Impacto España Noticias
El comercio español encara 2026 tras un ejercicio que confirmó una tendencia que lleva ya varios años consolidándose: la producción normativa sigue aumentando y la carga regulatoria es cada vez más difícil de gestionar para el tejido productivo. Las empresas han visto cómo, lejos de avanzar hacia un marco simplificado y previsible, los distintos niveles de la administración han incrementado la emisión de leyes, reglamentos y decretos que afectan de manera directa a su actividad diaria.
Durante 2025 se aprobaron o modificaron 1.411 textos legales, una cifra nunca antes alcanzada y que supera con claridad las 1.253 normas de 2024. Si se compara con la etapa prepandemia, el contraste es aún mayor: en 2019 el total era de 476 normas, lo que implica un aumento del 196% en apenas seis años. Traducido a la operativa de una empresa, esto supone que un comercio tuvo que asimilar 3,8 normas nuevas al día, muchas de ellas con impacto práctico inmediato.
Este fenómeno no ha pasado desapercibido para las organizaciones del sector. La patronal de supermercados Asedas, que representa a cadenas como Mercadona, Ahorramás o Lidl, lleva años alertando de una deriva regulatoria que, a su juicio, está generando un contexto administrativo cada vez más complejo. Su director de Asuntos Legislativos, Alberto Peironcely, lo resume de forma contundente: «Con seis años consecutivos de incremento de la carga normativa, seguimos muy lejos de las cifras prepandemia. Las intenciones declaradas de simplificar la legislación todavía no se han traducido en la realidad».
El motor regulatorio europeo no se frena
El impulso regulador no solo proviene del ámbito español. Las instituciones europeas también han tenido un papel destacado. En 2025, la Comisión Europea volvió a situarse entre los principales emisores normativos con un total de 453 textos, ligeramente por encima de los 444 del año anterior. La actividad europea se concentra en áreas estratégicas como el mercado interior, la economía verde, los derechos sociales, la digitalización y la seguridad alimentaria.
Si el plano europeo marca una pauta de alcance transversal, en España la producción normativa se reparte entre varios niveles. En conjunto, las administraciones españolas —Estado, comunidades autónomas y principales ayuntamientos— acumularon 958 normas en 2025, lo que evidencia que la hiperregulación es un fenómeno extendido y no exclusivamente europeo.
De manera destacada, las comunidades autónomas lideraron la generación normativa dentro del país con 547 normas, reforzando su papel clave en materias como medio ambiente, industria, comercio, urbanismo y consumo. La Administración General del Estado registró 326 normas, mientras que las administraciones locales aportaron 85, veinte más que el ejercicio anterior.
El medio ambiente concentra el mayor volumen de regulación
Entre los ámbitos con mayor actividad legislativa destaca el medio ambiente, que registró 481 normas en 2025, aproximadamente un tercio del total. De estas, 275 provinieron de las comunidades autónomas y 113 de la Comisión Europea. Buena parte de estas normas se vinculan a la estrategia comunitaria de transición ecológica, que impacta en áreas como eficiencia energética, gestión de residuos, diseño ecológico o reducción de envases.
En este terreno, uno de los textos más relevantes del año ha sido el Reglamento Europeo de Envases, que introduce nuevas exigencias en materia de reciclabilidad, trazabilidad y uso de materiales. La industria ha mostrado preocupación ante el coste de adaptación, especialmente en sectores como alimentación y distribución. Algunas asociaciones industriales han advertido de los riesgos derivados de una eliminación precipitada de embalajes plásticos que hoy cumplen funciones sanitarias y logísticas esenciales.
Seguridad alimentaria: la UE lidera la supervisión
En paralelo, el bloque de seguridad alimentaria ha seguido creciendo. La UE aprobó 190 normas destinadas a reforzar estándares en transporte, almacenamiento, inspecciones, etiquetado y bienestar animal. Sumando los distintos niveles administrativos, el total ascendió a 282 normas. Este marco es valorado por su contribución a la protección del consumidor, aunque las empresas señalan problemas de duplicidad y solapamiento competencial, especialmente entre autoridades autonómicas y estatales.
Digitalización, IA y administración empresarial
Otro ámbito especialmente dinámico ha sido el de la administración empresarial, que acumuló 287 normas en 2025. Este apartado abarca licencias urbanísticas, trámites digitales, certificaciones y obligaciones de reporte. Dentro de él sobresale el avance regulatorio sobre inteligencia artificial, un campo en el que se sumaron 77 normas adicionales respecto a 2024, en buena parte impulsadas por el proyecto normativo europeo de IA basado en categorías de riesgo.
Impacto laboral y preocupación para 2026
El apartado laboral también registró actividad destacada con 138 normas, centradas en seguridad y salud laboral, gestión de recursos humanos y obligaciones de control. La inquietud del sector se orienta especialmente hacia 2026, cuando podrían activarse nuevas medidas que afectan directamente a la organización de plantillas, como:
el control del fichaje sincronizado con la inspección,
la posible subida del salario mínimo interprofesional,
nuevos permisos retribuidos vinculados a cuidados familiares,
cambios en los permisos por defunción y atención a menores.
Todas ellas se encuentran en distintos estadios de tramitación y, según las empresas, generan incertidumbre en un momento en el que se requieren marcos estables para tomar decisiones de contratación e inversión.
Una asignatura pendiente: la estabilidad regulatoria
El debate ya no se centra en si es necesario regular, sino en cómo se regula, a qué ritmo y con qué coordinación institucional. La creciente fragmentación normativa, unida a la falta de previsibilidad, está generando costes adicionales para compañías que operan en múltiples territorios y dependen de cadenas logísticas complejas.
Organizaciones empresariales como Asedas insisten en que la simplificación administrativa, la armonización entre niveles y la anticipación regulatoria son condiciones indispensables para que el sector pueda planificar con seguridad y garantizar inversiones que dependen de horizontes claros y estables.
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