La izquierda ha convertido al Poder Judicial en el enemigo a batir. A medida que avanzan las investigaciones que afectan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Ejecutivo y sus socios han desplegado una ofensiva sin precedentes contra jueces y tribunales. El objetivo es desacreditar a quienes instruyen los siete grandes casos judiciales que amenazan con desestabilizar la legislatura.
La estrategia se repite en todos los frentes. Descalificaciones públicas, cuestionamiento de la imparcialidad de los magistrados y presión política desde el Consejo de Ministros y desde el aparato mediático afín. Todo ello mientras las causas avanzan y los tribunales avalan las decisiones de los instructores.
El caso Begoña Gómez y el señalamiento al juez Peinado
Uno de los principales focos de ataque ha sido el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso que investiga a Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo. Desde el Gobierno no han cesado los reproches personales y las insinuaciones sobre una supuesta persecución política.
Pese a ello, la Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado los principales avances del procedimiento. La semana pasada confirmó la imputación por malversación de Cristina Álvarez, asesora en Moncloa y principal investigada, por el uso de recursos públicos en el entorno de la esposa del presidente. El proceso avanza con vistas a un eventual juicio en 2026.
La condena al ex fiscal general y el choque con el Supremo
La ofensiva contra la Justicia se intensificó tras la condena al ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El Tribunal Supremo le impuso dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por la filtración de datos confidenciales del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La reacción del Gobierno fue inmediata. El fallo fue calificado de «injusto» y desde la izquierda se puso en cuestión la neutralidad del tribunal, pese a tratarse de la Sala de lo Penal del Supremo, que declaró culpable a García Ortiz por cinco votos a dos.
Tras la sentencia, se dio pábulo a la difusión de audios que pretendían comprometer el deber de reserva de varios magistrados. En uno de ellos, el presidente de la Sala y ponente de la sentencia, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, realizaba un comentario distendido al término de una formación del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, personado como acusación popular.
El propio Tribunal Supremo aclaró que se trataba de un curso habitual y que no existía conflicto alguno. Esta misma semana, el Alto Tribunal rechazó la querella presentada por el eurodiputado de Catalunya en Comú, Jaume Asens, contra Martínez Arrieta. El auto concluye que «no se reveló una información directa y unívoca», desmontando el intento de desacreditar la sentencia.
El hermano de Sánchez y el desplome del PSOE en Extremadura
Otro de los frentes que incomodan a Moncloa es el que afecta al hermano del presidente. David Sánchez se sentará en el banquillo en 2026 por el presunto enchufe en la Diputación de Badajoz. Junto a él será juzgado el ya dimitido secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.
El calendario judicial coincide con un duro castigo electoral. El pasado domingo, el PSOE extremeño perdió diez escaños, al pasar de 28 a 18 respecto a los comicios de 2023. El juicio se celebrará en mayo en la Audiencia Provincial de Badajoz.
El caso Koldo y la corrupción en Transportes
El caso Koldo constituye otro de los pilares del cerco judicial. El primer juicio se celebrará en 2026 contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por la trama de compra de material sanitario durante la pandemia.
Ábalos y García permanecen en prisión provisional en Soto del Real y se enfrentan a penas de hasta 30 años de cárcel. El instructor avanza, además, en la pieza separada sobre presuntos amaños de obra pública, que ya llevó a prisión al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Ferraz, Hidrocarburos y la Audiencia Nacional
A estos procesos se suma la investigación de la Audiencia Nacional sobre pagos en efectivo en la sede del PSOE en la calle Ferraz. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil analiza un listado de abonos y justificantes en el que figuran pagos atribuidos al líder socialista.
De forma paralela, los agentes avanzan en el denominado caso Hidrocarburos, que alcanza ya a los Ministerios de Transición Ecológica e Industria. El instructor ha citado como testigos a los jefes de gabinete de las exministras Reyes Maroto y Teresa Ribera.
Siete causas judiciales, un calendario cargado de juicios y un Gobierno que ha optado por convertir a los jueces en el blanco de su ofensiva política. Mientras la izquierda dispara contra el Poder Judicial, los tribunales continúan estrechando el cerco sobre una legislatura cada vez más cuestionada.
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