Irene Montero defiende a 'ANTIFA', considerada una organización terrorista en EE.UU. y les anima a seguir

Irene Montero

Las recientes declaraciones de Irene Montero, exministra y actual eurodiputada de Podemos, han reavivado un debate que parecía dormido: ¿qué significa hoy “ser antifascista” en las universidades y en la vida pública? Durante un acto celebrado en la Universidad de Zaragoza, Montero elogió al movimiento antifascista —“lleno de gente joven que se está ocupando de la principal tarea ciudadana de nuestro tiempo, hacer que las universidades y las calles sean espacios seguros y libres de fascismo”—.

El mensaje, en apariencia inocente, encierra una tensión profunda: ¿puede una democracia moderna delegar la defensa de la libertad en movimientos militantes sin control institucional, muchas veces asociados a prácticas de coacción, censura o acoso ideológico?

El antifascismo como bandera y como blindaje
El término antifascismo posee una carga histórica poderosa. Nació como respuesta al auge de los totalitarismos del siglo XX, pero en el siglo XXI ha adquirido una dimensión más difusa y, a menudo, contradictoria. En el discurso político contemporáneo, “antifascismo” no siempre significa oposición a regímenes autoritarios reales, sino rechazo a cualquier disidencia percibida como “de derechas”, “conservadora” o simplemente crítica.

Cuando una dirigente política como Montero legitima públicamente al “movimiento antifascista” sin matizar su pluralidad ni condenar sus excesos, corre el riesgo de reforzar la idea de que el activismo callejero o universitario puede sustituir al debate racional. En lugar de fomentar el diálogo democrático, se avala —aunque sea indirectamente— la política del veto, del señalamiento y de la exclusión ideológica y las agresiones.

Universidades: del ágora al espacio condicionado
El elogio de Montero se produce en un contexto especialmente sensible: las universidades. En los últimos años, numerosos campus europeos y españoles han sido escenario de escraches, boicots o cancelaciones de conferencias por motivos políticos. Profesores, periodistas y activistas que representan visiones disidentes han sido increpados o impedidos de hablar en nombre de un supuesto “antifascismo”.

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Defender que estos grupos “hacen las universidades más seguras” es, cuanto menos, una paradoja. La seguridad no consiste en eliminar ideas incómodas, sino en garantizar que todas puedan expresarse sin miedo. La universidad debería ser un espacio de confrontación intelectual, no un laboratorio de pureza ideológica.

Si la izquierda que representó el feminismo institucional se identifica ahora con sectores que justifican la censura o la agresión en nombre del bien mayor, el precio será la deslegitimación moral de su propio discurso.

El riesgo del doble rasero democrático
La reacción a las palabras de Montero no se ha hecho esperar: mientras parte de la militancia las celebra como una reafirmación de principios, amplios sectores sociales perciben en ellas una alarmante indulgencia con la intolerancia. Es un fenómeno que ya se ha visto en otros países: cuando una causa justa se convierte en coartada moral, deja de someterse a la crítica.

Resulta significativo que los mismos sectores que denuncian la violencia política de la extrema derecha sean menos firmes cuando esa violencia o intimidación proviene de quienes se autoproclaman “antifascistas”. La coherencia democrática exige condenar toda forma de coacción, venga de donde venga. De lo contrario, el antifascismo se transforma en su propia caricatura: una doctrina que combate el autoritarismo con métodos autoritarios.

La erosión del debate libre
El caso Montero revela una fractura más profunda en la cultura política española: la dificultad de aceptar el pluralismo real. La apelación al antifascismo sirve de escudo para evitar el debate, no para enriquecerlo. Y cuando el pensamiento crítico se sustituye por consignas emocionales, la sociedad pierde su brújula moral.

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Nadie duda de que el fascismo, en su sentido histórico, fue un mal absoluto. Pero el abuso del término ha vaciado de contenido esa memoria. Hoy, basta discrepar del consenso progresista para ser tachado de “fascista”. Ese es el terreno donde el fanatismo se disfraza de virtud cívica.

El deber de pensar antes de aplaudir
Irene Montero tiene todo el derecho a defender sus ideas, pero su responsabilidad como figura pública debería ir más allá del aplauso fácil. Cuando se alaba a movimientos cuya praxis incluye el señalamiento o la intimidación de adversarios, el mensaje que llega a la juventud no es el de la libertad, sino el de la obediencia ideológica.

El verdadero antifascismo no consiste en acallar al otro, sino en proteger su derecho a hablar. Y es precisamente esa verdad —incómoda, pero necesaria— la que debería enseñarse en las universidades.

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