La decisión más reciente de la magistrada ha sido declarar secretas las actuaciones, medida habitual en fases iniciales cuando se busca evitar filtraciones que puedan interferir en la investigación
Corrupción17 de noviembre de 2025 TO
La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dos Hermanas (Sevilla) ha decretado el secreto de las diligencias previas abiertas contra Francisco Salazar, antiguo asesor de la Presidencia del Gobierno, y contra Francisco Toscano, exalcalde socialista de la localidad y figura histórica del municipalismo andaluz tras permanecer casi cuatro décadas al frente del consistorio.
La resolución judicial se enmarca en la investigación sobre el sueldo municipal que Salazar habría percibido entre los años 2012 y 2017, etapa en la que, según la denuncia que dio origen a la causa, habría cobrado 2.000 euros mensuales sin cumplir presencialmente con sus funciones en el Ayuntamiento. Durante ese periodo, el asesor se encontraba supuestamente trabajando en Madrid, primero vinculado a labores orgánicas dentro del partido y, posteriormente, ya en Moncloa tras la moción de censura de 2018 que dio lugar al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez.
Inicio de la causa y encargo de la investigación
La magistrada instructora, María del Valle, abrió diligencias tras recibir una querella presentada el pasado mes de julio y consideró necesario profundizar en la verificación de los hechos. En un auto anterior, señalaba que no se había aportado prueba documental suficiente junto al escrito de querella, por lo que, para un adecuado esclarecimiento, se ordenaba iniciar una investigación formal.
El juzgado ha solicitado la participación de la Guardia Civil, a la que ha encomendado la recopilación de documentación y testimonios. Entre los requerimientos se encuentran los archivos laborales del Ayuntamiento de Dos Hermanas, así como la posibilidad de tomar declaración tanto a los investigados como a testigos vinculados al caso, respetando las garantías procesales correspondientes.
Para ejercer la acusación popular, el órgano judicial impuso al partido denunciante una fianza de 3.000 euros, condición previa para poder intervenir activamente en la causa.
Declaración de secreto y repercusiones administrativas
La decisión más reciente de la magistrada ha sido declarar secretas las actuaciones, medida habitual en fases iniciales cuando se busca evitar filtraciones que puedan interferir en la investigación. Esta decisión ha impedido que el Ayuntamiento proporcione datos económicos relativos al contrato y remuneraciones de Salazar correspondientes al periodo examinado.
En respuesta a una solicitud ciudadana de acceso a la información pública, el consistorio confirmó que, por orden judicial, no es posible divulgar documentación económica mientras se mantenga la declaración de secreto, limitándose a acatar la resolución del tribunal.
Respuesta política y contexto institucional
La apertura de la causa ha generado un intenso debate político en la localidad sevillana. Representantes locales de Vox han asegurado que la investigación supone un paso decisivo para aclarar lo que consideran una gestión personalista del Ayuntamiento durante los largos años de gobierno socialista. Según sus declaraciones, el municipio habría sido utilizado como “instrumento partidario” y como soporte de estructuras vinculadas al poder orgánico del partido.
Las críticas se extienden también a la figura de Salazar, quien recientemente fue señalado en otro frente polémico por presunto acoso laboral y cuya área de responsabilidad en la estructura de Presidencia fue suprimida dentro de una reorganización interna.
A juicio del partido querellante, tanto Toscano como Salazar representan piezas clave en un supuesto entramado que habría excedido la estricta gestión municipal. Sus representantes insisten en que continuarán exigiendo responsabilidades “hasta las últimas consecuencias” y sostienen que nadie debe situarse por encima de la ley.
Significado jurídico y próximos pasos
Con la investigación bajo secreto y en manos de la Guardia Civil, el procedimiento entra ahora en una fase de recopilación de pruebas y toma de declaraciones. El juzgado deberá determinar si existen indicios suficientes para continuar hacia la imputación formal por posibles delitos relacionados con la administración pública o si, en caso contrario, procede archivar la causa.
La decisión final dependerá de la documentación que se registre y del resultado de las diligencias que se practiquen en las próximas semanas.
La causa abierta contra Francisco Salazar y el exalcalde Francisco Toscano abre un nuevo frente judicial que puede tener consecuencias tanto políticas como institucionales en Dos Hermanas. La declaración de secreto subraya la sensibilidad del caso y anticipa un escenario procesal que previsiblemente será largo y de gran interés público.
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