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El Gobierno ha renunciado por tercer año consecutivo a presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero esta ausencia no ha frenado su capacidad para aprobar nuevas partidas de gasto.
Ante la falta de apoyos parlamentarios para sacar adelante unas nuevas cuentas, el Ejecutivo ha optado por utilizar de forma intensiva los acuerdos del Consejo de Ministros como vía para planificar y comprometer gasto público de cara a 2026.
A lo largo de los Consejos de Ministros celebrados este año, el Gobierno ha aprobado más de 19.000 millones de euros en distintos compromisos de gasto con ejecución prevista, total o parcial, en 2026. Esta cifra supera el 10% del techo de gasto autorizado para el próximo ejercicio y supone que una parte relevante del margen presupuestario ya está comprometida sin haber pasado por el Congreso de los Diputados.
Estos importes no incluyen gastos recurrentes como pensiones, salarios públicos o transferencias a otras administraciones, ni medidas con rango de ley que requieren votación parlamentaria. Se trata de acuerdos administrativos que, en la práctica, esquivan el control directo del poder legislativo.
Aunque la Ley General Presupuestaria impone límites al uso de remanentes o a la modificación de partidas, el Ejecutivo está aprovechando una excepcionalidad introducida en los presupuestos de 2023, diseñada inicialmente para facilitar la gestión de los fondos europeos.
Esta cláusula permite modificar créditos entre secciones presupuestarias —trasladar gasto entre ministerios— mediante simples acuerdos del Consejo de Ministros. Un análisis detallado de las referencias oficiales revela que el Gobierno ha autorizado más de 19.300 millones de euros en cambios presupuestarios con impacto en 2026, bien de forma directa o prorrateada en programas plurianuales.
Estos datos respaldan las advertencias de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ha señalado que la prórroga presupuestaria no impide aumentar el gasto, incluso superando la regla fiscal europea.
Sin embargo, esta cifra solo refleja una parte del problema. Existen al menos 110 acuerdos de gasto con posible ejecución en 2026 en los que no se especifica ni la cuantía ni el calendario. La opacidad de estas referencias dificulta cualquier seguimiento riguroso de la política fiscal. Como ha reiterado la AIReF, la falta de presupuestos no limita la acción del Gobierno, pero sí reduce de forma significativa la transparencia y la rendición de cuentas ante el Parlamento y la sociedad.
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