Alberto González Amador. Con voz quebrada, el empresario describió cómo su vida cambió tras la publicación de la nota de la Fiscalía y la posterior difusión de su correo electrónico. “Me han destrozado la vida”
Investigacion Judicial05 de noviembre de 2025
Impacto España Noticias
El Tribunal Supremo afronta un proceso inédito en la historia judicial española: el enjuiciamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelación de secretos por la supuesta filtración de datos fiscales de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Tras las dos primeras jornadas de declaraciones, el panorama que se dibuja en la Sala de lo Penal resulta, por el momento, poco favorable para el máximo responsable del Ministerio Público.
Un ambiente tenso y un silencio calculado
García Ortiz llegó este martes a la sede del Supremo con semblante serio y sin hacer declaraciones ante la multitud de cámaras y curiosos que aguardaban su entrada. El día anterior había sido especialmente duro para su defensa: la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, lo había situado directamente en el origen de la filtración, marcando un punto de inflexión en el desarrollo del juicio.
Su testimonio del lunes dejó una frase que resonó durante toda la jornada siguiente: “Has filtrado los correos”, habría reprochado Lastra al fiscal general tras conocer que los mensajes intercambiados entre la Fiscalía y el abogado de González Amador habían terminado en manos de la prensa. Según su relato, García Ortiz respondió con un escueto: “Eso ahora no importa”. La afirmación, de ser cierta, compromete seriamente su estrategia de defensa.
La nota de prensa que desató la tormenta
El martes, las declaraciones se centraron en la gestación de la polémica nota de prensa que la Fiscalía General publicó la noche del 13 al 14 de marzo de 2024, en la que se ofrecían detalles sobre el procedimiento abierto contra González Amador.
La primera en comparecer fue Mar Hedo, jefa de prensa del fiscal general. Explicó que el texto se redactó a altas horas de la madrugada y aseguró ante los magistrados que fue el propio García Ortiz quien dictó su contenido palabra por palabra. Aclaró, además, que ella no tuvo acceso a los correos electrónicos objeto de investigación, lo que refuerza la idea de que la filtración partió de otro nivel dentro del organismo.
A continuación, declaró Íñigo Corral, responsable de comunicación de la Fiscalía de Madrid. Dijo haberse sorprendido por el tono de la nota: “Nunca la hubiera escrito así”, afirmó, añadiendo que trasladó su malestar a la propia Hedo. Su intervención dejó entrever las tensiones internas que el asunto generó entre las distintas fiscalías territoriales y la cúpula de la institución.
Defensa técnica y grietas internas
La defensa de García Ortiz llamó a declarar a Esmeralda Rasillo, fiscal de sala jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General, con la intención de ofrecer una visión más benévola del comportamiento del acusado.
Rasillo trató de restar importancia a las sospechas sobre la gestión de dispositivos personales del fiscal general, justificando que el cambio frecuente de teléfonos móviles —hasta en cuatro ocasiones— era una práctica habitual en su entorno profesional. Sin embargo, sus explicaciones no lograron disipar la percepción de desorganización y opacidad en el funcionamiento interno de la institución.
Durante la mañana también comparecieron el fiscal anticorrupción Diego Lucas y el responsable de comunicación de la Presidencia del Gobierno, Francesc Vallés, quienes aportaron matices sobre los intercambios de información en los días previos a la filtración. Lucas habló de un intento de acuerdo judicial con González Amador que quedó frustrado, mientras Vallés respondió sobre sus contactos con el líder socialista madrileño, Juan Lobato.
Tensión máxima en la tarde
La sesión vespertina elevó la temperatura del juicio. El jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, tomó la palabra en medio de una expectación inusitada. Afirmó que la filtración formaba parte de una “campaña orquestada desde el Gobierno” contra Ayuso y defendió que su polémico mensaje en redes sociales —“el fiscal va pa’lante”— no era más que un pronóstico que, en sus palabras, “no resultó equivocado”.
Su intervención se vio interrumpida brevemente por un fallo eléctrico que dejó sin luz la sala de prensa, un incidente que no hizo sino aumentar la tensión del momento.
El siguiente testimonio fue el más esperado: Alberto González Amador. Con voz quebrada, el empresario describió cómo su vida cambió tras la publicación de la nota de la Fiscalía y la posterior difusión de su correo electrónico. “Me han destrozado la vida”, dijo, asegurando que había pasado de ser un ciudadano anónimo a “el delincuente confeso del Reino de España”. Llegó incluso a confesar entre sollozos: “O me voy de España o me suicido”. El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, le pidió serenidad y le recomendó hablar con su abogado.
El origen de los correos
Precisamente el abogado de González Amador, Carlos Neira, cerró la jornada. Confirmó que su cliente le había solicitado “una vía rápida y discreta” para resolver el proceso por fraude fiscal, motivo por el cual se iniciaron los intercambios de correos con la Fiscalía. Esos mensajes, enviados en un contexto de negociación, son los mismos que semanas después aparecerían reproducidos en varios medios de comunicación, lo que dio origen al actual proceso penal contra el fiscal general.
Un rompecabezas por resolver
A las declaraciones de esta semana se suman las de otros fiscales y funcionarios que participaron en los hechos de marzo de 2024. Entre ellos, Julián Salto, fiscal de delitos económicos, quien relató haber recibido órdenes urgentes y verbales para remitir los correos de González Amador incluso en mitad de un partido de Champions League. Un detalle que, más allá de lo anecdótico, ilustra la precipitación con la que actuó la Fiscalía en aquellos días.
La suma de testimonios dibuja una institución dividida, con fisuras internas evidentes y una dirección bajo sospecha. De las cuarenta personas citadas a declarar, apenas ha comparecido una parte, por lo que el desarrollo del juicio promete nuevas revelaciones en las próximas sesiones.
Consecuencias políticas y judiciales
El proceso contra García Ortiz no solo pone a prueba su futuro personal y profesional, sino también la credibilidad de la Fiscalía General del Estado y la independencia institucional del Ministerio Público. La presencia en el banquillo de quien debía garantizar la legalidad y la reserva de la información judicial supone un golpe simbólico de gran calado.
Al mismo tiempo, el juicio reaviva la confrontación política entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, un pulso que trasciende lo jurídico y se adentra en el terreno de la confianza pública. Las próximas sesiones del Supremo serán determinantes para esclarecer si la filtración fue un error burocrático, una negligencia grave o un acto deliberado desde la cúpula de la Fiscalía.
Por ahora, el caso deja una conclusión clara: por primera vez en la historia democrática española, el fiscal general del Estado se enfrenta al reto de demostrar su inocencia ante los jueces a los que él mismo representaba.
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