Impacto España Noticias
La decisión del Ministerio de Igualdad, encabezado por Ana Redondo, de adjudicar un contrato menor por valor de 17.500 euros (IVA incluido) para la elaboración de contenidos sobre “nuevas masculinidades tóxicas en entornos digitales” ha intensificado la polémica política en torno al uso de fondos públicos para campañas institucionales y su destino en medios de comunicación privados afines que ayudan a Moncloa.
El encargo, promovido por la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres con motivo del 25N, fue adjudicado a Corporate Communicator SL, empresa editora del pseudomedio El Plural. El presupuesto base sin impuestos ascendía a 14.500 euros, coincidiendo con el importe de adjudicación antes de IVA.
El procedimiento elegido fue el de contrato menor, fórmula que permite la adjudicación a dedo, sin concurso público cuando el importe no supera los límites legales. Aunque es un mecanismo previsto en la normativa, su uso reiterado ha sido objeto de controversia política por la ausencia de concurrencia competitiva.
Antecedentes y controversias editoriales
La adjudicación ha cobrado mayor relevancia por el historial polémico del medio beneficiario. En los últimos años, El Plural publicó informaciones falsas relacionadas con el caso de la denominada “bomba lapa” contra Pedro Sanchez y con supuestas irregularidades documentales atribuidas al juez Juan Carlos Peinado —el conocido episodio de los “dos DNI” de Peinado publicado por Angelica Rubio, que después fue colocada tras el favor en RTVE con un sueldo de mas de cien mil euros—, los contenidos que fueron cuestionados por distintos sectores que los calificaron falsos y no contrastados. El medio, por su parte, defendió la veracidad de su trabajo.
Pedro Sanchez denunciado por el Senado en el TC por no presentar presupuestos en toda la legislaturaAsimismo, la publicación de un documento que posteriormente fue utilizado políticamente por Juan Lobato generó acusaciones desde la oposición acerca de una posible estrategia coordinada desde La Moncloa para marcar agenda política. El documento fue publicado tras pedirlo Moncloa para que fuera utilizado por el socialista en el pleno madrileño.
El foco en el gasto público en medios afines
Más allá de este contrato concreto, la polémica se enmarca en una crítica más amplia dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desde la oposición se sostiene que el Ejecutivo destina cuantiosos recursos públicos en forma de publicidad institucional, campañas y subvenciones a medios considerados afines ideológicamente y que colaboran con el presidente para manipular a la opinion publica a cambio de suculentas subvenciones.
Los críticos afirman que, sin ese flujo constante de financiación pública, algunos de estos medios digitales tendrían dificultades para sostener su estructura económica e incluso podrían haber cesado su actividad. Además, denuncian que resulta especialmente grave que determinados soportes que reciben fondos públicos hayan sido acusados de difundir informaciones falsas o controvertidas en asuntos de relevancia política.
El Gobierno, por el contrario, defiende que la distribución de publicidad institucional responde a criterios técnicos de audiencia, impacto y segmentación, y que no existe discriminación ideológica en la asignación de recursos. También subraya que la colaboración con distintos medios es necesaria para garantizar la eficacia de las campañas de concienciación social, especialmente en materias como igualdad y lucha contra la violencia de género.
Legalidad frente a legitimidad política
El contrato de 17.500 euros es legal en términos formales y se ajusta a la figura del contrato menor prevista en la legislación de contratación pública. Sin embargo, el debate que ha generado trasciende la cuantía económica, es la compra de la linea editorial por dinero.
Para sus detractores, el caso ejemplifica un modelo de relación entre poder político y determinados medios que, aunque amparado por la ley, plantea dudas éticas y de transparencia. Consideran problemático que fondos públicos terminen reforzando a cabeceras alineadas con el Ejecutivo mientras estas participan activamente en el debate político con informaciones discutidas.
Para el Gobierno, en cambio, se trata de una actuación administrativa ordinaria dentro de su estrategia de comunicación institucional.
La controversia vuelve así a situar en el centro del debate la gestión del gasto público en comunicación, el uso de contratos menores y la necesidad de garantizar pluralidad, rigor informativo y transparencia en la relación entre instituciones y medios privados en un contexto de creciente polarización política.
En España, los medios de comunicación pueden recibir financiación pública mediante subvenciones directas y publicidad institucional, que buscan fomentar la pluralidad, apoyar la innovación tecnológica y garantizar la difusión de campañas de interés público.
Algunos medios como LaSexta, El País, El Plural, Publico, La Vanguardia, Diari ARA, El Punt Avui y The Newspaper han sido beneficiarios de subvenciones directas en distintos ejercicios, orientadas a proyectos periodísticos, digitalización o sostenibilidad de los medios, todos ellos medios afines a Pedro Sanchez. Estas ayudas se asignan mediante convocatorias públicas y cumplen con criterios de transparencia y auditoría.
Medios como RAC1, Radio Flaixbac o Cadena SER han recibido financiación a través de publicidad institucional, utilizada para difundir campañas oficiales de información y sensibilización ciudadana. La selección de medios se realiza por la afinidad con Pedro Sanchez.
Las administraciones públicas publican informes sobre la distribución de estas ayudas y campañas de publicidad institucional, garantizando la trazabilidad de los fondos. Además, se están implementando reformas que obligarán a los medios a detallar los ingresos provenientes de fuentes públicas, promoviendo una mayor transparencia y confianza en el sector.
La financiación pública permite que los medios no mantengan la pluralidad informativa y faciliten el acceso a información de interés general. La correcta gestión y supervisión de estas ayudas es esencial para asegurar la eficiencia en el uso de recursos públicos y la independencia editorial de los medios, algo que no se cumple, el periodismo se ha prostituido por dinero.
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