Su plan es confluir unidos en estas circunscripciones para que el PP pierda un escaño en esos enclaves
Noticias27 de octubre de 2025
Impacto España Noticias
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han reactivado los contactos para explorar una fórmula de cooperación electoral inédita: concurrir de forma conjunta en 33 provincias donde Sumar no logró representación en las últimas elecciones generales. El objetivo de la maniobra sería doble: concentrar el voto progresista en los territorios más desfavorables para la izquierda y reducir la ventaja del Partido Popular en esas circunscripciones.
La idea responde a una constatación aritmética: en buena parte de las provincias pequeñas, donde se reparten entre tres y cinco diputados, los restos electorales son determinantes. En esos lugares, los votos de las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE suelen quedar sin representación, lo que en la práctica beneficia al bloque conservador. Sánchez y Díaz buscan corregir ese desequilibrio mediante una fórmula de cooperación parcial que evite la dispersión del voto sin imponer una coalición total en todo el país.
Una alianza selectiva y de geometría variable
El plan en estudio no contempla una candidatura unitaria de ámbito estatal, sino una coalición táctica y territorializada. En las provincias donde Sumar no obtuvo escaño en 2023 —una treintena larga, entre ellas Ávila, Soria, Huesca o Cuenca— el PSOE y la plataforma de Yolanda Díaz se presentarían bajo una lista común. En las demás, cada fuerza mantendría su identidad y su marca.
Esta fórmula permitiría aprovechar la implantación local del PSOE, que cuenta con una estructura consolidada en todo el territorio, y canalizar hacia esas listas los votos que, en solitario, Sumar no logra transformar en escaños. En las circunscripciones donde ambas formaciones superaron el umbral de representación, cada una conservaría su espacio propio.
Según fuentes de ambas direcciones, los contactos son todavía exploratorios, pero se desarrollan con el beneplácito de Moncloa y del equipo político de Díaz. La prioridad compartida es evitar que el PP capitalice la fragmentación del electorado progresista, especialmente en las provincias donde un pequeño cambio de porcentaje puede alterar la distribución final de diputados.
El trasfondo electoral: 33 provincias sin voz de Sumar
El sistema electoral español, basado en circunscripciones provinciales con reparto mediante la ley D’Hondt, penaliza severamente la división en territorios con pocos escaños. En esos lugares, la tercera fuerza raramente alcanza los votos necesarios para entrar en el reparto, lo que deja fuera del Congreso a miles de votantes de izquierdas.
En las elecciones generales de 2023, Sumar se quedó sin representación en 33 provincias, muchas de ellas de carácter rural o demográficamente reducido. En la mayoría de esos casos, el PSOE obtuvo uno o dos diputados, y el PP se benefició del resto. El análisis postelectoral muestra que, si los votos de Sumar y del PSOE se hubieran sumado, el bloque progresista habría podido disputar entre cinco y siete escaños adicionales al PP.
Ese cálculo alimenta ahora el debate interno en ambas formaciones sobre la conveniencia de un “pacto de concentración” que maximice los efectos del voto útil de izquierda. Los estrategas socialistas subrayan que no se trata de una absorción, sino de una cooperación puntual “por responsabilidad electoral y sentido práctico”.
Ventajas tácticas y riesgos políticos
La propuesta tiene evidentes incentivos para el PSOE. Con una parte del electorado progresista agrupada en torno a candidaturas conjuntas, el partido podría ampliar su margen de maniobra frente al PP en las provincias más reñidas. Además, proyectaría una imagen de unidad y sentido de Estado en un contexto político polarizado.
Para Sumar, el beneficio sería menos inmediato pero no menor: garantizar representación indirecta en territorios donde actualmente no la tiene, reforzar su peso negociador en el Congreso y evitar la narrativa del voto “inútil” que tanto daño hizo en 2023. No obstante, en el entorno de Yolanda Díaz hay voces que advierten del riesgo de diluir la identidad de la plataforma y de generar confusión en el electorado, especialmente si en unas provincias hay listas conjuntas y en otras no.
El equilibrio entre eficacia electoral e identidad política será, previsiblemente, el punto más delicado de la negociación. También lo será el reparto de puestos en las listas: quién encabeza, quién queda en posiciones de salida y cómo se visualiza la colaboración en la papeleta. Los precedentes de coaliciones asimétricas en España no han sido sencillos y han dejado heridas en las organizaciones implicadas.
Un precedente con sabor europeo
La estrategia recuerda a fórmulas de cooperación empleadas en otros países europeos, como Francia o Italia, donde las formaciones progresistas han recurrido a pactos territoriales para maximizar su representación frente a bloques conservadores. En el caso español, la singularidad radica en su alcance limitado: no se plantea una gran coalición de izquierdas, sino una alianza selectiva diseñada con precisión quirúrgica.
Si prospera, el acuerdo podría reconfigurar el mapa electoral y marcar un precedente para futuras convocatorias. Los equipos técnicos de ambas formaciones ya analizan datos provincia por provincia para estimar el impacto real de la unión. En las simulaciones más optimistas, la izquierda podría recuperar hasta seis escaños que actualmente están en manos del PP, una cifra que en un escenario de equilibrio parlamentario puede resultar decisiva.
Un mensaje de cooperación antes de un ciclo incierto
Más allá de la aritmética, el movimiento tiene una dimensión simbólica: enviar un mensaje de cooperación en un momento de fatiga política y de división interna en el espacio progresista. Tras meses de distanciamiento entre el PSOE y Sumar, y tras el desgaste de la legislatura, una candidatura conjunta en parte del país podría servir para relanzar el discurso de unidad frente a la derecha y la extrema derecha.
Sin embargo, el camino no será sencillo. Habrá resistencias locales, dudas sobre la marca electoral a utilizar, tensiones en los liderazgos y el reto de comunicar a los votantes una estrategia compleja sin que parezca un cálculo de supervivencia. En política, la percepción pesa tanto como los números.
Por ahora, la negociación continúa en silencio, con prudencia y discreción. Sánchez y Díaz coinciden en la conveniencia de actuar con “cirugía electoral” en los territorios donde la dispersión del voto progresista ha sido más costosa. Si logran un acuerdo, España podría asistir a una de las maniobras electorales más sofisticadas de los últimos años: una coalición parcial, pensada no para sumar siglas, sino para restar escaños al adversario.
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