacer uso de su buena relación para tratar de atajar el primer procedimiento que afectaba a Plus Ultra.
Como ya avanzó El Confidencial, el abogado de la red planteó la posibilidad de frustrar las pesquisas a través de sus contactos en la Fiscalía. "La fiscal jefa es amiga", dijo, según se extrae de los mensajes del dueño de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, facilitados por Estados Unidos.
Según expuso la UDEF, después de que el 29 de abril de 2021 se incoaran diligencias judiciales en relación a la concesión de la ayuda pública otorgada a Plus Ultra, Palomero le indicó a Reyes que iba a averiguar detalles sobre la juez encargada del caso en Plaza Castilla, Esperanza Collazos:
"La fiscal jefa es amiga y que hay que cortar esto", destacó. Aunque no concretó el nombre de la persona aludida, la sospecha generalizada fue desde un inicio que hablaba de Rodríguez. La aludida llegó a estar imputada en el caso de revelación de secretos del fiscal general Álvaro García Ortiz y que fue nombrada para la Fiscalía del Supremo recientemente, ya en la etapa de Teresa Peramato.
La trama Plus Ultra se tomó aquella amenaza judicial muy en serio. Palomero propuso hacer "un Kitchen Gabinet" para tratar de controlar posibles daños, a la vez que destacaba que la instrucción era "muy importante". La posición de la Fiscalía de Madrid, que defendió la fiscal María Luisa Llop —a las órdenes de Rodríguez—, siempre fue favorable a los intereses tanto de Plus Ultra como de la SEPI, salpicada ya por entonces por su papel en el rescate.
En julio de 2021, la Fiscalía Provincial de Madrid solicitó el levantamiento de la medida cautelar que mantenía el bloqueo de los 34 millones de la ayuda y el rescate se completó apenas un mes después. La solicitud se presentó aprovechando la ausencia de la jueza Collazos, que se encontraba de vacaciones.
La fiscal apoyó la reclamación de la compañía aérea para que se levantara la suspensión del abono del préstamo participativo que se le había otorgado y que le impedía acceder a una parte significativa del dinero del rescate. El juez que sustituía a Collazos accedió a la solicitud, lo que permitió a la SEPI transferir a la aerolínea la citada cantidad.
Además, como avanzó este periódico, la Fiscalía Provincial intentó que aquellas diligencias se cerraran de forma permanente solicitando su sobreseimiento libre o definitivo. La maniobra habría impedido la reapertura del caso en 2025 y la posterior imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por blanqueo de capitales y tráfico de influencias. No prosperó ante la oposición de la Audiencia Provincial, que avaló el archivo provisional.
Tanto Pilar Rodríguez como la fiscal del caso Llop fueron promocionadas posteriormente. La primera fue designada hace solo unos días a una plaza como fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, en la Sección Social, la misma a la que se incorporó García Ortiz tras quedar inhabilitado por revelar datos privados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La fiscal a sus órdenes, Llop, fue premiada posteriormente por la Fiscalía General con el aval del Gobierno de Pedro Sánchez con un puesto en la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
La actuación de la Fiscalía de Madrid contrasta con la de la Fiscalía Anticorrupción, cuyo papel ha sido fundamental para reabrir el caso. Tras la aparición de datos nuevos obtenidos por Francia y Suiza que investigaban una presunta red de blanqueo vinculada a empresarios venezolanos, la fiscal Elena Lorente solicitó al Juzgado de Instrucción 15 la apertura de una pieza secreta en noviembre de 2025 que acabó llevando a la intervención de Zapatero. La Fiscalía General del Estado abrió esta misma semana expediente gubernativo a ambas fiscales.
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