El programa de rearme de Marruecos sitúa a España en una posición de vulnerabilidad inaceptable que amenaza directamente nuestra integridad territorial. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez maquilla las cifras para alcanzar un 2% del PIB en Defensa puramente estadístico, Rabat invierte el 4,2% de su riqueza en una maquinaria de guerra de última generación.
Esta asimetría tecnológica y demográfica deja a las guarniciones de Ceuta y Melilla en una situación crítica, rodeadas por una potencia que ya opera más de 230 drones armados. La defensa de la unidad de España exige una respuesta inmediata ante un vecino que moderniza sus tropas mientras nosotros vaciamos nuestros cuarteles.
Marruecos no solo compra armamento; construye una capacidad de ataque autónoma en suelo africano. El país vecino inauguró recientemente una fábrica de drones israelíes en Benslimane, la primera de este tipo en la región, con el objetivo de producir 1.000 unidades al año.
Actualmente, Marruecos domina los cielos con modelos Bayraktar TB2 turcos y municiones merodeadoras SpyX que alcanzan los 250 km/h. Por el contrario, España carece de un solo dron armado operativo, limitando sus potentes MQ-9 Reaper exclusivamente a tareas de vigilancia.
El arsenal marroquí incluye además 25 cazas F-16 Block 70 Viper y 384 tanques Abrams M1A2, una fuerza acorazada que rivaliza directamente con nuestra capacidad defensiva. Sin embargo, el dato más alarmante reside en la artillería de largo alcance.
Marruecos dispone de lanzadores HIMARS con misiles ATACMS capaces de batir objetivos a 300 kilómetros de distancia. Esta capacidad de ataque profundo contrasta con la parálisis inversora de un Ejecutivo español que parece ignorar que el enemigo potencial se encuentra, literalmente, a las puertas de casa.
La situación en nuestras ciudades autónomas roza la negligencia estratégica. Aunque albergan unidades de élite como la Legión y los Regulares, su cobertura antiaérea apenas supera los ocho kilómetros con sistemas Mistral y cañones Oerlikon. España no despliega sistemas de medio alcance de forma permanente para «no escalar tensiones», una decisión que deja a 6.000 soldados españoles vendidos ante los cohetes guiados y drones marroquíes.
Cualquier analista militar serio sabe que Melilla solo se defiende proyectando fuerzas más allá de su perímetro. No obstante, España solo cuenta con el buque Juan Carlos I y los navíos Castilla y Galicia para realizar operaciones anfibias. Movilizar blindaje pesado requeriría el uso de buques civiles, un proceso que sumaría días vitales de retraso mientras nuestras guarniciones resisten en solitario un ataque inicial.
Más allá de los misiles, el problema más grave que afronta nuestra soberanía es la falta de hombres dispuestos a servir a la nación. Las Fuerzas Armadas españolas arrastran un déficit de 23.000 soldados respecto al marco legal previsto.
Solo en 2025, perdimos 832 militares más de los que incorporamos. La ratio de aspirantes por plaza se desplomó de forma dramática: de los 27,9 aspirantes por vacante en 2013 hemos pasado a apenas 4,2 en la actualidad.
Esta crisis responde a causas estructurales que el sistema ignora sistemáticamente. Los salarios insuficientes para vivir en ciudades con guarnición y la expulsión forzosa de la tropa a los 44 años convierten la carrera militar en un trampolín precario hacia la vida civil.
Mientras España presenta una ratio de 2,4 militares por cada mil habitantes, Marruecos reinstauró el servicio militar obligatorio en 2019 y cuenta con 200.000 efectivos activos y 150.000 reservistas, superando ampliamente nuestros 117.000 soldados.
«España mantiene a los soldados de Ceuta y Melilla bajo una burbuja defensiva de apenas ocho kilómetros mientras Marruecos apunta con misiles que alcanzan los trescientos.»
La defensa de España empieza por garantizar un territorio seguro. Un Estado que descuida su seguridad exterior y permite que una potencia extranjera con objetivos anexionistas duplique su capacidad operativa en las fronteras de Ceuta y Melilla está traicionando su primer deber. La unidad de España no se defiende con retórica diplomática, sino con una inversión real en disuasión y un apoyo incondicional a quienes visten el uniforme.
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