
El Tribunal de Cuentas traslada a la Fiscalía indicios de irregularidad en contratos millonarios de Adif financiados con fondos europeos
Impacto España Noticias
El Tribunal de Cuentas ha puesto bajo el foco a Adif y Adif-Alta Velocidad tras detectar graves irregularidades en varios procedimientos de contratación pública que, en algunos casos, habrían alterado de forma decisiva la adjudicación de contratos millonarios vinculados al Plan de Recuperación europeo. El organismo fiscalizador ha decidido trasladar a la Fiscalía Anticorrupción los resultados de su investigación, al apreciar indicios que podrían ser constitutivos de infracción penal.
La fiscalización se ha centrado en seis expedientes de contratación adjudicados entre los años 2019 y 2022, cuatro de ellos directamente relacionados con fondos europeos. El análisis parte de denuncias internas registradas entre julio y septiembre de 2022 en los canales éticos de Ineco y del propio Adif, que alertaban sobre posibles manipulaciones en las valoraciones técnicas de las ofertas presentadas por las empresas licitadoras.
Cambios en las puntuaciones sin justificación técnica
Según el informe aprobado por el Tribunal de Cuentas, las valoraciones técnicas adolecían de una preocupante falta de transparencia y motivación, vulnerando de manera directa varios preceptos de la Ley de Contratos del Sector Público. En cuatro de los seis expedientes analizados, las alteraciones detectadas en las puntuaciones técnicas modificaron el orden final de los adjudicatarios.


Uno de los casos más relevantes corresponde a un contrato adjudicado en 2022 por un importe superior a los 20 millones de euros. En este expediente, el Tribunal ha documentado la existencia de instrucciones escritas dirigidas a modificar las puntuaciones inicialmente otorgadas, sin que dichas órdenes hicieran referencia a criterio técnico alguno. Los técnicos de Ineco realizaron una primera evaluación que posteriormente fue modificada tras recibir indicaciones de responsables de Adif.
El órgano fiscalizador subraya que estas modificaciones no respondieron a discrepancias técnicas razonadas, sino que presentan indicios claros de arbitrariedad. En un expediente concreto, todas las puntuaciones fueron alteradas excepto la de la empresa que había quedado en primer lugar en la valoración inicial. Las demás ofertas vieron incrementada su puntuación en cantidades precisas —2, 2,25 y 1,28 puntos—, una maniobra que estrechó artificialmente las diferencias y alteró la clasificación final.
Técnicos sin cobertura contractual
El informe también pone el acento en la irregular participación de técnicos de Ineco en los procedimientos de licitación. El Tribunal concluye que dicha intervención carecía de cobertura contractual, ya que el encargo formalizado con Ineco se limitaba a la asistencia técnica y a la dirección facultativa de la ejecución de las obras, sin incluir la participación en la valoración de ofertas ni en la selección de adjudicatarios.
Esta circunstancia agrava las conclusiones del informe, al evidenciar que parte de las decisiones clave en los procesos de contratación se adoptaron fuera del marco jurídico previsto.
Concentración de contratos en una misma empresa
Otro de los aspectos destacados por el Tribunal de Cuentas es la concentración de adjudicaciones en una misma empresa durante un periodo concreto. Entre junio de 2018 y julio de 2021, una sociedad obtuvo siete contratos por un valor acumulado de 77,66 millones de euros. Esta cifra contrasta notablemente con los 43,83 millones correspondientes a otros cuatro contratos adjudicados a la misma empresa fuera de ese intervalo temporal.
Dos de esos contratos, por un importe conjunto de 71,5 millones de euros, estaban incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Uno de ellos fue adjudicado en mayo de 2021 a la UTE Torrescámara–San José–OPR por 65,5 millones de euros, mientras que otro, correspondiente a la UTE Monforte 379, alcanzó los 6 millones. Ambos expedientes presentan las mismas deficiencias detectadas en los casos objeto de denuncia.
Informes periciales cuestionados
Tras conocerse las denuncias, Adif encargó a Ineco la elaboración de un informe pericial externo sobre uno de los expedientes señalados. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas considera que este documento carece del rigor exigible, al prescindir por completo de la motivación de las nuevas puntuaciones asignadas y haberse elaborado conociendo previamente los resultados de la valoración económica, lo que compromete su objetividad.
Pliegos opacos y discrecionalidad excesiva
La fiscalización se amplió a otros 15 expedientes seleccionados de forma aleatoria. El resultado fue igualmente preocupante. El Tribunal concluye que el modelo de pliegos utilizado por Adif y Adif-Alta Velocidad infringe la normativa de contratación pública al no garantizar la transparencia ni la igualdad de trato entre los licitadores.
En algunos casos, hasta el 57% de la puntuación total se concentraba en un único criterio genérico, denominado “Memoria y programa de trabajo”, sin desglose ni ponderación clara de subcriterios. Esta estructura, según el organismo fiscalizador, impide establecer límites efectivos a la discrecionalidad del órgano de contratación y favorece situaciones de arbitrariedad.
El informe es contundente al señalar que esta falta de concreción hace imposible descartar que los hechos denunciados se hayan producido también en otros expedientes no investigados en profundidad.
Deficiencias en la gestión del Plan de Recuperación
De los 210 expedientes vinculados al Plan de Recuperación analizados por el Tribunal, que representan el 67% del total declarado, en el 74% de los casos los pliegos no estaban adaptados a las exigencias específicas del programa europeo. En conjunto, Adif y Adif-Alta Velocidad han ejecutado actuaciones por valor de 5.974 millones de euros con cargo a fondos comunitarios.
Además, el Tribunal detecta un control interno muy deficiente sobre los 328 trabajadores procedentes de Ineco y Tragsatec destinados a la gestión del Plan. Las entidades tardaron meses en identificar formalmente a este personal, un requisito básico para prevenir conflictos de interés y garantizar una gestión transparente.
Investigaciones internas bajo sospecha
El informe también cuestiona duramente las investigaciones internas llevadas a cabo por Adif tras las denuncias. El Tribunal considera que dichas actuaciones carecieron del rigor exigible, especialmente a la vista de la gravedad de los hechos. Pese a que el Área de Cumplimiento Normativo recomendó en enero de 2023 formalizar los procesos de valoración técnica y documentar cualquier instrucción de modificación, las prácticas irregulares se habrían mantenido.
Adif y Adif-Alta Velocidad han presentado alegaciones extensas, rechazando las conclusiones del Tribunal y defendiendo que no existen infracciones formales en las valoraciones. Argumentan que su proceder ha sido validado en el pasado por organismos externos y denuncian una supuesta inseguridad jurídica derivada del cambio de criterio del órgano fiscalizador.
La Fiscalía toma el relevo
Con la remisión del informe a la Fiscalía Anticorrupción, el caso entra ahora en una nueva fase. El Ministerio Público dispone de toda la documentación, análisis y pruebas recabadas para determinar si las prácticas detectadas pueden constituir delito.
Mientras tanto, las entidades responsables de la gestión de infraestructuras ferroviarias continúan administrando miles de millones de euros en fondos europeos bajo procedimientos que, según el Tribunal de Cuentas, no garantizan la imparcialidad ni la transparencia exigidas. Una situación que plantea serias dudas sobre el control de los recursos públicos y la correcta aplicación de las normas en uno de los mayores programas de inversión de la historia reciente.
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