El caso de Adamuz se enmarca en una causa más amplia en la que Pardo de Vera está imputada por presuntos amaños en la adjudicación de contratos de obra pública a cambio de comisiones
Noticias26 de enero de 2026
Impacto España Noticias
El nombre de Isabel Pardo de Vera ha quedado ligado, por distintos motivos, a dos de los episodios más trágicos del ferrocarril español en las últimas décadas. Aunque separados por más de diez años y con responsabilidades de naturaleza muy distinta, los accidentes de Angrois, en Santiago de Compostela, y de Adamuz, en la provincia de Córdoba, han situado su trayectoria profesional en el centro del debate público y judicial.
A ello se suma su imputación en una causa por presunta corrupción relacionada con la adjudicación de obras públicas durante su etapa al frente de ADIF.
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, Pardo de Vera desarrolló buena parte de su carrera en el ámbito de la infraestructura ferroviaria, primero como técnica y directora de obra y, más tarde, como máxima responsable del administrador ferroviario. Ese recorrido profesional explica por qué su figura aparece vinculada tanto a decisiones estrictamente técnicas como a procesos administrativos y políticos de alto nivel.
Angrois: una responsabilidad técnica sin consecuencias penales
El 24 de julio de 2013, un tren Alvia descarriló a la entrada de Santiago de Compostela, en la curva de Angrois. El accidente provocó la muerte de 79 personas y dejó cerca de 150 heridos, convirtiéndose en la mayor tragedia ferroviaria de la España democrática.
En aquel momento, Isabel Pardo de Vera trabajaba como ingeniera en ADIF y había sido directora de obra en varios subtramos de la línea de alta velocidad en Galicia, entre ellos el que incluía los accesos a la estación compostelana. Su papel se limitó a la ejecución y supervisión de la obra civil en una fase anterior a la puesta en servicio de la línea.
La investigación judicial del siniestro no apreció responsabilidades penales en la dirección de obra. El foco se situó en las decisiones adoptadas tras la finalización de la infraestructura, especialmente en la ausencia o desactivación de sistemas de seguridad que habrían evitado que el tren superase ampliamente la velocidad permitida en un punto crítico del trazado. Desde el punto de vista legal, el caso de Angrois no tuvo repercusiones directas para Pardo de Vera, aunque el vínculo profesional con el tramo dejó una huella duradera en su carrera.
De la ingeniería a la presidencia de ADIF
Años después, su perfil profesional dio un salto decisivo. Pardo de Vera asumió la presidencia de ADIF, pasando a ocupar una posición clave en la planificación, licitación y adjudicación de grandes proyectos ferroviarios, incluida la modernización integral de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.
Este nuevo rol implicaba una responsabilidad mucho mayor, ya no solo técnica, sino también administrativa y de control de la contratación pública. Bajo su mandato se adjudicaron numerosos contratos de gran volumen económico, algunos de los cuales se encuentran hoy bajo sospecha judicial.
Adamuz: adjudicación, mantenimiento y querella penal
El accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, en la provincia de Córdoba, ha reabierto el debate sobre la seguridad de la red y el estado de las infraestructuras. El tramo en el que se produjo el siniestro fue adjudicado durante la etapa de Pardo de Vera como presidenta de ADIF a una unión temporal de empresas en la que participaba una compañía posteriormente vinculada a pagos a Koldo García, figura central en una trama de presuntas irregularidades en la contratación pública.
A raíz de este accidente, una formación política, Vox ha presentado una querella contra la expresidenta de ADIF, al considerar que podrían existir responsabilidades penales derivadas de una supuesta falta de diligencia en el mantenimiento y supervisión de la vía. El escrito sostiene que, con independencia de las causas técnicas concretas del descarrilamiento, el deber de cuidado inherente al cargo obliga a analizar las decisiones adoptadas en materia de conservación de la infraestructura, contratación y control de seguridad.
La querella reclama una investigación exhaustiva que abarque desde el estado previo de la red ferroviaria hasta los procedimientos de adjudicación de las obras, las empresas beneficiadas y las personas que intervinieron en la toma de decisiones. El objetivo es determinar si existió negligencia grave o una cadena de responsabilidades que pueda derivar en imputaciones penales.
Presuntas irregularidades en la obra pública
El caso de Adamuz se enmarca en una causa más amplia en la que Pardo de Vera está imputada por presuntos amaños en la adjudicación de contratos de obra pública a cambio de comisiones. Según las investigaciones, durante esa etapa se habrían ofrecido proyectos de alta velocidad a determinadas empresas que, a su vez, realizaban pagos irregulares o mantenían en nómina a intermediarios con capacidad de influencia.
Entre las prácticas bajo sospecha figura la utilización de estos intermediarios para facilitar la obtención de contratos tanto en España como en proyectos internacionales. La instrucción judicial trata de esclarecer hasta qué punto la cúpula de ADIF tuvo conocimiento o participación en estos mecanismos.
El control del impacto mediático de los accidentes
Más allá de las cuestiones técnicas y judiciales, la gestión de la imagen pública tras los accidentes ferroviarios fue otro de los aspectos que marcaron la etapa de Pardo de Vera al frente de ADIF. Tras distintos siniestros, la dirección del organismo analizaba de forma sistemática la cobertura informativa, clasificando las noticias según su tono y estimando su impacto económico en términos de visibilidad negativa.
Estos informes internos reflejan la preocupación institucional por las consecuencias reputacionales de los accidentes, especialmente en un contexto de inversión millonaria en la red de alta velocidad y de necesidad de mantener la confianza de los usuarios en el sistema ferroviario.
Dos accidentes, dos planos distintos
Aunque el nombre de Isabel Pardo de Vera aparece asociado a Angrois y Adamuz, ambos episodios responden a realidades muy diferentes. En el primero, su vinculación fue estrictamente profesional y técnica, sin derivar en responsabilidades penales. En el segundo, su papel como máxima responsable del gestor ferroviario sitúa sus decisiones bajo el escrutinio judicial.
El desenlace de las investigaciones en curso será determinante para establecer si las sombras que hoy planean sobre su gestión se traducen en responsabilidades penales o quedan circunscritas al ámbito político y administrativo. Mientras tanto, su figura se ha convertido en un símbolo de las tensiones entre la expansión de la alta velocidad, la seguridad ferroviaria y la transparencia en la contratación pública.
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El punto 6 de la querella puede ser especialmente relevante conforme avance la investigación, porque recoge el conocimiento previo de la existencia de un riesgo, a través de la propia documentación operativa de ADIF
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