Una carta en la que también agradece «la confianza depositada» por el Gobierno en junio de 2022, cuando fue nombrado. «Una vez conocido el fallo, es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad»
Nacional24 de noviembre de 2025
Impacto España Noticias
Álvaro García Ortiz ha presentado su dimisión como fiscal general del Estado tras ser condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
En una carta remitida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, García Ortiz ha anunciado que deja el cargo de fiscal general en «profundo respeto a las resoluciones judiciales» tras la sentencia del Supremo y que por ende, ha llegado «el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad».
Así lo recoge en la misiva remitida al titular de Justicia. Una carta en la que también agradece «la confianza depositada» por el Gobierno en junio de 2022, cuando fue nombrado. «Una vez conocido el fallo, es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad», apostilla.
El cese se hará efectivo cuando lo acepte el Consejo de Ministros y se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El pasado jueves, 20 de noviembre, el Gobierno anunció que nombraría a un nuevo fiscal general «en los próximos días». Así lo manifestó Bolaños en una comparecencia ante los medios, en la que aseguró que no comparte la sentencia contra el hasta ahora máximo representante del Ministerio Público.
Condena al fiscal general
El Tribunal Supremo ha condenado a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, al que tendrá que indemnizar con 10.000 euros por los daños morales ocasionados.
Asimismo, tendrá que pagar una multa de 7.200 euros. Y al ser condenado, también tendrá que cargar con las costas del juicio, incluyendo las de la acusación particular.
García Ortiz se convierte así en el primer fiscal general de Estado condenado de la historia de España. La condena por este delito de revelación de datos reservados (artículo 417.1 del Código Penal) ha sido dictada por una mayoría aplastante de los miembros del tribunal: cinco votos a favor y dos en contra.
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