Impacto España Noticias
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga si el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, utilizó dinero en efectivo procedente del propio partido para pagar la señal de un local en Valencia, adquirido en 2020, el mismo año en que estalló la trama de las mascarillas vinculada a su departamento.
Los investigadores del Instituto Armado sospechan que el pago inicial de 20.000 euros por la compra del inmueble podría haberse efectuado con sobres de dinero entregados durante años al exdirigente socialista bajo el concepto de «liquidaciones de gastos». La UCO no ha hallado, de momento, ningún rastro bancario que acredite la procedencia legal de esa cantidad, lo que ha llevado a incluir la operación en las diligencias patrimoniales abiertas contra el exministro, ya investigado por corrupción en el Tribunal Supremo.
Según la documentación incorporada al sumario, Ábalos adquirió el 23 de marzo de 2020 un local situado en la Avenida Constitución de Valencia a la empresa Metalúrgica Cerrajera del Mediterráneo S.L., representada por Valeriana García Fernández. El precio pactado ascendía a 110.000 euros, de los cuales 20.000 correspondían a la señal y los 90.000 restantes debían abonarse al formalizar la escritura pública.
La compraventa se elevó a escritura notarial el 8 de julio de 2020. En esa fecha se emitieron dos cheques bancarios por valor conjunto de 77.215 euros —uno de 27.215 y otro de 50.000— destinados a la sociedad vendedora. Ese mismo día, la cuenta compartida de Ábalos y su entonces esposa, Carolina Perles Miñana, recibió 50.000 euros procedentes de un préstamo personal vinculado a la operación. Sin embargo, ninguna transferencia ni movimiento financiero justifica el pago de los 20.000 euros iniciales.
El inmueble, que en la actualidad el exministro utiliza como garaje privado y trastero, fue adquirido precisamente en los meses en que el Ministerio de Transportes adjudicaba contratos millonarios de emergencia durante la pandemia, una coincidencia temporal que refuerza las sospechas de los investigadores.
Los agentes de la UCO sostienen que la fianza de la compraventa podría proceder de fondos en efectivo que el PSOE habría entregado a Ábalos de forma periódica mientras ocupaba la Secretaría de Organización del partido. El informe policial cifra esas entregas en al menos 19.638,97 euros en metálico, bajo el concepto de “liquidaciones de gastos”. “El análisis de las evidencias digitales ha corroborado que parte de estas liquidaciones se entregaron en sobres”, recoge el documento.
La Guardia Civil considera que los plazos en que el exministro recibió esas cantidades coinciden con los pagos efectuados por la compra del local, por lo que plantean la hipótesis de que el dinero utilizado para la señal provenga directamente de esos fondos partidarios.
El vínculo entre esta operación inmobiliaria y el caso Koldo se refuerza con otro hallazgo: en los archivos digitales incautados al empresario Víctor de Aldama —uno de los principales investigados por las comisiones en los contratos de mascarillas— apareció el contrato privado de compraventa del local de Ábalos. Para la UCO, la presencia de ese documento en los equipos de Aldama es una prueba que enlaza las investigaciones de ambas tramas.
Los agentes manejan dos posibles explicaciones para el origen del dinero: o bien procedía de los sobres en metálico del PSOE, o bien de las comisiones ilícitas que, según las pesquisas, Aldama habría pagado al exministro. El propio empresario declaró ante la Policía que entregó hasta 450.000 euros a Ábalos “por su intermediación en adjudicaciones de emergencia durante la pandemia”.
Tras adquirir el inmueble, el exministro ordenó una reforma para acondicionarlo como aparcamiento y almacén personal. Durante el registro de su vivienda —ubicada en el mismo edificio— los agentes hallaron documentación sobre el proyecto y la contratación de un arquitecto, datos que también están siendo analizados para determinar el coste real de las obras y el origen de los fondos empleados.
La investigación patrimonial sobre José Luis Ábalos continúa abierta y se suma al proceso judicial que lo mantiene en el foco de las sospechas por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito en el marco del ‘caso Koldo’.
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