En una conversación, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, habría transmitido a Koldo que “la ministra de Trabajo le dijo que la certificación de las mascarillas estaría lista al día siguiente”
Corrupción06 de noviembre de 2025
Impacto España Noticias
La investigación judicial sobre los contratos de mascarillas durante la pandemia continúa revelando nuevas conexiones entre distintos niveles de la Administración.
Según un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, varios altos cargos del Ministerio de Trabajo —incluido su entonces secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey— habrían sido mencionados en conversaciones que, de acuerdo con los investigadores, reflejan intentos de agilizar la validación de material sanitario que resultó ser defectuoso.
El documento, remitido al juez de la Audiencia Nacional encargado del caso, describe una compleja red de contactos en torno a los contratos gestionados por la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., que suministró mascarillas al Gobierno de Canarias en los momentos más críticos de la crisis sanitaria de 2020. Aquellos envíos, según los informes técnicos, no cumplían los requisitos exigidos para el uso sanitario.
Un proceso de validación bajo sospecha
En julio de 2020, el Ejecutivo canario remitió al Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) —dependiente del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), adscrito al Ministerio de Trabajo— varias muestras del material recibido. La finalidad era determinar si las mascarillas cumplían los estándares FFP2. El resultado fue negativo: los ensayos indicaron que el nivel de filtración era inferior al mínimo exigido incluso para la categoría FFP1.
Sin embargo, en paralelo a ese proceso técnico, el informe policial señala una serie de comunicaciones entre distintos actores que buscaban acelerar los plazos de validación. Entre ellos figuraría Koldo García, entonces asesor del Ministerio de Transportes y persona de confianza del exministro José Luis Ábalos, quien habría actuado como mediador de la empresa adjudicataria ante las administraciones públicas.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el 28 de julio de 2020, García contactó con el entonces presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, para interesarse por el estado de las mascarillas enviadas a Sevilla. En la conversación, el asesor habría solicitado información sobre a quién correspondía “lo de Sevilla”, en referencia al centro verificador del Ministerio de Trabajo.
Minutos después, Torres respondió aclarando que se trataba del CNMP, organismo dependiente del INSST. En otro intercambio, Koldo informó de que ya había hablado con Francisco Javier Pinilla, entonces director del Instituto, y con Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado y número dos del Ministerio de Trabajo. Los investigadores interpretan esos mensajes como indicio de que la trama buscó apoyo dentro de la Administración central para acelerar la validación del material.
El papel del Ministerio de Trabajo
El informe policial sugiere que la influencia del asesor de Transportes no se habría limitado a las gestiones con el Gobierno canario. Las comunicaciones recogidas en el sumario reflejan referencias a la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social y al propio Ministerio de Trabajo, que entonces dirigía Yolanda Díaz. En una conversación posterior, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, habría transmitido a Koldo que “la ministra de Trabajo le dijo que la certificación de las mascarillas estaría lista al día siguiente”.
Para los investigadores, este intercambio muestra que las gestiones del asesor pudieron extenderse más allá del ámbito regional, alcanzando a varios ministerios. No obstante, conviene destacar que la presencia de nombres en un informe policial no equivale a una imputación formal. Ninguno de los altos cargos mencionados ha sido acusado judicialmente hasta la fecha, y todos gozan de la presunción de inocencia.
Mascarillas fuera de norma y decisiones políticas
El informe técnico elaborado por el CNMP fue concluyente: las mascarillas enviadas no cumplían con los estándares FFP2. Ante esa constatación, la empresa adjudicataria propuso compensar al Gobierno de Canarias ofreciendo las unidades defectuosas como mascarillas quirúrgicas, a un precio ajustado al mercado de abril de 2020, y completar el pedido con un nuevo lote de mascarillas FFP2.
El Ejecutivo canario aceptó la propuesta sin iniciar acciones por incumplimiento contractual. Esta decisión —según los investigadores— evitó que se cuestionara de inmediato la validez del contrato, lo que benefició a la empresa proveedora. La UCO destaca este punto como uno de los elementos clave de la presunta trama, que habría combinado influencias políticas, rapidez administrativa y falta de control técnico riguroso.
Las comunicaciones que desataron las sospechas
Las conversaciones interceptadas entre Koldo García, Ángel Víctor Torres y distintos funcionarios muestran una sucesión de mensajes que, según el informe, revelan una coordinación intensa para acelerar los plazos de verificación. En uno de ellos, Koldo asegura estar en disposición de visitar a los responsables del Ministerio de Trabajo “cuando lo indique el presidente canario”.
Esa proximidad física —el despacho de Koldo en el número 67 del Paseo de la Castellana, a escasos metros del ministerio situado en el número 63— habría facilitado el contacto directo. Los agentes interpretan esta circunstancia como un posible ejemplo de cómo la red intentaba valerse de las relaciones personales para obtener decisiones favorables o rápidas en el ámbito técnico-administrativo.
Repercusiones políticas y judiciales
La inclusión de nombres de altos cargos en un informe de la Guardia Civil ha tenido un impacto político considerable. Los partidos de la oposición han solicitado explicaciones públicas y la comparecencia de los responsables ministeriales en las comisiones parlamentarias correspondientes. Desde el entorno de los aludidos, se sostiene que la intervención de los organismos del Ministerio de Trabajo se limitó al cumplimiento de su función técnica y que no existió irregularidad alguna.
En el plano judicial, la causa sigue bajo instrucción en la Audiencia Nacional. El juez mantiene abiertas varias líneas de investigación que abarcan desde la presunta corrupción en la adjudicación de contratos hasta la posible manipulación de informes técnicos. Hasta ahora, las imputaciones formales se concentran en los principales intermediarios y empresarios vinculados a la trama, mientras que los cargos mencionados en el informe no figuran como investigados judicialmente.
Un caso que trasciende la pandemia
El caso Koldo ha puesto de relieve las debilidades del sistema de contratación pública en situaciones de emergencia. La necesidad de actuar con rapidez durante los primeros meses de la pandemia permitió excepciones en los procedimientos de control, lo que abrió la puerta a posibles abusos. La Guardia Civil subraya en su informe que las influencias ejercidas por determinados intermediarios no se habrían limitado a una sola administración, sino que pudieron extenderse por distintas estructuras del Estado.
La investigación también deja en evidencia el papel determinante que tuvieron los organismos técnicos en la validación de materiales críticos, y cómo la presión política y económica podía interferir en sus tiempos y procedimientos. Los analistas señalan que el caso servirá para revisar los protocolos de contratación de emergencia y los mecanismos de transparencia administrativa.
La instrucción judicial continúa, y los datos contenidos en los informes policiales dibujan un panorama de presuntas interferencias políticas en procesos técnicos clave. La figura de Koldo García emerge como el eje de una red de mediaciones que habría conectado a empresarios, gobiernos autonómicos y responsables ministeriales.
Por el momento, las pruebas disponibles apuntan a un entramado que aprovechó la urgencia sanitaria para obtener beneficios económicos y acelerar validaciones de material inservible. Sin embargo, las responsabilidades penales o administrativas aún están por determinar.
El caso, más allá de los nombres implicados, plantea una cuestión esencial: cómo asegurar que la agilidad necesaria en tiempos de crisis no se convierta en una puerta abierta a la corrupción y al descrédito de las instituciones públicas.
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