Lo más controvertido es que, a pesar de que la invalidez del material quedó constatada en junio de 2020, el Govern no emprendió acciones para recuperar el dinero hasta julio de 2023, justo antes de unas elecciones autonómicas que Armengol acabaría perdiendo
Corrupción01 de octubre de 2025
Impacto España Noticias
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ultima un informe decisivo que sitúa a Francina Armengol en el centro de una red de presunto tráfico de influencias que habría favorecido a empresarios vinculados a la llamada “trama Aldama” durante los meses más duros de la pandemia.
El documento, que en breve será trasladado al magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, desgrana dos operaciones clave: la compra de mascarillas defectuosas por parte del Govern balear y la adjudicación millonaria de la residencia de Son Dureta.
Las mascarillas de la discordia
Tal como adelantó en primicia Impacto España Noticias, el Ejecutivo autonómico encabezado por Armengol autorizó en 2020 el pago inmediato de 3,7 millones de euros a la sociedad Soluciones de Gestión SL, vinculada a Víctor de Aldama y al entorno de Koldo García. A cambio, Baleares recibió 1,4 millones de mascarillas que meses después fueron catalogadas como inservibles por incumplir las normas de seguridad.
Lo más controvertido es que, a pesar de que la invalidez del material quedó constatada en junio de 2020, el Govern no emprendió acciones para recuperar el dinero hasta julio de 2023, justo antes de unas elecciones autonómicas que Armengol acabaría perdiendo frente al Partido Popular. Tres años de silencio que, según los investigadores, no tienen justificación administrativa plausible.
Recomendaciones y contactos bajo sospecha
La investigación no se limita a las mascarillas. Según la UCO, existen indicios de que la entonces presidenta autonómica no se limitó a permitir la compra, sino que también habría recomendado la empresa de Aldama y el entorno de Koldo García a empresarios de las islas, con el objetivo de ampliar el negocio. El rastro de estos movimientos se encuentra en conversaciones de WhatsApp entre Armengol y García, donde se aprecia presión para que la presidenta se reuniera con inversores vinculados a la red.
En uno de esos mensajes, el exasesor insistía en que acudiera a un almuerzo con empresarios próximos a Aldama: “Si comes con ellos en una hora te voy a querer siempre”, escribía, adornando el texto con iconos de corazones. La respuesta de Armengol, escudándose en compromisos parlamentarios, no evitó que la relación quedara registrada y ahora sea una pieza clave del sumario.
La obra de Son Dureta: 10,4 millones bajo sospecha
El segundo foco de la investigación afecta a la adjudicación de la residencia de Son Dureta, valorada en 10,4 millones de euros. El contrato fue otorgado a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), propiedad del empresario José Ruz, actualmente imputado en la red de mordidas vinculada al PSOE.
La empresa entró en quiebra en enero de 2024, dejando sin ejecutar un 35% del proyecto. Los investigadores sospechan que detrás de esta adjudicación podrían existir pagos irregulares o retornos económicos a dirigentes de la trama, como ocurrió en otros contratos de la misma empresa, donde se detectaron “pensiones” encubiertas de 2.600 euros mensuales a dirigentes socialistas.
Subvenciones a la expareja de Armengol
El foco judicial también se desplaza hacia Joan Nadal, expareja de Armengol hasta 2020. Nadal, de formación jardinero y posteriormente reconvertido en empresario, percibió 34.515 euros en subvenciones públicas mientras mantenía relación sentimental con la presidenta. Entre 2017 y 2020 recibió ayudas desde distintas consejerías del Govern, dirigidas por responsables nombrados directamente por Armengol.
Aunque las cantidades no alcanzan la magnitud de los contratos anteriores, los investigadores ven en este caso un patrón de favorecimiento político hacia el círculo cercano de la entonces presidenta.
Negaciones y contradicciones
Armengol ha negado en reiteradas ocasiones cualquier vínculo con estas operaciones. En sede parlamentaria llegó a afirmar que “no participó en ningún expediente de contratación” y que desconocía a empresarios como José Ruz o Víctor de Aldama. Sin embargo, los documentos oficiales y la agenda institucional demuestran al menos un encuentro en la sede de la Presidencia balear con Aldama, reunión que Armengol justificó posteriormente alegando que no recuerda todos los encuentros mantenidos a lo largo de su carrera política.
La contradicción entre sus declaraciones públicas y las pruebas que acumula la UCO ha debilitado su posición política y ha alimentado la presión de la oposición, que exige explicaciones inmediatas.
Un escenario político crítico
La investigación ya ha llevado a prisión a figuras clave de la trama, como Santos Cerdán, y ha puesto en el centro del huracán a José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García. La posible implicación directa de Armengol coloca a la actual presidenta del Congreso en una situación política insostenible.
Fuentes cercanas a Moncloa reconocen que el propio presidente Sánchez preguntó directamente a Armengol si tenía las manos limpias, a lo que ella respondió: “Mi gestión en Baleares fue impecable”. No obstante, el informe que la Guardia Civil presentará en breve podría contradecir esa afirmación y abrir un escenario judicial de gran calado.
El caso de las mascarillas y las adjudicaciones bajo sospecha en Baleares es ya uno de los mayores escándalos de corrupción vinculados a la gestión de la pandemia. Impacto España Noticias, que fue el primer medio en desvelar las irregularidades en la compra de material sanitario bajo el mandato de Armengol y Víctor Torres, continuará aportando en exclusiva todos los avances de una investigación que amenaza con sacudir los cimientos del PSOE y de la actual presidencia del Congreso.
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