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El Tribunal Supremo ha dejado visto para sentencia el juicio contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, acusado de un delito de revelación de secretos al supuestamente haber participado en la filtración de un correo electrónico confidencial perteneciente a la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La causa ha adquirido una relevancia excepcional por la posición institucional del acusado y por las implicaciones políticas y judiciales que rodean el caso.
El origen del caso
El conflicto surge el 2 de febrero de 2024, cuando el abogado de González Amador remite un correo a la Fiscalía con una propuesta para alcanzar un acuerdo penal, reconociendo dos delitos fiscales y planteando una negociación que evitara un procedimiento judicial completo. El mensaje estaba amparado por el derecho a la defensa y sometido a estricta confidencialidad.
El 13 de marzo, el correo fue reenviado al fiscal general por el fiscal encargado de la causa, después de recibir una orden directa y urgente. Apenas minutos más tarde, fragmentos literales del documento se hicieron públicos, lo que dio pie a la acusación de que García Ortiz habría facilitado la información.
Las partes acusadoras sostienen que el fiscal general utilizó su cargo para dirigir una filtración con impacto político y mediático, vulnerando derechos procesales protegidos.
Acusación penal y episodios investigados
La acusación solicita pena de prisión e inhabilitación para cargo público, alegando que la filtración atentó contra la confidencialidad de un procedimiento en fase preprocesal. El caso adquirió mayor dimensión cuando, el 16 de octubre de 2024, tras su imputación, García Ortiz eliminó mensajes de WhatsApp, correos electrónicos internos, archivos PDF y Word, y el historial de navegación de su teléfono móvil, además de cambiar de dispositivo una semana después.
La acusación interpreta estos hechos como un intento de destrucción de pruebas. La defensa argumenta que responde a protocolos internos de seguridad de la Fiscalía.
La Unidad Central Operativa (UCO) no halló rastro digital que demostrara circulación previa del correo antes de que llegara al fiscal general, lo que contradijo declaraciones periodísticas que afirmaban haber conocido el contenido antes de la filtración.
La estrategia defensiva: los testimonios de periodistas
En su alegato final, la defensa del fiscal general basó parte de su argumentación en declaraciones de varios periodistas, buscando acreditar que el contenido del correo habría circulado por vías externas antes del 13 de marzo. El abogado defensor repasó las declaraciones de seis profesionales de distintos medios afines al Gobierno, enumerándolas como prueba indirecta de la presunta inocencia de García Ortiz.
“Vamos a hablar del señor José Precedo. Su declaración aparece corroborada por dos testimonios que han depuesto en este acto. Titula con una rotundidad que solo la garantía de que lo que estás diciendo es real puede sostener. Sus declaraciones han sido corroboradas por otras personas, en particular por el director del diario”, afirmó la defensa.
Sobre Alfonso Pérez Medina, la defensa sostuvo:
“Su declaración en juicio es sensiblemente más consistente que la prestada en instrucción. No hay motivación espuria en que un periodista con más de veinte años de trayectoria ponga en riesgo su reputación para proteger no se sabe qué. Y su testimonio se ve corroborado públicamente por Antonio García Ferreras”.
En relación con Miguel Ángel Campos, se destacó que:
“Ha sido persistente, consistente y creíble. Indicó que su fuente le había secuestrado la publicación del correo del 2 de febrero. Dio detalles: dijo que su fuente era un hombre y trabajaba en una tercera planta. Lo dijo públicamente el 10 de enero. Y la Fiscalía de Madrid está en una tercera planta de General Castaños”.
Por último, respecto a José Manuel Romero, la defensa señaló:
“Ha declarado que se le trasladó la información sobre la voluntad del señor González Amador de reconocer los hechos desde el 12 de marzo. Su testimonio se ve corroborado documentalmente”.
Un juicio marcado por la tensión institucional
Durante la vista oral, la Abogacía del Estado pidió la nulidad del procedimiento alegando irregularidades en la investigación tecnológica, mientras que la Fiscalía institucional solicitó la absolución del fiscal general afirmando que no existe prueba directa de la filtración.
La controversia creció cuando representantes del Colegio de Abogados de Madrid calificaron las explicaciones del fiscal general como “autoincriminatorias”, criticando su afirmación de que “la verdad no se filtra, se defiende”.
La lectura política del caso también ha cobrado relevancia mediática: para algunos analistas, el proceso expone un choque entre aparato institucional y dinámica partidista; para otros, un precedente sobre los límites entre transparencia y secreto profesional.
Conclusión y expectativa
La causa, presidida por el magistrado Andrés Martínez Arrieta, ha quedado vista para sentencia tras seis sesiones. La decisión del Supremo determinará no solo el futuro profesional de García Ortiz, sino también un precedente jurídico sobre cómo deben manejarse filtraciones en procedimientos protegidos.
Un fallo condenatorio podría transformar los protocolos internos de la Fiscalía y redefinir el equilibrio entre derecho de defensa y comunicación institucional. Una absolución, en cambio, reforzaría la tesis de que la causa responde a un conflicto político con trasfondo judicial.
La sentencia será, en cualquier caso, histórica.
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