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La causa por el presunto enchufe de David Sánchez en la Diputación de Badajoz entra en su fase decisiva con dos movimientos que complican su horizonte procesal. Por un lado, la Audiencia Provincial de Badajoz ha autorizado que las acusaciones populares litiguen por separado en el juicio oral que arranca a finales de mayo.
Por otro, el expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, ha renunciado a su acta de diputado autonómico, lo que implica la pérdida de su aforamiento y consolida la competencia del tribunal provincial.
La decisión de la Audiencia revoca el criterio que había impuesto la instructora, la magistrada Beatriz Biedma, quien en julio de 2024 unificó a las acusaciones para evitar dilaciones indebidas. Ahora, a las puertas del plenario, los magistrados sostienen que ese objetivo ya no prevalece. En su auto, la Sección Primera subraya que «la necesidad de garantizar el buen orden del proceso y de evitar dilaciones indebidas ya no constituye un interés de primer orden». Y añade que la actuación conjunta bajo una sola dirección letrada «constituye una excepción a la regla general».
El fallo da la razón a los recursos presentados por el Partido Popular y Iustitia Europa, y permite actuar de forma independiente a las siete acusaciones populares personadas: Manos Limpias, VOX, Hazte Oír, Abogados Cristianos y Asociación Liberum, entre otras. Cada una tendrá voz propia en la vista oral, aunque deberá ceñirse al escrito conjunto presentado durante la instrucción bajo la dirección letrada de Manos Limpias.
Las defensas habían advertido de que la separación de acusaciones podría retrasar el procedimiento y contrariar la celeridad judicial. La Audiencia rechaza ese argumento y entiende que, con la instrucción concluida, la desunificación no vulnera los derechos de los acusados. El auto invoca el artículo 24 de la Constitución para amparar que en el plenario se mantengan «diversos enfoques, puntos de vista y estrategias procesales.».
David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo se sentarán en el banquillo por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, además de nombramiento ilegal. El foco del procedimiento se sitúa en la plaza de coordinador de conservatorios creada en 2017 por la Diputación de Badajoz, que la instructora y las acusaciones consideran diseñada «a medida» para el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El papel de las acusaciones resulta determinante, ya que ni la Fiscalía ni la Abogacía General del Estado ejercen acusación. En su escrito conjunto, las populares solicitaron tres años de prisión para David Sánchez.
Manos Limpias celebró la resolución y defendió que la desunificación permitirá definir estrategias propias sin consensos forzados. El sindicato confía en que el proceso mantenga «la elegancia y eficacia» que, a su juicio, ha marcado la instrucción liderada por su letrado.
El segundo golpe para la defensa llega desde el ámbito político. La renuncia de Gallardo a su escaño autonómico elimina el aforamiento que habría trasladado la causa al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. El propio TSJ ya había frenado en el pasado un intento de desvío del procedimiento, al apreciar «fraude de ley» tras un aforamiento que consideró exprés y posterior a la apertura de juicio oral.
Sin ese blindaje, el proceso se queda en la Audiencia Provincial de Badajoz y avanza hacia un juicio con más voces acusadoras y sin atajos jurisdiccionales. A pocas semanas del inicio de la vista oral, el escenario judicial se estrecha para el hermano del presidente.
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