La ley liberticida LGTBI que promueven PSOE, ERC, Bildu y Sumar permitirá cerrar medios digitales y retirar publicaciones críticas mediante un mecanismo de censura gubernamental
Nacional26 de noviembre de 2025
Impacto España Noticias
Una nueva ley liberticida LGTBI avanza en el Congreso. El PSOE, junto a sus socios comunistas y separatistas de ERC, EH Bildu, Sumar y BNG, impulsa un marco legal que permitirá cerrar medios digitales cuyas noticias se consideren “discriminatorias” con el colectivo LGTBI o con su cosmovisión. El Gobierno requeriría autorización judicial, pero dirigiría todo el procedimiento.
Estos partidos defienden esta reforma con la excusa de siempre de una ampliación de derechos, aunque la iniciativa abre un camino de control ideológico y de represión que persigue y castiga la libertad de expresión. El texto indica que el Ejecutivo podría retirar artículos o cerrar medios cuando un órgano gubernamental interprete que un contenido vulnera la “dignidad de la persona” o la orientación sexual, identidad o expresión de género.
El epicentro del proyecto se encuentra en la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, que asumiría la competencia para solicitar “interrumpir la prestación de servicios de la sociedad de la información o retirar contenidos”. Esta estructura permitiría que un organismo dependiente del Gobierno ejerza una censura directa sobre medios críticos.
Este blindaje ideológico convierte la ley liberticida LGTBI en un instrumento que muchos juristas consideran incompatible con la democracia. El texto también menciona la protección de menores LGTBI, aunque el alcance real depende del criterio de la administración que controle el proceso.
Un procedimiento diseñado para señalar, censurar y cerrar publicaciones
El proyecto marca un recorrido de censura muy claro. El organismo gubernamental acusaría al medio. Ese señalamiento permitiría iniciar un juicio acelerado para bloquear contenidos. El organismo pediría a un juzgado habilitado el cierre del medio digital o la retirada de algunas noticias.
El juez convocaría una audiencia urgente en un máximo de dos días. En esa vista participaría el acusador público, el Ministerio Fiscal y las “personas titulares de los derechos y libertades afectados”. Incluso terceros podrían intervenir en este juicio ideológico.
El juez decidiría en otros dos días si autoriza el cierre del medio o frena la ejecución. El proceso funcionaría como un engranaje de presión constante. Un simple señalamiento bastaría para paralizar a un medio crítico durante días. Muchas redacciones optarían por autocensurarse para evitar conflictos.
La ley liberticida LGTBI introduce además una ambigüedad peligrosa: el Gobierno definiría qué significa contenido “discriminatorio”. Con esa definición a la carta, cualquier artículo crítico con la ideología de género, sus postulados o la agenda política que impulsa ese bloque podría quedar bajo investigación.
Un ataque directo a los derechos constitucionales y a la libertad del periodismo
La reforma modifica la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal para penalizar las llamadas “terapias de conversión”. Sin embargo, sus socios usan esta tramitación para construir un mecanismo de control y censura informativa. El texto que debaten ahora los grupos del Gobierno ya supera el marco penal original y se convierte en una amenaza contra los medios libres.
Esta maniobra demuestra una estrategia común en la extrema izquierda ideológica: introducir medidas liberticidas a través de leyes que, en apariencia, buscan proteger derechos. El resultado final provoca una erosión profunda en el pluralismo informativo. Y la ley liberticida LGTBI representa el ejemplo más grave de los últimos años.
El Gobierno intenta crear un clima donde la crítica se convierte en delito moral y donde la ideología de género funciona como vara de medir. La ley liberticida LGTBI marca un punto de inflexión. Si el Gobierno cierra medios digitales bajo criterios ideológicos, España perderá uno de sus pilares esenciales: la libertad de expresión.
Comparte con tus contactos
¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a [email protected]
Comparte en Redes Sociales
Apoya el periodismo independiente y crítico
Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter
Haz tu Donación
Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias
Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7
Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv
Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag
YOUTUBE:https://youtube.com/@impactoespananoticias
Odysee: https://odysee.com/@impactoespa%C3%B1anoticias:a
WhatsApp: 635967726
El euro digital y control social preocupa a ocho de cada diez españoles, que creen que esta nueva moneda aumentará la vigilancia sobre pagos y personas
Israel estaría investigando si parte del dinero público enviado por el Gobierno de Pedro Sánchez a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) pudo acabar desviándose a estructuras controladas por Hamás, la organización islamista catalogada como terrorista por la UE y la ONU
El Gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto a Teresa Peramato Martín como nueva fiscal general del Estado. Se trata de una de las candidatas que se barajaban a sugerencia del propio Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación
De esta forma, según el análisis técnico realizado por COAG, el encarecimiento final del precio de venta al público oscilaría entre un 6,5% en un escenario conservador (cuando industria y distribución absorben el 30% del impacto), pero que llegaría al 9,3%
«En todo caso no, en este caso. La página web que ustedes utilizan para recaudar dinero es crowdfunding.somossocialistas.es y la página web somossocialistas.es según la información de dominio, no voy a sacarle un medio que no le guste. Eldiario.es. Titular: Pedro Sánchez Pérez-Castejón»
El “pasaporte” COVID-19 discriminó a la población no vacunada. Los responsables políticos promovieron una fractura social injustificable. Los datos oficiales acreditan que más de 35.000 personas vacunadas fallecieron por COVID-19 en España
La búsqueda de Martiño Ramos fue muy mediática por abusar de una menor con prácticas sádicas en Orense, donde el fugitivo fue militante de la formación En Marea
El “pasaporte” COVID-19 discriminó a la población no vacunada. Los responsables políticos promovieron una fractura social injustificable. Los datos oficiales acreditan que más de 35.000 personas vacunadas fallecieron por COVID-19 en España
El rigor del imperio de la ley, incluyendo la jurisdicción penal, debe extremarse con los miembros del Gobierno y del Parlamento, porque de lo contrario se impulsa la corrupción y se llega a la decadencia, como ha pasado en España según se acredita en estas denuncias
"No me hagáis una putada que ya veis siendo bueno las cosas que hago, siendo malo imaginad lo que os puedo hacer. Me doy miedo a mí mismo de lo que puedo hacer, id con cuidado porque os puedo hacer mucho daño"
La agenda telefónica de Koldo García contenía cuatro contactos vinculados directamente a Bildu, lo que sugiere un seguimiento estrecho de los interlocutores de la formación
