Por su parte, desde el entorno socialista se sostiene que el partido no presentará acciones legales adicionales contra Díez por el momento, argumentando que la antigua militante estaría rectificando parte de sus afirmaciones iniciales y colaborando en esclarecer lo sucedido
Investigacion Judicial17 de noviembre de 2025
Impacto España Noticias
El magistrado Arturo Zamarriego, responsable de la investigación conocida como caso Leire Díez, ha solicitado formalmente a la Fiscalía que se posicione respecto a dos cuestiones clave que podrían marcar el rumbo de la causa: si considera procedente imputar a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del Partido Socialista, y si debe reconocerse a Miguel Bernad, líder del sindicato Manos Limpias, como perjudicado dentro del procedimiento, lo que le permitiría ejercer la acusación particular.
La petición se recoge en una reciente resolución judicial que responde a la solicitud de la acusación popular, la cual reclama la práctica de nuevas diligencias vinculadas con supuestas maniobras desarrolladas en el entorno de la exmilitante socialista Leire Díez, considerada una figura central en un entramado que habría tenido como objetivo la obtención de información para utilizarla presuntamente con fines de presión o desacreditación contra organizaciones y personas concretas.
Exigencia de investigación sobre la participación de Cerdán
La acusación popular fundamentó su solicitud en una serie de mensajes intercambiados a través de aplicaciones de mensajería entre el empresario Luis del Rivero y el fiscal Ignacio Stampa, en los que se habría señalado que Cerdán actuó como emisario gubernamental en un supuesto intento de chantaje relacionado con actuaciones judiciales sensibles. Estos elementos llevan ahora al juez a reclamar la opinión del Ministerio Público sobre la posible implicación del dirigente socialista en los hechos objeto de investigación.
Miguel Bernad solicita ser reconocido como víctima
Paralelamente, el secretario general de Manos Limpias presentó un escrito ante el juzgado solicitando ser reconocido como perjudicado directo por las actuaciones atribuidas a Leire Díez y a su equipo. Según su versión, la exmilitante socialista habría recopilado y gestionado información procedente de accesos presuntamente ilícitos a comunicaciones del sindicato, señalando en concreto la existencia de una carpeta identificada como “archivo correos Manos Limpias”.
Bernad considera que este seguimiento formaría parte de una operación dirigida a localizar información comprometedora para desgastar al sindicato y frenar investigaciones judiciales impulsadas por la organización, entre ellas la que afecta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. La entidad fue promotora de la denuncia que dio origen a esta investigación.
En su solicitud, el líder sindical atribuye estas actuaciones a un entramado interno que describe como “la cloaca” vinculada a la sede del partido en Ferraz, cuyo propósito habría sido —según sostiene— neutralizar procedimientos judiciales en curso y obstaculizar el trabajo de los tribunales.
Evolución judicial del caso
La declaración de Leire Díez ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid estaba inicialmente prevista para fechas recientes, pero ha sido finalmente reprogramada para el 17 de noviembre, aplazamiento justificado por necesidades procesales.
Por su parte, desde el entorno socialista se sostiene que el partido no presentará acciones legales adicionales contra Díez por el momento, argumentando que la antigua militante estaría rectificando parte de sus afirmaciones iniciales y colaborando en esclarecer lo sucedido. No obstante, el contenido de esta colaboración y su alcance real permanecen aún bajo secreto de sumario.
El caso se produce en un ambiente marcado por una fuerte tensión institucional y política. Diversos sectores exigen mayor transparencia respecto a presuntos entramados destinados a influir en procesos judiciales, mientras que los partidos intensifican su presión parlamentaria en relación con otros asuntos que afectan al actual Gobierno.
El avance de la investigación y la posición que adopte la Fiscalía pueden resultar determinantes en un escenario en el que empiezan a confluir tanto intereses judiciales como implicaciones políticas de gran alcance.
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