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Otro gesto. Una de las principales exigencias de Carles Puigdemont a Pedro Sánchez en la lista de asuntos pendientes para reconstruir la confianza entre el PSOE y Junts es aprobar herramientas legales para combatir con mucha más contundencia el problema de la multirreincidencia de delitos. Y eso está a punto de suceder, después de que este jueves se haya dado un decisivo paso adelante con la aprobación de la ponencia de la reforma que endurecerá el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
PSOE, PP y Junts han aprobado seis enmiendas que desbloquean definitivamente la propuesta y que dejan la paradójica imagen de los socialistas avanzando en una iniciativa con el consenso de todas las derechas y con la protesta de algunos de sus aliados de izquierdas, como Podemos y EH Bildu, y las dudas de Sumar.
La introducción de las seis enmiendas se ha dado en el marco de la ponencia de la Comisión de Justicia que aborda la Proposición de Ley Orgánica de multirreincidencia, que aprobó el dictamen. La consecuencia es la descongelación de una ley que Junts presentó en 2024 y que llevaba durmiendo en un cajón más de un año desde que fuera admitida.
El proyecto ha estado relegado hasta ahora, que el PSOE se ha visto contra las cuerdas y ha reaccionado. Y es que, la iniciativa que presentó Junts aparece en la lista de los agravios que llevaron a Puigdemont a romper con el PSOE y a retirar el apoyo parlamentario al Gobierno.
Ahora los socialistas tratan de acelerar en busca de una reconciliación con Junts que permita salvar la legislatura. Es un gesto dentro de una estrategia global del Gobierno que ha vislumbrado esta misma semana el presidente al reconocer sus "incumplimientos" con Puigdemont y al conjurarse para tratar de arreglarlo pronto.
En busca de ese objetivo de recuperar a Junts, el PSOE ha dado por buenas tres enmiendas transaccionales presentadas por el PP que tienen su origen en una ley de multirreincidencia propia de los populares. También el PP ha logrado sacar una enmienda in voce. En cuanto a las primeras, están relacionadas con los hurtos reiterados de teléfonos, dispositivos móviles y casos de estafas multirreincidentes que, ahora, verán incrementadas las penas.
Fuentes del PP informan de que esas tres enmiendas transaccionales han salido adelante por la mayoría de los grupos y niegan tajantemente que su aprobación sea consecuencia de una "negociación previa" con el PSOE. Por tanto, estas fuentes zanjan: "No se trata de ningún acuerdo a tres". En este sentido, apuntan que las propuestas aceptadas han contado con el apoyo de otros grupos, entre ellos, Vox.
Penas más duras y orden de alejamiento de barrios
En cuanto al contenido de los cambios, entre las medidas incorporadas destacan varias. Una es para endurecer las condenas a quienes hubieran sido condenados al menos por tres delitos de la misma naturaleza y siendo al menos uno de ellos leve.
También está el poder imponer una orden de alejamiento a una persona durante la investigación de un delito. Ya sea para proteger a la víctima o para evitar la reiteración del delito. Así, se podrá imponer de manera cautelar la prohibición de acudir a un determinado lugar, ya sea un barrio, un municipio, una provincia u otra entidad local, o incluso una comunidad autónoma.
Hay otros cambios más. Uno que tiene que ver con las narcolanchas y lo que se conoce como "petaqueo". La adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, o suministro con temeridad manifiesta de cualquier combustible líquido contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter general, se castigará con la pena de prisión de uno a cinco años.
Respecto a los delitos cometidos en internet o mediante el teléfono o la tecnología de la comunicación, el juez podrá acordar la retirada provisional de contenidos ilícitos, interrupción de los servicios que ofrezcan dichos contenidos o el bloqueo cuando radiquen en el extranjero.
Fuentes del PSOE celebran que el trámite parlamentario de la proposición de ley de multirreincidencia "avance con el consenso de varias formaciones políticas" y que se haya producido un "entendimiento" que permitirá que el texto incorporado "se ajuste mejor" al posicionamiento de los socialistas "frente a opciones que podrían ofrecer exclusivamente otros grupos de la derecha".
La ponencia ha concluido con un dictamen que se elevará a la Comisión de Justicia y ésta se reunirá para aprobarlo la próxima semana. Con ese paso, la iniciativa de Junts podrá llegar al Pleno del Congreso para su aprobación final a la vuelta de las vacaciones de Navidad.
La duda es la fecha exacta. Si se habilita enero para la actividad parlamentaria, que de normal no lo está, la ley se aprobará durante ese mes. En cambio si no se habilita, pues la propuesta tendrá que esperar hasta febrero.
En cualquier caso, el consenso político que ha alcanzado el PSOE con los partidos de la derecha garantiza un desenlace favorable en el Congreso y, a continuación, en el Senado. El problema lo tendrá con sus socios de izquierdas y si su oposición a la ley abre un conflicto.
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