Impacto España Noticias
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya analiza el material incautado en la veintena de registros practicados en diciembre de 2025 dentro de la operación que culminó con la detención de la presunta «fontanera» del PSOE, Leire Díez, del expresidente de la SEPI Vicente Fernández y del empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar, según fuentes jurídicas consultadas.
El volumen de documentación y dispositivos informáticos requisados es, según estas fuentes, “muy relevante”, hasta el punto de que de su análisis podrían derivarse nuevas diligencias. Por este motivo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, acordó en la primera quincena de enero prorrogar el secreto de las actuaciones por un mes, hasta febrero.
Paralelamente, la Audiencia Nacional autorizó el desprecinto de todo el material intervenido, permitiendo a los agentes del Instituto Armado iniciar ya su estudio pormenorizado.
Esta causa es la segunda en la que se ve inmersa Díez, que también está investigada en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por unas reuniones con investigados y fiscales en las que, presuntamente, ofrecía tratos de favor a cambio de información sensible.
Las pesquisas de la Audiencia Nacional se centran en hasta cinco operaciones de un supuesto grupo criminal que habría cobrado comisiones ilegales a cambio de favorecer a empresas en la concesión de contratos o rescates públicos. Entre las primeras medidas adoptadas figuró el embargo de varias cuentas bancarias vinculadas a los tres investigados, si bien algunas de ellas ya han sido desbloqueadas, como la que figura a nombre de la madre de Díez, en la que la exmilitante socialista constaba como autorizada.
Según una diligencia judicial, el grupo se autodenominaba «Hirurok» y habría amañado contratos por valor conjunto de 132,9 millones de euros. Entre ellos destaca el rescate de Tubos Reunidos, que recibió 112,8 millones del Fondo de Solvencia gestionado por la SEPI en junio de 2021 tras cerrar el ejercicio anterior con pérdidas superiores a los cien millones.
También se investigan una adjudicación de Mercasa a Servinabar, un contrato de Enusa a Residuos de Melilla, una concesión del Parque Empresarial del Principado de Asturias a la empresa Erri Berri —que habría dejado una comisión ilegal de 400.000 euros— y una ayuda de 17,32 millones a Forestalia Arapallet, por la que los investigados se habrían embolsado 200.000 euros.
La UCO sostiene que buena parte de estos fondos se canalizó hacia inversiones inmobiliarias en Marbella y Jaca, consideradas actualmente como patrimonio común de los tres investigados.
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