Impacto España Noticias
La carta, fechada el 7 de junio de 1981, estaba firmada por Euskadi Ta Askatasuna (ETA) y dirigida a Nicanor Abascal Parodi, abuelo de Santiago Abascal. En ella se exigían diez millones de pesetas como “contribución económica a la lucha del Pueblo Vasco”. Era el llamado “impuesto revolucionario”: una práctica sistemática de extorsión bajo amenaza de asesinato.
No fue un caso aislado. Durante décadas, centenares de empresarios, profesionales y familias vascas recibieron comunicaciones similares. ETA financió parte de su estructura mediante la coacción directa, acompañada de atentados, secuestros y asesinatos.
El contexto de 1981: democracia bajo amenaza
En 1981 España aún consolidaba su sistema democrático tras la Transición. ETA se encontraba en uno de sus periodos más violentos. El terrorismo no era un fenómeno marginal: marcaba la vida pública en el País Vasco y Navarra.
La organización asesinó a más de 850 personas. Entre las víctimas hubo concejales, jueces, policías, militares y civiles. El clima de intimidación afectó a generaciones enteras. Muchos cargos públicos vivían con escolta. Otros optaron por abandonar la vida política.
En ese entorno creció políticamente Santiago Abascal.
Santiago Abascal: militancia bajo amenaza
Antes de fundar Vox, Santiago Abascal fue concejal en Llodio y parlamentario vasco por el Partido Popular. Durante años necesitó protección policial. Ha relatado amenazas contra él y su familia y ha vinculado su trayectoria política a la resistencia frente al terrorismo.
Esa experiencia ha sido un elemento central de su discurso: la denuncia de cualquier forma de legitimación política del entorno que, a su juicio, no rompió de manera suficiente con el pasado de ETA.
De ETA a EH Bildu
Tras el cese definitivo de la violencia en 2011 y la disolución formal de ETA en 2018, el espacio político de la izquierda abertzale pasó a estar representado institucionalmente por EH Bildu.
EH Bildu sostiene que su proyecto es exclusivamente político y democrático. No ha condenado la violencia y participa en todas las instituciones. Sin embargo, la polémica persiste por la presencia en sus listas de antiguos miembros del entorno abertzale y con sentencias por asesinatos, que en su día no condenaron explícitamente los atentados o que tuvieron vínculos con organizaciones ilegalizadas.
Este es el punto de fricción constante con Vox y con parte del Partido Popular.
Pedro Sánchez y la aritmética parlamentaria
El presidente Pedro Sánchez ha gobernado en minoría y ha necesitado apoyos parlamentarios diversos para sacar adelante investiduras, presupuestos y reformas clave. En varias votaciones, el Ejecutivo ha contado con el respaldo de EH Bildu.
Desde el Gobierno se defiende que:
EH Bildu es una fuerza legal.
Sus votos forman parte de la normalidad parlamentaria.
La integración política es parte del cierre democrático del ciclo del terrorismo.
Desde Vox, Santiago Abascal ha acusado a Pedro Sánchez de apoyarse en “los herederos de ETA” para mantenerse en el poder. El término es político, no jurídico, pero ha marcado buena parte del debate público.
El choque discursivo: “El peligro es Vox”
Pedro Sánchez ha advertido en distintas ocasiones sobre lo que considera el avance de la extrema derecha en Europa y en España, señalando a Vox como una amenaza para consensos democráticos consolidados, pero los etarras ahora son democráticos.
Para el presidente, el riesgo reside en discursos que cuestionan políticas de igualdad, descentralización territorial o derechos civiles.
Para Abascal, en cambio, el verdadero peligro es la normalización institucional del entorno político que considera vinculado históricamente al terrorismo.
Se trata de dos marcos interpretativos incompatibles:
Sánchez prioriza la legitimidad institucional actual.
Abascal subraya la memoria moral y el pasado no resuelto.
Memoria y legitimidad
La cuestión de fondo no es solo parlamentaria. Es ética y simbólica. ¿Basta la legalidad formal para cerrar una etapa histórica? ¿O se requiere una ruptura moral más explícita y profunda?
Las víctimas del terrorismo siguen siendo un actor central en este debate. Asociaciones como la AVT han reclamado en distintas ocasiones mayor claridad en el reconocimiento del daño causado y mayor sensibilidad institucional.
La carta de 1981 no es únicamente un documento histórico. Es el reflejo de una época en la que disentir podía costar la vida. Para quienes vivieron bajo amenaza, el recuerdo no es abstracto.
La España de 2026 ya no vive bajo el terror de ETA. Pero el debate sobre su legado político sigue abierto. Y en él se cruzan nombres propios: Pedro Sánchez y Santiago Abascal representan dos lecturas radicalmente distintas de cómo debe interpretarse el pasado y gestionarse el presente.
La carta que no es pasado
El resumen del documento de 1981 es simple:
Exigencia económica.
Plazo cerrado.
Amenaza de ejecución.
Firma de ETA.
No es un panfleto. Es una prueba de coerción real. Es la demostración de que durante años hubo españoles que pagaban por sobrevivir o vivían con la certeza de que podían ser asesinados por discrepar.
El terrorismo fue derrotado policial y judicialmente. Pero su legado político sigue siendo objeto de disputa.
La responsabilidad de la memoria
La España actual no vive bajo la amenaza de ETA. Pero sí vive bajo el debate sobre cómo integrar políticamente su herencia.
El Gobierno sostiene que la democracia se fortalece incluyendo a todos los actores legales. La oposición de Vox sostiene que no todo lo legal es moralmente equivalente.
La carta de 1981 no vota en el Congreso. Pero recuerda algo esencial: hubo un tiempo en que la política se imponía con una pistola y una fecha límite.
Y cuando hoy se afirma que el peligro es Vox, conviene no olvidar quién enviaba cartas anunciando ejecuciones y quién estaba en el sobre como destinatario.
La política española continúa discutiendo no solo sobre el poder, sino sobre la memoria. Y en esa disputa, cada palabra pesa.
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